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Este jueves arrancó un juicio en el cual el Partido Acción Ciudadana (PAC) intenta evitar el pago de ¢164 millones adicionales por una estafa en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al realizar cobros ficticios en la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
Este asunto ya había sido conocido en un anterior debate en el 2016, en el cual la agrupación política fue sentenciada a sufragar ¢352 millones por presentar a cobro 179 facturas referentes a contratos por servicios especiales que resultaron falsos. Esa resolución quedó en firme.
En ese primer juicio los jueces no entraron a analizar otros 84 contratos, al alegar que no se presentaron los testigos que verificaran si esos convenios hacían alusión a prestaciones reales que fueron pagadas por el partido o eran servicios gratuitos.
Ese detalle fue impugnado por la Procuraduría General de la República, razón por la cual el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en diciembre del 2017, tomó la determinación de que si los 179 contratos analizados en el primer juicio eran falsos, los restantes 84 también eran fingidos.
En ese momento, los jueces de alzada ordenaron que el PAC tenía que pagar ¢570 millones y no ¢352 millones como se determinó en un principio.
No obstante, el partido acudió ante la Sala de Casación Penal que luego de analizar el asunto, anuló lo resuelto por apelación.
“El Tribunal de Apelación de Sentencia incurre en una falta de fundamentación cuando, luego de reconocer que el tribunal de juicio no tuvo por probada la existencia de una actuación fraudulenta de los implicados, respecto de 84 de los 263 contratos inicialmente acusados, pero sostiene que la falsedad de dichos contratos puede afirmarse y deriva de ellos la existencia de responsabilidad civil, sin acreditar esos hechos adicionales a través de la vía legalmente viable”, señalaron los magistrados.
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Juicio de reenvío
Por todo lo anterior, la disputa regresó al Tribunal de Juicio de San José, que este jueves inició otra vez la discusión.
Aunque inicialmente se tenía previsto recibir a 84 personas para que declararan sobre esos contratos, el tribunal decidió prescindir de la prueba testimonial.
Ante ello, el debate se suspendió y se decidió continuar el miércoles 7 de julio con la etapa de conclusiones. Primero lo hará la Procuraduría General de la República a cargo del procurador Randall Aguirre, y el jueves 8 de julio, la defensa del PAC, que recae en el abogado Erick Gatgens Gómez.
“Siento que ahora va a ser interesante la discusión. Básicamente la única prueba a la que podrá echar mano la Procuraduría es a la prueba documental, que en mi criterio no permite extraer suficientes elementos para afirmar que todos los contratos que se están discutiendo son falsos”, dijo Gatgens.
Antecedentes
Este asunto llegó al área judicial luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encontrará inconsistencias en la liquidación de gastos del partido Acción Ciudadana (PAC) en la campaña electoral del 2010.
Luego de analizar las pruebas, el Ministerio Público acusó al PAC de incluir 263 contratos por servicios especiales “falsos”, dentro de la liquidación de gastos que el TSE le reembolsó, una vez concluido el proceso electoral del 2010.
Por esos hechos se acusó al extesorero del PAC, Maynor Sterling Araya, así como al excolaborador Manuel Antonio Bolaños Murillo de los delitos de estafa mayor.
En un juicio que concluyó el 5 de diciembre del 2016 se condenó a seis años de prisión a Sterling y a tres años de cárcel a Bolaños. A este último le concedieron la ejecución condicional de la pena por un lapso de cinco años. Esas sentencias quedaron firmes en el 2017.
Asimismo, en ese fallo se condenó al partido al pago de los ¢352 millones por los 179 contratos ficticios, más los intereses y las costas procesales.
