Escuchar
Un trabajador bananero acudió el 14 de agosto del 2014 al OIJ de Batán, en Matina, Limón, para poner una denuncia por un robo en su casa.
Sin embargo, luego de entregar su cédula para que tomaran los datos personales, un oficial se llevó el documento de identidad y poco después salió y le dijo: 'está detenido'.
Desde ese día hasta el 12 de setiembre del 2014 permaneció encarcelado en la Unidad de Admisión de Sandoval, en Limón, por presuntamente ser un reo rebelde que se escondió para evadir un proceso penal por tráfico de marihuana, abierto desde 1996.
El peón identificado como Carlos Luis Rojas Rodríguez, de 58 años, estuvo preso de manera ilegal 28 días, según lo verificó la Sala Constitucional el 30 de setiembre del 2014, mediante el voto 2014-015987.
Luego de una pelea judicial que tardó tres años y tres meses, el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, acordó el pasado 9 de enero, indemnizar a este campesino con la suma de ¢2 millones "por el hecho de haber estado privado de libertad por 28 días, de manera errónea".
Rojas es vecino de Luzón en Batán, Matina. Nunca terminó la educación primaria, solo llegó hasta quinto grado en la escuela de Pacurito, en Siquirres. Es casado y padre de tres hijos. Aunque La Nación trató de localizarlo no fue posible pues no aparecen números telefónicos a su nombre.
LEA MÁS: Peón pasó 28 días en prisión por error judicial con cédula
Grosero error
Carlos Luis Rojas en una entrevista que brindó a este periódico en noviembre del 2014, dijo que la decisión de mandarlo a prisión, lo sorprendió, pues "yo nunca he tenido problemas con la justicia".
La detención se ordenó porque en el Expediente Criminal Único (ECU) que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) constaba una orden de captura para Carlos Luis Rojas Rodríguez, en la causa 96-000188-460-PE.
Como era un reo rebelde (es decir había sido indagado pero se dio a la fuga antes de ir a juicio) luego de ser detenido fue puesto a la orden del Tribunal Penal de Juicio de Limón, que en aquel momento, ordenó un mes y medio de prisión preventiva, mientras se realizaba el debate.
“Eso de ponerme las esposas y meterme ahí... Yo les dije: ‘Es que yo no soy ese’, pero me decían: ‘Espere, espere’, y esperé 28 días. Me sentí muy mal con mi familia", contó Rojas en noviembre del 2014.
La defensora pública Laura Solano Acevedo, visitó al preso el 8 de setiembre de aquel año para representarlo en la acusación por narcotráfico. Sin embago, luego de dialogar de forma breve con Rojas, deteminó que la policía se había equivocado de sospechoso.
Un día después Solano presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional alegando: "mi representado me percató que los datos personales del encausado no coinciden con los que fueron suministrados en la declaración indagatoria que se realizó el 22 de mayo de 1996 en la Fiscalía de Limón. (...) es más que evidente que en el actual proceso se detuvo a una persona que tiene el mismo nombre de la persona investigada".
Fue precisamente la Sala Cuarta que luego de pedir explicaciones a los diversos despachos judiciales ordenó ponerlo en libertad de inmediato.
"Ha quedado acreditado que se cometió una grosera infracción a la libertad personal del aquí amparado, pues tal y como se desprende de la relación de hechos probados, contra un homónimo suyo se instruye una causa penal y pese a que el tutelado contaba con datos distintos (número de cédula, nombre de la madre, etc.), la autoridad recurrida lo mantuvo en prisión preventiva por 28 días, sea, del 14 de agosto hasta el pasado 12 de setiembre, cuando al reconocer la incerteza sobre su identificación, optó (...) por dejar en libertad al recurrente.
"Dicha detención, sin lugar a dudas, lesionó los derechos fundamentales del tutelado, razón por la cual, se impone la estimatoria de este recurso (...) se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados", recalca el voto 2014-015987.
Demanda civil
Carlos Luis Rojas con base en el fallo constitucional presentó una demanda civil para que se le indemnizara por un monto de ¢30 millones alegando, entre otras cosas, que se le había afectado moralmente.
Entre los argumentos sotuvo: "antes, aquí (en Luzón de Batán) me hablaba todo el mundo. Ahora ni me hablan ni nada. Me ven como un delincuente, como algo de que yo anduve seguro robando. De todo eso han regado bolas: que me habían metido 18 años de cárcel, que me habían agarrado marihuana, pero nadie sabe por qué yo estuve ahí”.
El 22 de enero del 2016, la jueza Nancy Allen Umaña, del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, estimó que el Estado solo debía reconocerle por daño moral ¢2 millones.
El 9 de octubre del año pasado, la Sala Primera de la Corte ratificó la decisión de la jueza Allen al considerar: "se le ha provocado una pérdida en su imagen como buen vecino (reputación, desconfianza) y es fácil inferirlo del hecho de su encarcelamiento por 28 días sin razón alguna que lo justificara, lo cual, para esta Cámara le causó angustia, inseguridad, temor, entre otros".
El Consejo Superior en la resolución del 9 de enero pasado también determinó pasar este asunto al Tribunal de la Inspección Judicial para que iniciara la investigación correspondiente.
