Por actuar de una manera "vil (...) y bestial" el peón agrícola Jairo Díaz Aragón, de 44 años, recibió este viernes la más alta pena que dispone la ley por siete delitos que cometió, al masacrar una familia, en Copey de Dota, San José.
La sentencia la emitió el Tribunal Penal de Juicio de Cartago a las 2:10 p. m. En total fueron 121 años y un mes de cárcel, por un delito de homicidio calificado, tres homicidios simples, dos violaciones agravadas y un hurto.
Los hechos que se juzgaron ocurrieron el 29 de mayo del 2015, en un rancho en una finca cafetalera, en el cual habitaba la familia que era de origen nicaragüense.
Las víctimas fueron Ramón Suárez Espinoza, de 50 años; su esposa Haydeé Miranda Salmerón, de 33; y los hijos de esta pareja, de 11 y 9 años.
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Pese al elevado monto de la pena, el peón agrícola solo descontará 50 años, ya que ese es plazo máximo de reclusión que permite la legislación costarricense.
El tribunal que estuvo a cargo de tramitar este caso lo integraron los jueces Alexánder Salazar, quien presidió y Edwin Reyes y Xinia Duarte.
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Pruebas fundamentales
Al explicar las razones por las cuales se había calificado a Jairo Díaz como responsable de masacrar a la familia, el juez Reyes dijo para llegar a esa determinación resultó fundamental la declaración de la compañera sentimental del sentenciado.
Agregó que la mujer, que fue amenazada para que no dijera nada, declaró en juicio de una manera "clara y transparente" y detalló como fue que ocurrieron los hechos, "porque usted se los había contado. Incluso dijo que usted llegó con la ropa llena de sangre, se la cambió y la depositó en un servicio de hueco".
Asimismo, le hizo ver a Díaz, quien también se hace llamar como Delvis José Sevilla, que la autopsia que se le practicó a la niña de 9 año, determinó que ella fue violada "cuando estaba agonizando" y que en el cuerpo de esa víctima se encontraron fluidos biológicos, que un examen de ADN demostró "eran suyos". Además, la menor sufrió laceraciones.
Edwin Reyes agregó que la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) resultó clara al precisar las lesiones de las víctimas y el tipo de arma que se usó para matarlas.
También reseñó que hubo intervenciones telefónicas en las cuales "usted le preguntó a un señor llamado Silvino: '¿estoy saliendo en las noticias guevón? (...) por eso no estoy en la casa, esos majes (los del OIJ) van a andar de casa en casa buscando (...) no quiero comprometerlo diga que vine y le pide posada para que no se embarre en nada' evidencian que usted estuvo en la casa en que se cometió el hecho".
Fuerte regañada
Posteriormente, el presidente del tribunal Alexánder Salazar, criticó las deficiencias encontradas en la acusación fiscal. Esta situación, a la postre, obligó a los jueces a recalificar los delitos, pues el pues el Ministerio Público había acusado de cuatro delitos de homicidio calificado.
El juez de una manera fuerte y con la mirada fija en el sentenciado, explicó que al analizar cada de los hechos no les quedó otra alternativa que imponer el máximo de la pena que establece la legislación para esas faltas.
"Nos encontramos ante un reproche de máximo calibre, es mounstruoso. Acá no estamos hablando de que se masacró una familia entera, sino que observa el tribunal que cometió una serie de acciones que son especialmente reprochables (...) Se aprovechó de la condición en que se encontraba esta familia, una familia de inmigrantes que se encontraba en una condición de pobreza extrema (...), utilizaron armas blancas para garantizar el éxito de la acción criminal", agregó.
El juez hizo especial énfasis en la muerte de la niña de 9 años cuando recriminó a Jairo Díaz a quien le dijo: “se quedan cortas la palabras con la violación de la niña. No podríamos encontrar una víctimas más vulnerable.
"Estamos hablando de una niña que pesaba solo 35 kilos y a pesar de que el acusado se enfrentaba a una víctima así, indefensa, fue un poco más allá, al reducirla a la completa indefensión, a la hora de amarrarla, a la hora de vendarla, a la hora de amordazarla y proceder bestialmente a tratarla.
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"(...) Es una niña a la cual se le negó hasta la posiblidad de llorar mientras estaba siendo víctima de esto, de pedir misericordia ..."
Alexánder Salazar también manifestó que el comportamiento posterior del acusado es también cuestionable, pues procuró deshacerse de las ropas ensangretadas y amenazó a su compañera sentimental para que no dijera nada.
“Observa el tribunal que el imputado actuó injustificadamente de una forma vil, de una manera bestial. Es una persona que tiene antecedentes por delitos de la misma naturaleza, es por esta razón que el tribunal considera que las penas máximas se quedan cortas en este caso.
"Consideramos que al encartado le falta un proceso de rehabilitación para volver a la sociedad, que si acaso se puede alcanzar con esos 50 años".
Reacciones tras fallo
Margarita García Borge, hija de una mujer asesinada, presuntamente por Jairo Díaz en octubre del 2003 en Chinandega, Nicaragua, manifestó: "La sentencia se quda corta para todo lo que ha hecho. Bueno igual la vida no le va a alcanzar para pagarlo".
Esta mujer, que estuvo presente en algunas audiencias del debate, dijo sentirse feliz de la sentencia pues, de alguna forma, las autoridades hacen justicia por el crimen de su madre.
"Yo quería estar aquí el último día, (...) por lo menos nos damos cuenta de que sí le dieron la pena máxima, que era lo que nosotros queríamos. Aunque no le han hecho justicia a mi mamá y a Daniela (otra menor aparentemente asesinada por Jairo) por lo menos le hicieron justicia a esta otra gente. Ya él va a estar encerrado y ya no va a andar haciendo daño a nadie.
"Que siento al verlo, ganas de estrangularlo, pero a la misma vez no me voy a ensuciar las manos yo al compararme con esa basura", concluyó.
Mientras que Viviana Navarro Marín, defensora de Díaz Aragón, dijo que debe esperar a que esté la sentencia integral, para determinar si presentan una impugnación.
Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.