EscucharEl Consejo Superior del Poder Judicial le atenuó la sanción a un juez que, según una investigación de la Inspección Judicial, acosó sexualmente a una subalterna entre el 2012 y el 2019 e, incluso, le restregó los genitales contra su voluntad.
En una primera instancia, el Tribunal de la Inspección Judicial dispuso destituir al funcionario, pero, en una revisión del caso, el Consejo Superior cambió el despido por una suspensión de tres meses sin goce de salario, el pasado 7 de octubre.
El acoso lo denunció una auxiliar judicial el 19 de agosto del 2019. Según su relato, el hostigamiento comenzó desde el 2011 cuando un juez de apellido Jarquín fue nombrado en el Juzgado Contravencional del cantón de Mora, en San José.
La víctima relató que “hubo lapsos de abstinencia, pero también hubo miradas libidinosas, e insinuaciones para mantener relaciones sexuales con él (...) Sin precisar fechas, en una ocasión me llamó a su oficina (...), entré a la oficina y él me mostró un vídeo de un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer sobre un escritorio. En ese momento me dijo: ‘Yo quiero que usted me haga eso’. Eso me hizo sentir molesta y acosada sexualmente”.
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En otra ocasión, dijo que fueron al allanamiento de un restaurante a la par del juzgado. Ella vestía un pantalón blanco y blusa roja y él le dijo que andaba muy linda, palabras que ella percibió de connotación sexual. Otra de las situaciones ocurrió cuando ambos funcionarios judiciales coincidieron en una capacitación que se brindó en el Colegio de Abogados, pues al concluir, el juez ofreció a la subalterna llevarla hasta el cantón de Mora, ya que era mediodía y debían completar la jornada laboral.
“Cuando íbamos por La Sabana él me dijo: ‘¿Por qué no nos perdemos?’, e hizo un gesto como insinuando el camino a Pavas, lugar donde están los moteles. Le dije que, si seguía molestando, me lanzaría del carro. Bajó el nivel y continuamos. Hizo una parada en Plaza Itskatzú para una diligencia. Tardó 10 minutos y cuando regresó volvió a insinuar lo de perderse. Le dije que era un necio. Ya por Brasil de Mora, me dijo que fuera a almorzar. Le respondí que no y fue cuando volvió a decir, que viera que teníamos la tarde libre y nos podemos perder”.
Otro de los episodios descritos por la víctima ocurrió el 3 de enero del 2019, el cual coincidió con el cierre colectivo del Poder Judicial, por lo que ese día solo ella y el juez fueron a trabajar. Cuando estaban en el juzgado en Ciudad Colón visitaron una oficina, en la cual no habían cámaras de vigilancia, para analizar la ubicación de un escritorio.
“Donde yo entro al cuarto, en contra de mi voluntad, él me jalo del brazo. Él está recostado en la pared y me tomó fuertemente por detrás, rozando sus genitales con mis glúteos. Forcejeamos, le quitaba las manos y él las volvía poner. Esa situación me hizo sentir muy asustada y acosada sexualmente (...). Ese mismo día llegó y me tiró una cajeta en el escritorio, y me dijo: ‘Se la cambio por una mamada’. Interpreté que se refería a que le realizara sexo oral”, añadió la mujer en su declaración.
Para la Inspección Judicial, las conductas denunciadas tienen un evidente contenido sexual, pues en ningún momento fueron deseadas por la víctima y le crearon un ambiente hostil para el trabajo y humillaciones que ella calló durante varios años por temor.
Al revisar el caso, el Consejo Superior del Poder Judicial dio por probados los hechos y concluyó que el funcionario, de 45 años, miró en varias ocasiones de forma libidinosa a la auxiliar judicial, a quien también le tocó las piernas, la abrazó por detrás mientras estaban en una oficina judicial y le dejó entrever la propuesta de tener sexo.
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“En consecuencia, tras estudiar los hechos, se confirma el fallo del Tribunal de la Inspección Judicial, en el que declara con lugar la queja contra el servidor de apellido Jarquín y se califica la falta como gravísima”, dijo el Consejo Superior.
No obstante, a la vez, procedió a atenuar el castigo: “Se modifica la sanción inicial a una suspensión de tres meses sin goce salarial, en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la cual deberá ejecutarse en el plazo de un mes, contado a partir de la comunicación de este acuerdo”.
Así lo señala la resolución tomada por la mayoría del consejo (está compuesto por cinco personas), pues hubo dos votos salvados.
Uno de los votos salvados fue el de la integrante Silvia Pizarro Gutiérrez, quien estimó que la investigación demostró el acoso y que para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se debió aplicar la sanción más severa, que era la revocatoria de nombramiento.
Por su parte, el magistrado Fernando Cruz Castro, presidente del órgano administrativo, consideró que había circunstancias que debilitaban el testimonio de la denunciante y por tanto dijo: “Me aparto del criterio de la mayoría y considero que existe una serie de vicios en las garantías del debido proceso y del derecho de defensa en la tramitación del presente proceso disciplinario”.
Asedio de años
La investigación concluyó que el acoso empezó de forma leve, como ocurrió con un piropo en un allanamiento y, luego, pasó a formas moderadas consistentes en miradas e insinuaciones de contacto sexual para, finalmente, llegar a hostigamiento fuerte como lo fue el manoseo y la sujeción que ocurrió en la oficina del Juzgado Contravencional de Mora.
“Las conductas evidentemente fueron realizadas con dolo, pues la persona encausada es conocedora, por su formación, de la irregularidad de estos comportamientos, al tiempo que se observa una actitud insistente pues, claramente, la víctima le hacía saber su disconformidad con su manera de conducirse. Es claro que estaban dirigidas por una voluntad clara, determinada y directa a un continuo hostigamiento hacia la señora”, determinó la Inspección Judicial.
