Escuchar
El Poder Judicial demorará casi cuatro años en juzgar al sospechoso de violar a una niña de 4 años, hecho ocurrido dentro de las instalaciones del Ebáis en Grano de Oro, distrito Chirripó, en Turrialba.
Así lo confirmaron las oficinas de prensa de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, al verificar que el hecho sucedió el 12 de octubre del 2016 y el juicio está programado para los días 5 y 6 de mayo del 2020 en el Tribunal de Juicio de Turrialba.
Este asunto trasciende cinco días después de que se publicara que una niña de ocho años, víctima de agresión sexual, ganó un recurso de amparo en contra del Tribunal de Juicio de Cartago, que programó el debate de este caso para setiembre del 2020, cuatro años después de interpuesta la denuncia.
Los magistrados de la Sala IV calificaron el plazo como exagerado, le dieron la razón a la niña y ordenaron al Tribunal adelantar la realización del juicio que ahora se fijó para el 17 y 18 de octubre de este año.
LEA MÁS: Niña gana recurso en Sala IV para adelantar juicio contra pastor que la habría abusado
Patricia Solano, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Penal, consultada sobre el lío que significa para víctimas e imputados esa larga espera de los juicios, dijo que, para reducir la mora, desde el 2017 iniciaron un plan para mejorar el rendimiento y operativización de los despachos.
"Este proceso ya se efectuó en 19 tribunales y esta iniciativa ya rinde frutos. Los tiempos para señalar las audiencias en juzgados y tribunales unipersonales son inferiores a 6 meses. En tribunales colegiados es inferior a 12 meses. Esto reduce el plazo para dictar sentencias a 12,8 meses en promedio.
“El tema de la mora judicial es un tema de atención prioritaria (...) sabemos que el proceso no ha finalizado. Es un proceso de mejora continua en el que se tiene como norte ser un modelo de eficiencia en la justicia”, agregó la magistrada.
Hechos delictivos
El caso de la violación de la menor de 4 años ocurrió el 11 de octubre del 2016. El sospechoso es de apellidos Valderrama Garita, de 48 años, quien fungía como técnico de laboratorio en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El hecho que se le atribuye ocurrió en el Ebáis de Grano de Oro, que es una comunidad indígena Cabécar.
Según informó el Ministerio Público, el implicado –que en aquel momento tenía 11 años de laborar para la Caja– llegó al lugar como lo hacía cada 15 días, para extraer sangre a los pacientes y luego llevar las muestras al laboratorio de la Clínica de Turrialba, donde se hacen los análisis.
LEA MÁS: Técnico en laboratorio de la CCSS es el sospechoso de violar a niña de 4 años en Ebáis
Cuando la madre y la niña llegaron para ser atendidas, Valderrama, supuestamente, le pidió a la madre que esperara afuera y luego colocó un biombo para sacarle sangre a la niña. Al parecer, el imputado aprovechó ese momento para cometer el delito, comunicó el ente acusador del Estado.
El mismo día, la madre de la víctima presentó la denuncia ante las autoridades, por lo que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron a Valderrama.
El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva, pero el Juzgado Penal de Turrialba rechazó la petición y ordenó otras medidas cautelares. La Fiscalía apeló la resolución; no obstante, en una nueva audiencia, el Tribunal Penal de Turrialba confirmó la decisión que había tomado el Juzgado.
Desde entonces, el imputado tiene prohibido ingresar a la comunidad de Grano de Oro, impedimento de salida del país, debe mantener domicilio fijo, firmar una vez al mes en la Fiscalía y no puede acercarse a la víctima y su familia, a una distancia de 500 metros. Este caso se lleva en el expediente 16-1256-067-PE.
Paralelamente, el Ministerio Público comunicó que Valderrama deberá enfrentar en el mismo debate otra causa por tres delitos de abuso sexual en perjuicio de persona menor de edad.
Este otro caso también ocurrió en Turrialba entre enero y diciembre del 2008 y se lleva en el expediente 10-895-359-PE.
Los hechos habrían ocurrido en la casa de la ofendida, que tenía ocho años de edad y es sobrina política del imputado. En la acusación fiscal se atribuye al implicado aprovechar que estaba solo con la niña para, presuntamente, cometer el abuso.
