Investigar peleas de gallos o perros, o los actos sexuales de humanos con otras especies; levantar y hacer autopsias de animales asesinados con crueldad y recolectar evidencias que permitan identificar a un responsable de esas acciones son parte de las labores que realiza la Policía Judicial desde hace 20 meses.

Esas funciones están a cargo de funcionarios judiciales, según lo establece la Ley Contra el Maltrato Animal, que entró en vigencia el 11 de junio del 2017.

La legislación introdujo una nueva sección en el Código Penal en la que se constituyeron tres delitos, penados con cárcel, que castigan la crueldad animal, la muerte dolosa (derivada de la crueldad y las peleas) y las peleas de animales.

Sin embargo, Wálter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que la entidad carece del personal y de los recursos materiales necesarios para atender estos casos.

Eso significa que han tenido que trabajar “con las uñas” para atender las 227 denuncias recibidas sobre hechos delictivos que afectan animales y apelar a la colaboración del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), algunas ONG y veterinarios con los conocimientos necesarios.

“El OIJ está atendiendo los casos con el personal que tiene, que lo hemos tratado de capacitar con la ayuda de organizaciones no gubernamentales.

“No tenemos peritos especializados en materia animal y tampoco las instalaciones adecuadas para hacer autopsias o para revisar si las especies han sido sometidas a algún tipo de crueldad (...). Por ejemplo, no podemos recibir cadáveres animales donde descargamos cadáveres humanos”, explicó Espinoza.

El funcionario destacó que en San José tienen a un grupo especializado para atender delitos relacionados con animales, pero que regionalmente asignan un equipo según el rol de distribución de trabajo.

Asimismo, agregó que aunque Senasa, institución que les ayudó con las autopsias hasta noviembre anterior, ha sido colaboradora con el Poder Judicial, cuenta con capacidad limitada y eso complica la situación en la actualidad.

Senasa detalló que la funcionaria del laboratorio con conocimientos en patología se encuentra fuera del país cursando una especialidad que es de interés de la institución e informó de que han ofrecido al OIJ capacitaciones de enfermedades zoonóticas y de captura, manipulación, transporte humanitario, examen objetivo general básico, tenencia responsable y toma de muestras de animales, con el fin de que adopten las previsiones para el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la Fiscalía indicó que tampoco cuenta con una unidad especializada en materia animal, pero asegura que todas la sedes en el territorio nacional están facultadas para recibir denuncias.

¿Cuál es protocolo para la atención de casos?

Las investigaciones relacionadas con delitos contra animales se manejan igual que cualquier otra pesquisa.

Espinoza manifestó que si reciben un reporte de un animal que está siendo sometido a un dolor intenso o agonía prolongada, por ejemplo, ellos deben presentar un informe a un fiscal, para que este sea valorado y, de ser necesario, se pida un allanamiento.

En caso recibir el aval, se rescata al animal y después los agentes judiciales deben proceder con la recolección de evidencias y entrevistas a testigos que respalden la denuncia.

A partir de los elementos recolectados en la escena, se realiza un nuevo informe y se entrega a la Fiscalía para que esta proceda con las diligencias necesarias hasta resolver.

“Utilizamos métodos técnicos que nos ayuden a garantizar y asegurar que lo que estamos levantando en el sitio se va a analizar en un juicio. Los rigores para la práctica de la experticia forense son los mismos cuando se trata de humanos que cuando se trata de animales.

“Eso, eventualmente, puede tener una dilación importante porque a veces destinar recursos en esto a nosotros nos duele, ya que de pronto los necesitamos para atender otros casos”, detalló Espinoza.

Para el Ministerio Público la inversión de tiempo para la atención de estos casos no representa un inconveniente, pero el tema presupuestario sí, ya que no cuentan con los recursos precisos para un manejo correcto de los cuerpos de animales fallecidos, las autopsias y otras actuaciones.

“La Fiscalía y el OIJ han sostenido reuniones con la Dirección de Planificación del Poder Judicial, en las que se planteó a esta dependencia una solicitud para contar con presupuesto para atender las investigaciones de causas derivadas de esta ley. Estamos a la espera de recibir la respuesta a dicha gestión”, aseguró la institución a La Nación mediante un correo electrónico.

Este medio consultó al Poder Judicial sobre el avance del planteamiento hecho por esas entidades, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

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Luis Diego Marín Schumacher, coordinador regional de la organización Preserve Planet, coincidió con las autoridades judiciales en la falta de presupuesto para atender los casos y recalcó que el OIJ ya había hecho ver el problema.

En tanto, Juan Carlos Peralta Víquez, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (ABAA), mencionó que la falta de recursos no puede usarse como excusa. “Son delitos penales, igual es el procedimiento para la muerte de un animal, como para la muerte de un ser humano”, dijo.

En los últimos meses la Policía ha recibido donaciones de guantes, protectores, jaulas y cobertores para la atención de diversas situaciones. No obstante, destacan que en estos contextos también es necesario evaluar la salud del personal, para saber si es necesario algún tipo de medidas de protección como vacunas o medicamentos.

“Eso no se ha contemplado. La ley está inspirada por buenas intenciones, es muy simbólica, de colores y luminosa, pero luego es muy difícil cuando se quiere aplicar porque esas buenas intenciones se transforman y entonces la ley se vuelve oscura, pantanosa e inaplicable”, afirmó Espinoza.

Para el jerarca, el Estado tiene que tomar una decisión y definir qué quiere y necesita que el OIJ investigue, así como valorar y pensar en una modificación que mejore la aplicación de la ley, como por ejemplo, analizar un sistema de multas o cobro a las personas que cometen irregularidades que a la vez fortalezca a Senasa y otras instituciones.

“Es un balance muy importante que le corresponde a la Asamblea Legislativa, porque para nosotros en el momento en el que se promulga un delito nos aumenta la cantidad de denuncias y de acciones, pero también surge la necesidad de atenderlo porque la Policía que investiga delitos es el OIJ”, aseveró.