Al menos tres veces por semana, la Policía Municipal de San José dice encontrarse en las calles reos con tobillera electrónica fuera de su zona permitida, con el dispositivo descargado o cometiendo delitos.

Es por ello que el director de ese cuerpo policial, Marcelo Solano, considera “nulo” el seguimiento que reciben en la capital los reclusos que portan dichos aparatos a cambio de no estar en la cárcel.

Lo más preocupante para Solano es que “nunca” han recibido una alerta del Ministerio de Justicia sobre convictos que estén incumpliendo las medidas de vigilancia o para pedirles ayuda para ubicarlos.

“Eso nos hace creer que esas tobilleras no son monitoreadas y que estas personas lo saben”, aseveró el jerarca.

“Vienen abusando del régimen de confianza. Y no sé si son muchos o pocos, pero lo cierto es que una cantidad determinada de sujetos con tobillera saben que hay un problema con su monitoreo y lo aprovechan para volver a delinquir”, aseveró.

Frente a las críticas, Justicia sostiene que sí se cumple con el seguimiento y, como muestra de ello, detalló que en lo que va del presente año se han emitido un total de 4.563 alertas por reos que se salieron del perímetro permitido.

Hasta el pasado 13 de abril, había 1.809 personas sometidas al monitoreo con tobillera.

“Es importante indicar que estas alertas son tratadas y canalizadas con informes dirigidos a la autoridad judicial”, manifestó la oficina de prensa de dicha cartera ante consulta de La Nación.

Dicho departamento agregó que la condición jurídica del beneficiado del monitoreo electrónico es competencia únicamente del juez, ya sea penal o de ejecución de la pena.

Con respeto al reclamo de la Policía Municipal de San José por falta de comunicación, el Ministerio aseguró que se trabaja para unir esfuerzos y cumplir con la ley 9.271, la cual indica que todo cuerpo policial debe ayudar a ubicar a alquien que irrespete el sistema.

Vuelven a delinquir

Para Marcelo Solano, el gran problema es que los reos conocen de la fragilidad del sistema de monitoreo electrónico y se salen de su zona permitida para cometer delitos, sobre todo venta de droga, robos y hurtos.

Tal es el caso, según afirmó, de reconocidos traficantes de la capital, quienes han sido recapturados cometiendo el mismo ilícito por el cual les impusieron el grillete.

“Como nosotros no somos alertados de nada, cuando vemos a estos reconocidos por nosotros los abordamos de forma natural, porque sabemos quiénes son.

“Y es en esos abordajes cuando vemos que tienen tobillera. Hay otros momentos en los que los atrapamos porque están cometiendo un delito y en la requisa vemos que tienen tobillera”, aseveró.

Solano consideró que estas fallas deben tomarse con la seriedad del caso y corregirse antes de que la situación no sea sostenible.

“Desde mi perspectiva profesional, de jefe policial, casi que aseguraría que nadie está monitoreando esas tobilleras (...). Y la prueba objetiva de esto es que, con mucha frecuencia, los policías atendemos situaciones en la que están involucrados reos con tobilleras”, concluyó.

Indigentes con tobillera

El director de la Policía Municipal de San José también cuestiona que los jueces impongan el uso de tobillera a un indigente o a alguien que no tenga apoyo familiar para salir adelante.

“Uno se pregunta si hay un estudio criminológico que permita saber si la persona tiene las condiciones para gozar de ese beneficio, porque al observar lo que pasa en la calle, uno puede decir que quizás no se está yendo tan al detalle”, aseveró.

De hecho, Marcelo Solano comentó que, en cierta ocasión, unos oficiales le reportaron haberse encontrado un sujeto con tobillera durmiendo en el Parque Central.

Al abordarlo, el hombre indicó a los agentes que no tenía a dónde ir porque su familia no lo recibía.

En esos casos, aseguró Solano, se coordina con Justicia para determinar qué hacer con la persona. Sin embargo, sostuvo que en ocasiones el asunto queda como un incidente policial más que no se resuelve.

Para sustentar su afirmación, señaló que su equipo ha hallado indigentes con tobilllera y que unos días después de reportarlos, los vuelven a ver acostados en cualquier rincón de la capital.

El jefe policial alegó que para ellos es imposible seguirle el rastro a cada individuo y saber en qué terminó cada caso, pues tales tareas escapan de sus competencias.

Agregó que también se han identificado adictos que portan el dispositivo en zonas donde la compra y venta de droga está a su alcance. “Es gente que vive en cuarterías y sin ningún apoyo, ¿cómo se garantiza su reinserción si sigue consumiendo?”, cuestionó.

No fue posible obtener un criterio del Poder Judicial antes del cierre de esta información.

Informe necesario

Esta no es la primera vez que el sistema de vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia recibe críticas.

En el 2018, el consultor portugués Nuno Caiado elaboró un informe a solicitud de Justicia en el que reveló una serie de deficiencias, al punto de decir que el sistema estaba saturado y que, en un corto plazo, sería insostenible.

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Una de las principales observaciones de Caiado es que los jueces imponen el uso de las tobilleras sin conocer las condiciones personales y sociales del beneficiado.

Por ello, recomendó buscar la manera de que el Poder Judicial o la Dirección de Adaptación Social, del Ministerio de Justicia, enviaran informes a los juzgadores antes de la definición de medidas.

De esa forma, según el experto, no solo se tomarían en cuenta los parámetros legales (que el reo no esté imputado por un delito violento o que la pena sea menor a seis años), sino que también se consideraría si la persona tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones.

En 2019, consultado por La Nación, el juez William Serrano indicó que sería “de trascendental importancia contar con un estudio social de los imputados antes de ordenar como medida cautelar o como pena la aplicación de medios electrónicos”.

Sin embargo, destacó que “la imposibilidad material del Instituto Nacional de Criminología (INC) de elaborar un informe en el plazo de ley que tienen los jueces para resolver la situación jurídica de los encartados, genera que en muchas oportunidades no se cuente con ellos”.