Envuelto en una bolsa plástica negra que fue amarrada con cinta adhesiva plateada y con una nota en letras naranja que indicaba “por traidores esto pasa”, fue localizado el 13 de diciembre del 2017 el cuerpo de Eduard Bedoya Llanos, el cual estaba dentro de una buseta abandonada cerca de las canchas de béisbol del Parque Metropolitano La Sabana.

Dentro de ese vehículo también se ubicó su cabeza en un maletín negro con azul, ya que según la acusación de la Fiscalía, él fue decapitado.

A escasos metros estaba el cadáver de Frank Alfaro Murillo, envuelto con una camisa sucia y una sábana.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos hombres fueron asesinados por la banda que lideraba Erwin Guido Toruño, alias El Gringo. Este último fue encontrado tres días después de esos hechos en el puente del Bajo Los Ledezma, en La Uruca, con al menos 40 puñaladas.

Este lunes, durante el inicio del juicio que se sigue por el crimen de Bedoya y Alfaro, la fiscala Gianina Gutiérrez Herrera describió las lesiones y señaló como presuntos responsables de los hechos a 12 miembros de la organización que en ese entonces dirigía Guido Toruño.

Los sospechosos son 11 hombres de apellidos Díaz Noreña, Valencia Orozco, Ávalos Vega, Alvarado Arroyo, Quirós Calero, Pérez Obando, Campos Mora, Díaz Donnes, Salazar Espinoza, Rodríguez Amador y Martínez Villalta, así como una mujer apellidada Jiménez Cordero, conocida como Tecno Queen.

La representante del Ministerio Público describió cómo fue que el grupo llevó a las dos víctimas a una vivienda ubicada en Alajuela, denominada el 20, en la cual, a su criterio, las privaron de su libertad y después les dieron muerte.

“Una vez que tenían a Bedoya en una casa ubicada en Alajuela, a sabiendas que actuaban sobreseguros, los imputados sometieron al ofendido a un sufrimiento desmedido, mediante la utilización de armas punzocortantes de forma salvaje. Le propinaron múltiples heridas de arma blanca, una de ellas en el cuello con decapitación, esta fue la de mayor afectación y la que le causó la muerte (...).

“En tanto, a Alfaro también lo sometieron a un sufrimiento desmedido causándole una asfixia por estrangulación”, describió Gutiérrez en su acusación.

Agregó que el día en que fueron ubicados los cadáveres, cuatro miembros del grupo que eran los encargados de deshacerse de estos tuvieron un enfrentamiento a balazos con oficiales de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Una vez que la organización cumplió con el objetivo de darles muerte, los introdujeron a un microbús verde momento en que Alvarado, Ávalos, Pérez y Campos, en común acuerdo y conforme a distribución de funciones, se trasladaron a Pavas con finalidad de desaparecer cuerpos, momento en que fueron interceptados por las autoridades policiales en inmediaciones de La Sabana; sin embargo, se dieron a la fuga y fueron detenidos en el cruce de la ruta 27, luego de un intercambio de disparos con la Fuerza Pública y el OIJ”, aseveró.

Para Gutiérrez lo ocurrido constituye dos delitos de homicidio calificado y dos delitos de privación de libertad.

Destacó que en los homicidios también participaron tres menores de edad que ya fueron sentenciados por esto y otros sujetos que no fueron identificados.

Plan detallado

La fiscala mencionó que como parte del plan para dar muerte a Bedoya y Alfaro, la banda ejecutó un plan elaborado con detalle.

Como parte de este, el 12 de diciembre del 2017, a las 8:30 p. m., al menos cinco integrantes del grupo colisionaron la moto en la que viajaba Bedoya por Pavas y, luego de un forcejeo, fue montado a una buseta en la que se le trasladó hasta la casa en Alajuela.

Al llegar a esa ciudad, lo amarraron de pies y manos y lo introdujeron a la vivienda.

En el caso de Alfaro, fue Jiménez, quien tenía una amistad con este, la que lo llevó hasta el inmueble.

“Entre las 10 p. m. del 12 de diciembre y la 1 a. m. del 13 de diciembre del 2017, siguiendo el objetivo que habían trazado, en común acuerdo con el resto de miembros de la organización criminal y bajo la promesa remunerada, Jiménez, aprovechándose de la amistad con Alfaro de acuerdo al plan criminal y cumpliendo con lo encomendando por Díaz Noreña de manera alevosa, mediante ardid y engaño para lograr su fin, se trasladó con el ofendido hasta la casa de seguridad de la organización criminal en Alajuela.

“Actuando sobreseguro y aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se colocó a Alfaro, con la única finalidad de darle muerte, procedieron a privarlo de su libertad al momento en que llegaron a la vivienda, sometiéndolo por medio de la fuerza, amarrándolo de pies y manos, trasladándolo así hasta el interior de la casa”, puntualizó Gutiérrez.

El juicio por este caso está agendado para un mes y una semana y, aunque está a cargo de un Tribunal Penal de Alajuela, se realiza en Goicoechea por motivos de seguridad.

Durante esta semana solo se agendó el contradictorio este lunes, ya que uno de los imputados afronta otro debate y los miércoles, los jueces tienen otras asignaciones en su agenda.