Jeison Alfaro Bustamante, alias Press, catalogado por las autoridades como un violento líder narco, logró salir de su celda colectiva de 45 metros cuadrados en Máxima Seguridad de La Reforma. Un juez de ejecución de la pena acogió sus reclamos y ordenó reubicarlo en un espacio más abierto, pues resolvió que el reo sufre problemas de movilidad, necesita atención de fisioterapia y actualmente se moviliza en silla de ruedas.
Alfaro, condenado a prisión el año anterior, logró así su traslado al Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas, también en el complejo de Reforma.
El 3 de agosto del 2022, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela le dio 24 horas al Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad) para “ubicar al sujeto en un centro respetuoso de las condiciones de la ley 7600 y sin barreras arquitectónicas conforme el criterio médico forense”.
El mismo Juzgado ya había ordenado, en la resolución número 2022-004974 del 20 de julio, la reubicación del privado de libertad, a lo que el centro penal solicitó una prórroga para acatar la orden. La petición fue rechazada, y las jefaturas de la prisión recibieron un fuerte regaño por parte del juez.
“Se rechaza la solicitud de reconsideración que remite el Consejo de Ubicación y se ordena el cumplimiento inmediato y efectivo de la orden judicial, se ha resuelto conforme valoraciones médicas y médico forense”, indica la resolución.
La resolución agrega que las observaciones remitidas por las autoridades penitenciarias habían sido irrespetuosas del correcto procedimiento y de la autoridad judicial, y además fueron “impertinentes e improcedentes y (la autoridad carcelaria) carece de esa autoridad de legitimación activa para proceder como pretende”.
El Juzgado detalló que la prórroga solicitada es inadmisible porque “el efectivo respeto a la dignidad humana es un valorar absoluto en democracia y porque su obligación es cumplir y asegurar el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales y no obstruir u obstaculizar las mismas al amparo de apreciaciones abiertamente subjetivas y sin sustento técnico”.
Finalmente, el juez advirtió que de incumplir la orden, el caso pasaría al Ministerio Público para iniciar un proceso penal por los presuntos delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes, contemplados en los artículos 314 y 339 del Código Penal.
El departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz indicó que Alfaro fue trasladado el mismo 3 de agosto a Terrazas, información confirmada por el abogado del recluso, Gregorio Briglia.
El complejo de Máxima Seguridad de la Reforma tiene una celda colectiva de 45 metros cuadrados, así como celdas individuales de 23,5 metros cuadrados y de 29,5 m² adaptadas a la ley 7600. Por tratarse de reos de alta peligrosidad, ahí el espacio es más confinado.
Esta no es la primera vez que Press logra salir de Máxima Seguridad. En marzo del 2020, y sin contar con el necesario aval de un juez, la directora de Máxima Seguridad, Maribel Mora Campos, permitió que Alfaro se movilizara hacia una clínica privada a realizarse una operación no urgente. El recluso permaneció en ese centro médico durante 18 días y después regresó al centro penal.
En noviembre del 2021, Mora cumplió una suspensión de una semana sin goce de salario debido a este hecho.
Alfaro aceptó cargos por narcotráfico
Alfaro Bustamante, lideró una organización que comenzó a operar en agosto del 2016 en el Caribe Sur, sobre todo en el cantón de Talamanca, Limón. El grupo trasegaba cocaína desde Sudamérica para cambiarla en Jamaica por grandes cantidades de marihuana.
En enero del 2019, el Ministerio Público desarticuló la organización, tras allanamientos realizados en dos viviendas de Alfaro, una en Manzanillo y otra en Hone Creek. En las imágenes circuladas en aquel momento se apreciaban muebles finos y joyas. Además, le decomisaron más de ¢85 millones y $50.000 en efectivo.
Posteriormente, en setiembre del 2020, mientras descontaba prisión preventiva, Press pagó ¢6 millones para librarse de un juicio por dos delitos de tentativa de homicidio simple, ocurridos el 2 de febrero del 2014 en Manzanillo.
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Por último, el 25 de noviembre del 2021, aceptó los cargos que se le achacaban para conseguir una condena más baja, según el voto número 2021-000858, dictado por el Tribunal Penal de Limón. El sujeto fue sentenciado a nueve años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado.
Además de él, los otros siete miembros de su banda reconocieron ser culpables por los delitos de posesión, comercialización, transporte, suministro y venta internacional de drogas. Se trata de Javier Enrique Bustamante Mena (nueve años de prisión), Jesús Edilberto Bustamante Cerdas (ocho), Bryan Steven Alvarado Cook (ocho), Michael Esteban Pierson Bent (ocho), Juan Carlos Ceciliano Fonseca (siete), Edgar Eduardo Vargas Aguirre (siete) e Isaura Jiménez Bermúdez (siete).