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El proceso penal contra el alcalde de Limón, Nestor Mattis Williams, como sospechoso de malversar fondos públicos no sufrirá alteraciones, pese a que este jueves se le detuvo cuando se encontraba incapacitado.
El hecho lo verificaron este viernes la Fiscalía General de la República y el abogado Ewald Acuña Blanco, defensor del jerarca municipal.
La duda sobre qué pasaría con la investigación judicial surgió luego de que el Juzgado Penal de Hacienda ordenó el jueves, a las 3:10 p. m., la liberación de Mattis. Ocho horas antes, a las 7 a. m. agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo habían detenido cuando se encontraba en su casa en el barrio Siglo Veintiuno, en la entrada a la ciudad de Limón.
El alcalde fue llevado a celdas judiciales y luego presentado al Ministerio Público donde lo indagaron como sospechoso de los delitos de malversación de fondos, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, pago irregular de contratos e influencia en contra de la hacienda pública.
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Esas acciones están relacionadas con supuestas anomalías cometidas en las licitaciones para la construcción del mercado de Limón y un proyecto de aceras.
Luego de que la Fiscalía lo puso en conocimiento de los hechos, lo llevaron a una audiencia de fijación de medidas cautelares realizada mediante el sistema de videoconferencia, con un juez del Juzgado Penal de Hacienda que permanecía en Goicoechea.
En dicha diligencia, el juez acogió una acción procesal defectuosa presentada por Ewald Acuña, quien alegó que la Policía Judicial y el Ministerio Público actuaron en contra de la ley.
El litigante expuso que Mattis estaba en un período de incapacidad y por tanto no se encontraba en plena capacidad para ser sometido a un interrogatorio. Para ello, se amparó en los artículos 1.°, 72 y 174 del Código Procesal Penal.
Explicó que Mattis sufrió una dolencia hace varios días que ameritó su internamiento en el Hospital Tony Facio de Limón, de donde le dieron de alta el pasado 3 de diciembre y se le incapacitó hasta el próximo 18 de diciembre, según documentos médicos que aportó.
El juez, al acoger la acción procesal defectuosa, anuló todas las actuaciones judiciales, que ahora tendrán que repetirse en próxima fecha.
“Lo que se debe hacer ahora es que cuando don Nestor esté en condiciones se repite la indagatoria y si el Ministerio Público considera que son necesarias medidas cautelares planteará la solicitud y nosotros haremos las observaciones correspondientes”, djio Ewald Acuña.
El abogado agregó: “Me parece que a la Fiscalía le falta alguna información para entender que en el caso de las aceras se está ejecutando una garantía de cumplimiento y en el caso del mercado municipal el edificio que se alquila es porque hay una orden de la Sala Constitucional de colocar en algún espacio adecuado a los vendedores que estaban en el mercado municipal mientras se hacía la remodelación".
En esta misma investigación contra el alcalde de Limón, también está involucrado un ingeniero municipal de apellidos Babb Reid.
Contra este funcionario este jueves se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares, en la cual la Fiscalía pidió que se le impusiera la suspensión del cargo; sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda rechazó la solicitud, por lo que la Fiscalía presentó una apelación.
Ahora será necesario esperar que se programe una nueva audiencia en la que se reiterará la solicitud de imponer contra Babb dicha medida cautelar.
Casos cuestionados
La Fiscalía Adjunta de Limón comenzó en setiembre del 2018 la investigación contra el jerarca del ayuntamiento, después de detectar supuestas anomalías en los contratos para la construcción de algunas aceras y el mercado municipal de la ciudad.
En esa fecha, el Ministerio Público indicó que Mattis, de 57 años, pudo haber incurrido en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados y pago irregular de contratos administrativos.
Las pesquisas se agruparon en los expedientes 18-001394-472-PE y 18-000806-472-PE.
En el primero se investiga una contratación administrativa directa de urgencia, por existir órdenes sanitarias de cierre, para reconstruir una parte y levantar una nueva sección del mercado de Limón.
En un examen preliminar se determinó que se hicieron las obras nuevas pero no hay divisiones, y no se efectuó la reconstrucción, a pesar de que se pagó la obra al contratista (aproximadamente ¢2.600 millones) y se canceló la garantía de la misma.
El otro asunto investigado tiene que ver con una licitación pública que adjudicó la municipalidad para construir las aceras del centro de Limón.
La Fiscalía comunicó que, posteriormente, se determinó que el gobierno local aprobó el cobro de un impuesto a la población del cantón central, para el rubro de construcción de aceras.
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Obras importantes
El remozamiento del mercado municipal de Limón estaba previsto para ser terminado en octubre del 2017. Estaba previsto que en el primer piso albergara un área de comidas y, en la segunda, más locales comerciales.
La idea era descongestionar el hacinamiento que sufrían los 130 inquilinos del antiguo mercado –declarado patrimonio histórico y arquitectónico en 1998– y generar espacio para 100 comercios más.
La edificación está ubicada al norte de la cuadra que ocupa el actual inmueble, en un sector donde antes había unas piezas que se construyeron como “agregados” y que también hospedaban vendedores.
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En cuanto a las aceras en el centro de la ciudad, en principio, el ayuntamiento tramitó, en diciembre del 2014, la licitación pública N° 2014-LA-000010-01PM para la construcción de aceras de concreto por un monto máximo de ¢410 millones y la adjudicó en 2015 a la compañía Grupo Mercantil TVT-S.A.
No obstante, en marzo del 2016 decidió construir las aceras con adoquines y no en concreto, también destruyeron aceras de concreto en buen estado para sustituirlas por adoquines.
Estas variaciones provocaron que el costo del proyecto ascendiera. Para cubrir los nuevos gastos la municipalidad local creó un impuesto anual por ¢46.041 que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles de comunidades como Envaco, Atlántida, Los Cocos, Siglo XXI y otros, que no se benefician de las aceras.
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