La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) descubrió un supuesto pago de dádivas a funcionarios judiciales para la realización de trámites de expropiaciones.

Por ello, este miércoles por la mañana dirigió ocho allanamientos en casas de habitación ubicadas en San José y Heredia, el bufete Facio Abogados, en Escazú; la Procuraduría General de la República y el Juzgado Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José.

Las diligencias permitieron detener a cinco personas, quienes figuran como sospechosas de los delitos de cohecho y divulgación de secretos.

Se trata de un procurador de apellidos Lara Flores, un juez apellidado Cruz Tenorio, un técnico judicial identificado como Molina Vargas y dos abogados particulares, Hernández González y Rojas Pochet.

Todos fueron aprehendidos y, posteriormente, quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que se encargó de la indagación para determinar si procede o no pedir medidas cautelares en su contra.

Hasta las 6 p. m. se desconocía la situación jurídica de los imputados.

Carlos Meléndez Sequeira, fiscal adjunto anticorrupción, manifestó que, al parecer, existieron pagos a los funcionarios judiciales a cambio de que aligeraran los trámites internos de expropiaciones.

“La investigación versa sobre el pago de algún tipo dádivas o sobornos con la finalidad de estos abogados privados de aligerar el trámite interno en el Juzgado Contencioso para las expropiaciones y con eso verse beneficiados. A la misma vez, obtener algún tipo de ventaja económica para los funcionarios judiciales involucrados”, explicó Meléndez.

Agentes de la Sección contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también participaron en las diligencias, que permitieron decomisar pruebas documentales y electrónicas para la investigación, la cual se desarrolla dentro del expediente 18–000165–1218–PE.

La Fapta no hizo referencia a la cantidad de trámites de expropiaciones que se realizaron de manera irregular, ni tampoco cuál era el fin de las mismas. Solo refirió los aparentes actos de corrupción.

“A los imputados se les investiga por la comisión de aparentes actos de corrupción en el trámite de expedientes de expropiación en el Juzgado Contencioso Administrativo”, precisó el Ministerio Público en un boletín de prensa.

Los sospechosos

Después de que trascendió la captura de los sospechosos, la firma Facio Abogados, donde figura como socio Rojas Pochet, informó en un comunicado que este miércoles tuvieron conocimiento sobre la investigación.

La empresa, con más de 20 años en Costa Rica, recalcó que “siempre se ha adherido a los estándares más altos profesionales y éticos”.

“Facio Abogados es respetuoso del proceso judicial y de la presunción de inocencia. La investigación está relacionada con un caso de expropiación bajo su dirección (la de Rojas), colaboraremos en lo que sea necesario para que se aclaren los hechos (...).

“La firma, tiene plena confianza en las instancias judiciales costarricenses”, precisa el documento.

De Hernández, el otro abogado involucrado en el caso, no trascendió ninguna versión y se desconoce si trabaja para un bufete o de manera independiente.

Por su parte, el Tribunal de la Inspección Judicial confirmó la apertura de un proceso discplinario contra el juez Cruz Tenorio y el técnico judicial Molina Vargas.

“Siendo que la prueba se fundamenta en las pesquisas penales, es necesario recabar dicha prueba y valorar la posibilidad de una medida cautelar en el caso que en sede penal no sean dictadas”, detalló la instancia por medio de la oficina de comunicaciones del Poder Judicial.

Finalmente, la Procuraduría General de la República detalló que colaborará con todo lo necesario que solicite el Ministerio Público para la investigación y se abstuvo de brindar declaraciones sobre las posibles medidas a tomar.

Sin embargo, destacó que el procurador Lara Flores, de 57 años, labora en la institución desde el 16 de julio 1993 y hasta la fecha.

“De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría le corresponde ejercer la representación del Estado en los asuntos judiciales y extrajudiciales que se le asignen.

“La labor se ha centralizado en los últimos años en atención de las diligencias de expropiación que requiere tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como otras entidades públicas, entre ellas Aviación Civil y el Consejo Nacional de Concesiones.

“Le corresponde atender también los recursos de amparo que se le asignen, así como asuntos relacionados con la Dirección de Notariado y Registro Público”, explicó la Procuraduría ante consulta de La Nación sobre las labores de Lara.

Información actualizada a las 5:54 p. m. con más información.

Nota para el lector: El allanamiento se llevó a cabo en el bufete Facio Abogados, no Facio & Cañas, cuyo socio y presidente de la Junta Directiva es Adrián Torrealba.