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Más de un año después de la fecha original programada, este jueves comenzó el juicio contra la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla; el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, y el exmagistrado y ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, por presunto tráfico de influencias.
Según la lectura de la acusación, realizada esta mañana por el Ministerio Público, los hechos que se juzgan se registraron antes de las elecciones municipales del 2016, cuando Araya, al parecer, obtuvo un documento con ayuda de Gamboa y Smith para demostrar que no tenía causas penales en su contra.
Ese documento lo presentó a una periodista de La Nación, quien estaba elaborando un reportaje sobre los procesos que afrontaban en ese momento los candidatos a alcaldes.
“Se materializó una ventaja indebida en su favor, puesto que el acusado Johnny Araya Monge ya no figuraba como imputado en la sumaria 12–000096–621–PE, lo cual le permitía figurar ante la opinión pública como un candidato a alcalde sin causas penales, hechos que a criterio del Ministerio Público constituyen un delito de tráfico de influencias en su modalidad agravada, afirmó Melissa Rodríguez Quirós, quien representa a la Fiscalía junto a su compañero José Pablo Miranda Hurtado.
La funcionaria agregó que a lo largo del contradictorio van a acreditar los hechos acusados.
Poco después, la licenciada Paola Madriz Pérez, de la Procuraduría General de la República, presentó el reclamo civil al considerar que se generó “un daño a la sociedad”.
Afirmó que, a partir de un análisis matemático, se estimaron diversos montos para las personas que figuran como imputadas en el proceso.
“Por un acto de corrupción, una violación grosera al deber de probidad, esta representación reclama una indemnización a Johnny Araya de ¢12 millones, ¢15 millones a Celso Gamboa y ¢15 millones a Berenice Smith”, precisó Madriz.
En tanto, todos los defensores de los acusados insistieron en que no hubo ninguna ilegalidad de sus representados y que demostrarán, a lo largo del debate, que no se incurrió en un delito.
Además, criticaron que la prensa haya tenido acceso a la información sobre causas judiciales en contra de los candidatos a alcaldes de aquel momento, al considerar que hubo una falta al artículo 295 del Código Procesal Penal.
Johnny Araya: ‘Celebro este juicio (...), es una oportunidad para aclarar los hechos’
Como parte del debido proceso en un debate, los acusados fueron identificados y, posteriormente, el juez presidente, Roy Jiménez Mata, les preguntó si querían declarar.
Celso Gamboa fue el primero en sentarse en el banquillo y, en lugar de dar su versión de lo ocurrido, pidió que se leyera la declaración indagatoria que él brindó al Ministerio Público como parte del proceso, en la que negó los cargos de tráfico de influencias.
Después, el exmagistrado respondió preguntas de su abogada y hermana, Natalia Gamboa Sánchez, espacio en el que descartó una amistad con Johnny Araya e insinuó problemas con la periodista de la Fiscalía, Tatiana Vargas Vindas.
– ¿En el pasado tuvo algún problema con Tatiana Vargas Vindas?
– Tuvimos una amistad íntima en algún momento, muy personal. Yo luego me fui un tiempo del Poder Judicial, la retomamos después cuando regreso y por circunstancia de vida la oficina de prensa me es asignada a mí (...).
“Tuvimos una amistad que no terminó en los mejores términos, los seres humanos todos nos equivocamos”.
– ¿Dónde declaró usted?
– En la Fiscalía de Fraudes, específicamente, en el único escritorio que se puede ver por televisión, que pueden filmarlo a uno.
Posteriormente, Berenice Smith se abstuvo de declarar, mientras que Johnny Araya realizó una serie de manifestaciones sin responder consultas.
El actual alcalde de San José aseguró estar contento por el inicio del juicio, ya que considera que es una oportunidad de demostrar que no hizo nada ilegal.
“Celebro mucho y me alegra que estemos en este juicio, es una oportunidad para aclarar los hechos, para demostrar que mi actuación estuvo apegada a derecho y por ello es que rechazo los cargos”, aseguró Araya.
El jerarca municipal destacó que en el oficio número 1625–2018, de la Corte Suprema de Justicia, de diciembre del 2018, los altos jueces concluyeron que él actuó apegado a derecho al solicitar a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por medio de una carta, que se certificara que él no figuraba como imputado dentro del expediente 12–000096–621–PE, en el que se investigaba una presunta influencia a la hacienda pública.
Ese documento, del cual La Nación tiene copia, precisa que “consideró el órgano director que propiamente la gestión planteada por el señor Johnny Araya Monge en cuanto a aclarar su condición dentro del proceso penal, resulta válida y legítima como usuario del sistema que se siente perjudicado, como bien se indica en los alegatos conclusivos; no obstante, un usuario no tiene porqué saber cuáles son los procedimientos internos de una determinada oficina o institución, básicamente puede pedir lo que le parezca a su leal saber y entender, pero es el funcionario público el que está obligado a denegar gestiones improcedentes o adecuarlas a los procedimientos o normas.
“En el caso concreto, el procedimiento realizado por el encausado Gamboa Sánchez para dar respuesta a esa solicitud del usuario Araya Monge resulta irregular y contrario a lo dispuesto en el expediente”.
Poco después, uno de sus abogados, Alfonso Ruiz Ugalde, pidió que el acta mencionada por su cliente fuera incorporada como prueba.
Los jueces determinaron que, más adelante, analizarían esa petición; empero, la licenciada Natalia Gamboa se opuso a que se acepte el documento, al argumentar que se trataba de un proceso privado llevado contra su cliente, Celso Gamboa.
Por su parte, el Ministerio Público pidió que se incorporara de una vez, para evitar que eso hiciera que los testigos tuviesen que ser llamados más de una vez; no obstante, los jueces mantuvieron su posición inicial y dejaron para después el análisis de la aceptación del documento.
Se prevé en este juicio, que se extenderá al menos hasta el próximo 5 de marzo, que 10 personas rindan su testimonio. La primera de ellas es la periodista Mercedes Agüero Rojas, quien para el 2015 y 2016 laboraba en La Nación.
Inicialmente, su declaración comenzaría este jueves, pero por temas de tiempo se programó para este viernes a partir de las 8:30 a. m.
El Tribunal Penal a cargo de este debate está compuesto por las juezas Adriana Tenorio Jara e Ivannia Delgado Calderón y el juez Roy Jiménez Mata, quien preside.
Atraso
Este contradictorio estaba agendado originalmente para enero del 2020, en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. Sin embargo, en aquel momento, los abogados Federico Campos Calderón y Francisco Dall’Anese Ruiz pidieron que se tomara en cuenta una “incapacidad psiquiátrica” de Smith, su clienta.
Ante esa situación, no inició y fue hasta este jueves 25 de febrero que, finalmente, el Ministerio Público leyó la acusación.
Empero, antes de esto hubo un atraso de más de media hora, debido a que los jueces obligaron a cumplir las medidas de distanciamiento físico establecidas por el Ministerio de Salud debido la pandemia por covid–19, a la gran cantidad de participantes en el proceso.
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El caso
A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, del cual, al final, fue desestimada en marzo del 2016.
Por estos hechos, se abrieron dos expedientes penales, uno contra Gamboa y otro contra Smith y Araya.
No obstante, como en abril del 2019 un total de 39 diputados votaron a favor de destituir a Celso Gamboa como magistrado penal, por interesarse “indebidamente” en asuntos judiciales del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, la acusación se agrupa ahora en un mismo expediente para los tres.
Los hechos que originaron el primer expediente se remontan a diciembre del 2015, cuando La Nación pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.
Información actualizada a las 5:01 p. m. con datos de Celso Gamboa y Johnny Araya.
