Luego de pasar una temporada en Costa Rica, el español Joaquín Burgués Valera alquiló en el 2014 el Hotel Sueño Español, en Escazú. Pero su intención no era que dicho negocio operara de forma legal, sino que su interés era ponerlo a funcionar como un prostíbulo.

Para conseguirlo, Burgués consiguió a cuatro menores, de edades entre los 13 y los 17 años. Si un cliente quería un encuentro sexual con alguna de ellas, él le cobraba $200 (cerca de ₡120.000 a tipo de cambio de hoy). Por esa tarifa, los clientes podían tener sexo con las muchachas dentro del hotel.

Si querían sacarlas de ese negocio y llevarlas a otro sitio, debían pagarle a Burgués ₡20.000 adicionales.

"Las mujeres menores edad (cobraban) $200 por mantener una relación sexual, sin importar el tiempo. (Eran) relaciones sexuales que se mantenían dentro del local, finalizando la relación cuando el hombre con el que se encontraran lograra eyacular.

“Además, debían cobrarle ₡20.000 más, monto que era entregado al acusado, en caso de que el cliente quisiera salir con ellas del hotel, lo cual constituía el derecho de salida (no detalla cómo funcionaba ni por cuánto tiempo era brindado)”.

Lo anterior es un extracto de la sentencia 615-2018 del Tribunal Penal de Pavas, en donde quedó en firme el procedimiento abreviado al que se sometió el sujeto y por el cual recibió una condena de tres años y once meses de prisión.

Sin embargo, tras recibir esa sentencia, Burgués se fugó y, actualmente, es el proxeneta más buscado del país. Tiene 63 años.

De hecho, ese sujeto figura, desde junio pasado, como una las diez personas más buscadas por todo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Pese a darlo a conocer en medios de prensa, no hay pistas que permitan establecer dónde está.

Lo único que se sabe es que, en caso de que haya salido de Costa Rica, no lo hizo de forma legal, puesto que la Dirección de Migración y Extranjería no le registra salidas del país.

Se consultó desde hace cuánto se tuvo conocimiento de la fuga de este hombre y si la orden de captura también es internacional, pero, al cierre de este artículo, el Poder Judicial no respondió al correo electrónico enviado.

Les daba condones, camas y sábanas

Cuando buscaba a las menores que pretendía explotar sexualmente, Burgués seleccionaba a muchachas en claras condiciones de vulnerabilidad, tales como el estatus migratorio irregular, se lee en el fallo emitido por la jueza Andrea Ramírez Solano.

Las víctimas eran una de 13 años, dos de 15 y otra de 17. Esa era la edad que tenían al momento de la detención de Burgués y del allanamiento al hotel El Sueño Español.

Ellas trabajaron en ese negocio escazuceño desde el 13 de abril del 2016 hasta el 10 de setiembre del mismo año; no obstante, la sentencia no ahonda en si ellas debían permanecer siempre allí o si podían ir a sus viviendas, por ejemplo.

La manera cómo ellas se encontraban a lo interno de ese local tampoco se detalla en la sentencia. Lo único a lo que hace referencia la juzgadora es a que el proxeneta las obligaba a cobrar los $200 a los clientes, más el derecho de salida, en caso de que fueran a salir del hotel.

Burgués, por su parte, les daba los condones, las camas y las sábanas a las víctimas:

"Él suministró a las menores ofendidas el espacio físico así como los paños, sábanas, camas y los condones que utilizaron para la realización de actos sexuales remunerados con terceros, los cuales contactaban al acusado por medio de mensajes de WhatsApp o, bien, se presentaban al hotel subarrendado por el acusado.

“Una vez que elegían con quién tener relaciones sexuales, (los clientes) pagaban una suma establecida por el acusado (...). Burgués, de manera gratuita, proporcionaba a los clientes condones y, además, expendía de manera ilegal bebidas alcohólicas", reprochó la jueza.

Pese a que sus ingresos fuertes provenían de los encuentros sexuales que mantenían las menores con terceros, las autoridades pudieron comprobar que Burgués también prostituía a cinco adultas. Sus edades se desconocen.

Sin embargo, presumen que la cantidad de víctimas que sobrepasaban los 18 años de edad era mucho mayor. Por ellas, el proxeneta cobraba $100 y ₡20.000 por el derecho de salida del hotel , recalca la sentencia.

La detención

La mamá de una de las víctimas (se desconoce cuál) se enteró de la situación y por ello interpuso denuncia penal para que se investigaran los hechos.

En paralelo, una llamada anónima alertó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre lo que ocurría a lo interno del hotel escazuceño. Esa entidad pasó reporte también al Ministerio Público para lo correspondiente.

La Fiscalía ordenó al OIJ hacer las investigaciones respectivas y, en medio de eso, un agente encubierto solicitó el servicio sexual con una de las mujeres presentes en el sitio, “a quien se le cobró por tales servicios la suma de ₡70.000”.

LEA MÁS: OIJ allana bar en Escazú y detiene a dueño por proxenetismo agravado

El policía pagó con dinero que fue previamente marcado por la autoridad jurisdiccional, “evidenciándose así el proxenetismo al que se dedicaba el imputado Burgués Valera”, puntualizó la jueza.

Por ello, el hombre fue detenido el 10 de setiembre del 2016 y, poco menos de dos años después, se sometió a un proceso abreviado al aceptar su responsabilidad de un delito de proxenetismo y otro de proxenetismo agravado.

Por ello, se le condenó y, según dispuso la juzgadora en aquel momento, no se le concedió el beneficio de ejecución de la pena porque esta superaba los tres años de prisión.

“Ahora bien, en virtud de que el encargado ha cumplido parte de la pena en prisión, estando en prisión preventiva, será el juez de ejecución de la pena con el debido cómputo de la pena que realice los cálculos respectivos y valore la posibilidad de algún beneficio distinto como la libertad condicional regulado en el numeral 64 del Código Penal”, concluyó la jueza.

Se intentó conocer qué decisión tomó el Juzgado de Ejecución de la Pena respectivo, pero no se obtuvo respuesta a un correo enviado al Poder Judicial.

Si usted tiene información que permita dar con el paradero de este sujeto, puede comunicarse al 800-8000-645, de la línea confidencial del OIJ.