EscucharEn un principio, octubre del 2018 era la fecha fijada para que empezara a regir la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
Más de cuatro años después, el Poder Judicial aún no ha logrado reunir el presupuesto para activar estos nuevos despachos, que se enfocarían en casos vinculados a organizaciones de narcotraficantes, grupos dedicados a la trata de personas, pornografía, o bandas de asaltantes bancarios.
Ahora, los magistrados están a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto número 23.090, el cual, estiman los altos jueces, ayudaría a disminuir hasta en un 65% el costo de operación de los centros especializados.
Patricia Solano, magistrada de Sala Tercera y vicepresidenta de la Corte Plena, explicó a La Nación que en un principio la jurisdicción iba a costar ¢44.500 millones, pero luego de diferentes medidas tomadas por el Poder Judicial, más la posible aprobación de la reforma contemplada en el proyecto de ley número 23.090, estos costos bajarían a ¢15.583 millones.
Uno de los rubros que más disparaba el costo era la protección a los funcionarios de esta jurisdicción.
Solano indicó que la iniciativa original, aprobada en el 2017, “le daba protección 24/7 a todas las personas funcionarias que laboraran en la jurisdicción especializada, tanto a ellas como a sus parientes”.
Para enmendar esto, la propuesta de reforma indica que “quienes se desempeñen en la jurisdicción especializada tendrán protección especial solamente cuando surjan factores de riesgo por el ejercicio de sus funciones que así lo hagan necesario, según los estudios técnicos respectivos”.
También, se disminuiría en unos ¢3.000 millones el costo de la jurisdicción gracias al traslado de despachos al nuevo edificio de 14 pisos llamado Torre Judicial, ubicado al costado norte de la Corte Suprema de Justicia.
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Otra disposición que elevaba considerablemente el presupuesto requerido era que todos los asuntos de crimen organizado iban a concentrarse en la misma jurisdicción, con sede en San José, lo cual tampoco sería sostenible para el funcionamiento del Poder Judicial.
Para evitar este tipo de saturación, el expediente número 23.090 aclara que “los asuntos de delincuencia organizada o criminalidad organizada podrán ser tramitados en la jurisdicción penal ordinaria, o bien, en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada”, según lo considere el Ministerio Público.
“En poco tiempo esa jurisdicción iba a colapsar. Muchos de los asuntos de delincuencia organizada demoran no unos días, sino que demoran semanas, meses y algunos han superado también el año”, detalló la magistrada de Sala Tercera, Sandra Zúñiga, quien puso de ejemplo el juicio de la banda del Gringo, que después de más de un año finalizó el 4 de noviembre.
Solano también señaló que ya tienen la experiencia en los asuntos de probidad y corrupción, que los tramita el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, y representan un gran desafío para las esferas judiciales porque todos los casos de corrupción del país terminan en esos estrados.
El trámite en la jurisdicción comprenderá jueces, fiscales y abogados defensores especiales, así como plazos más amplios para cada etapa del proceso penal.
Selección especial
Para designar a este personal, las autoridades judiciales realizarán perfiles de todas las personas que participen por los puestos en concurso. Asimismo, los aspirantes pasarán por una prueba de idoneidad formulada por los técnicos de Gestión Humana del Poder Judicial. Algunas plazas de jueces serán nombradas por la Corte Plena, mientras que otras por el Consejo Superior del Poder Judicial.
La jurisdicción también contará con la particularidad de que los nombramientos se harán por un periodo de hasta ocho años, sin posibilidad de reelección inmediata. Cada dos años, los funcionarios serán evaluados nuevamente para comprobar que mantienen la idoneidad que requiere el puesto.
El texto detalla que un nombramiento “podrá ser ampliado por el término necesario para finalizar actos procesales u otras asignaciones en curso, a su cargo, debidamente justificados, o hasta que se nombre a la persona que deberá asumir el nuevo período”.
Este proyecto fue presentado por el Gobierno de Carlos Alvarado, en los últimos días de su gestión, en mayo pasado.
Solano lamentó que casi seis meses después, el texto no haya sido aprobado en el plenario, pues las expectativas en Corte Plena eran que en noviembre ya estuviera vigente y la jurisdicción iniciara actividades en el primer bimestre del 2023.
“Nosotros teníamos todo preparado para hacer los concursos y haber hecho la selección del personal, pero tenemos que esperar ante la incerteza de si podemos iniciar este año o en qué momento vamos a iniciar”, indicó la magistrada, quien espera que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto en sesiones extraordinarias del Congreso.
Sobre qué ha provocado la demora en el trámite de la reforma, la presidenta de Sala Tercera consideró que “esos son los acuerdos legislativos, las prioridades que tienen algunos”.
Otra arista que tiene en vilo al Poder Judicial es la aprobación del presupuesto del próximo año, el cual incluiría un recorte de ¢7.838 millones, según la propuesta del Gobierno enviada a la Asamblea Legislativa.
Inicialmente, este poder de la República había planteado un presupuesto de ¢492.219 millones, dentro de lo que se incluyen recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y para la remodelación del espacio físico en el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.
No obstante, Hacienda rebajó el plan a ¢484.371 millones. En un oficio del 26 de agosto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó a la Corte Plena que “a pesar de los esfuerzos de esta cartera para mejorar la gestión de la deuda, dada la magnitud actual y proyectada de la misma, se requieren medidas extraordinarias para detener el crecimiento exponencial de los intereses”.
Solano aseguró que los diputados han revertido los recortes presentados por el Poder Ejecutivo, pues la Comisión de Asuntos Hacendarios devolvió al plan de gastos ¢6.400 millones de los ¢7.838 millones que Hacienda pretendía rebajar inicialmente.
