EscucharEl 12 de noviembre de 2002, Gloria Abigail Niño Canales, considerada en ese entonces una de las mayores traficantes de personas de escala mundial, fue condenada a 12 años de cárcel en Costa Rica. Según las investigaciones de la época ella y su organización eran los responsables de mover hasta 10.000 extranjeros ilegales por año a Estados Unidos.
Su nombre volvió a la luz pública este martes 23 de mayo, cuando fue capturada, a los 67 años, por liderar una organización dedicada a procesar, distribuir y comercializar marihuana hidropónica en Heredia. Además de ella, quedaron detenidas 15 personas más, incluidos dos de sus hijos.
Publicaciones de La Nación que datan de diciembre de 1995, indican que Niño Canales, a quien denominaban la Reina de los Coyotes, era la líder de una red internacional de tráfico de extranjeros que operaba desde nuestro país. La investigación sobre este asunto, que empezó seis meses antes, permitió determinar que la mujer y su grupo cobraban hasta $20.000 por cada suramericano, chino e indio que movilizaban hasta los Estados Unidos.
En el camino, pagaban sobornos de hasta $17.500 para mover grupos de viajeros ilegales sin que hubiera obstrucción de autoridades migratorias de los distintos países. Incluso, en aquella época una fuente policial agregó que se sospechaba de funcionarios ticos que encubrían el trasiego a cambio de jugosos pagos.
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El 1.° de diciembre de aquel año, luego de las labores de inteligencia de Interpol de Honduras, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y otros cuerpos policiales de otros países, fue detenida en Quito Ecuador y posteriormente deportada a Honduras.
En aquella nación centroamericana era investigada por los homicidios de nueve ciudadanos indios que fallecieron mientras viajaban por el golfo de Fonseca, que comparten Honduras, Nicaragua y El Salvador.
“Un testigo hindú que sobrevivió y rindió declaraciones en un juzgado hondureño aseguró que Gloria –quien usaba cinco identidades diferentes– fue quien dio la orden de matarlos, luego de que la guardia costera salvadoreña los detectó. Esa versión fue confirmada por Sonny Reina Espinoza, uno de los supuestos coyotes de la organización que colaboró con las pesquisas en Honduras”, agrega la nota publicada por La Nación el 14 de diciembre de 1995.
Se desconoce qué pasó después con este proceso judicial.
Empero, ella fue deportada a Costa Rica y enjuiciada. En noviembre del 2002, los jueces, María Elena Gómez, Joaquín Villalobos y Rónald Cortés, la condenaron por ocho delitos de falsedad ideológica (insertar en un documento público declaraciones falsas), ocho de penalidad del corruptor (entregar dinero a un funcionario público) y uno de asociación ilícita.
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Aunque a la extranjera se le señaló como líder de un grupo dedicado a traficar personas hacia Estados Unidos y otras naciones, en Costa Rica no se le pudo procesar por ese cargo pues el trafico de personas no estaba tipificado en la legislación local.
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La mujer de origen peruano obtuvo la nacionalidad costarricense en 1987, tras haberse casado con un ciudadano costarricense, de quien se divorció en 1994. Vivía en la casa 134 del Residencial Los Arcos, en Belén de Heredia.
