EscucharGilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, nació en Turrialba hace 60 años, pero la mayor parte de su vida ha transcurrido en Limón.
Durante años, su nombre ha resonado en la provincia del Caribe, enfrentándose a múltiples detenciones, juicios de diversos tribunales, liberaciones y comparecencias ante la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea.
Desde el 2016, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo catalogó como un importante traficante de drogas en la costa del Caribe costarricense y este miércoles 15 de noviembre esa nación de nuevo lo cita como un narcotraficante que ha favorecido la escalada de violencia.
Así como la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad han derribado recientemente instalaciones portuarias construidas irregularmente en terrenos estatales, a Macho Coca también le despojaron, en agosto del 2015, de un enclave portuario erigido en terrenos estatales, en Portete.
La causa penal en su contra por usurpación de ese muelle en Limón prescribió en julio de 2019, y en ella fue absuelto también al alcalde del cantón, Nestor Mattis Williams, acusado de incumplimiento de deberes.
El 1.° de octubre del 2015, Bell y Mattis comparecieron ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea y ambos negaron conocimiento sobre la construcción del muelle ilegal en Portete, que aparentemente fue utilizado para actividades de narcotráfico. En ese lugar, la Policía capturó en noviembre de 2014 una lancha cargada con 318 kilos de marihuana comprimida traída de Jamaica.
En esa sesión, un diputado le preguntó por qué le dicen Macho Coca. “A mí todo el mundo me llama Gilbert o solo Macho”, respondió.
Y agregó: “Mi presentación es mi hoja de delincuencia que aquí se las dejo: nunca he sido indagado, ni procesado, ni condenado por ningún delito y todo lo que la prensa ha dicho de mí es falso”.
Menos de dos semanas después, Bell fue detenido en Limón por presuntamente comprar el silencio de oficiales de tránsito para poder trasegar cocaína y marihuana por la ruta 32, entre Limón y San José.
La Fiscalía solicitó la inhabilitación del cargo sin salario para tres oficiales de Tránsito, acusados de recibir dádivas de un grupo narcotraficante liderado presuntamente por Bell Fernández. Aunque fueron detenidos como sospechosos de dejar pasar camiones con droga entre Limón y la capital, posteriormente, quedaron en libertad, y la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada los desvinculó de la causa.
En esa época, Bell se desempeñaba como asesor en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), entidad encargada de autorizar la entrega preferencial de combustible a pescadores. Una vez que trascendió su captura, el Incopesca lo destituyó como asesor pesquero, tras seis meses en el cargo.
Su designación como asesor del esa entidad estatal fue promovida por Anita Mc Donald, quien formaba parte de la Junta Directiva del Incopesca y mantenía lazos familiares con Bell Fernández, al tener un hijo con un hermano suyo. Posteriormente, Mc Donald fue destituida de su cargo como directora en el Incopesca por violaciones a la probidad.
Entre el 2015 y el 2016 La Nación informó de que las embarcaciones de Bell gozaban de exoneración de combustible para las faenas, algunas de ellas desde el 2008.
Otros procesos
En febrero del 2012, enfrentó un proceso judicial por extracción de piedra de un terreno en Río Blanco de Limón. En esta investigación, estuvieron involucrados su esposa, Andria Araya, y el alcalde Nestor Mattis. Sin embargo, fueron absueltos en el 2018.
En el 2017, el narcotráfico y la legitimación de capitales lo llevaron a los estrados judiciales, pero en el 2018 la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa en el Tribunal Penal de Goicoechea.
El 5 de junio del 2018, Bell Fernández fue detenido junto a una organización dedicada al robo de combustible del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo. Fue investigado por robo agravado y asociación ilícita. Sin embargo, el 26 de julio de 2018 quedó en libertad junto a los otros 14 sospechosos de esos robos cuantificados en más de ¢2.092 millones.
Actualmente, la Fiscalía sostiene que hay investigaciones en curso relacionadas con Bell Fernández, pero debido a que se trata de un proceso en desarrollo, no pueden brindar más detalles al respecto.
