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La aplicación Tik Tok, que permite a los usuarios hacer divertidos videos cortos, tomó fuerza en el país en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus: Cientos se unieron para hacer más llevadero el confinamiento solicitado por el Gobierno.
Sin embargo, entre esos nuevos usuarios hay reos de cárceles costarricenses, quienes a vista y paciencia de muchos toman el celular, cuyo uso es prohibido en las prisiones, y se graban bailando y haciendo cuanta dinámica exista en esa aplicación.
Es decir, mientras el bloqueo de la señal celular sigue sin llegar a los centros penales, los reclusos aprovechan el libre acceso a los teléfonos para divertirse, hacer estafas y, en síntesis, para mantenerse en contacto con el mundo exterior.
En unos videos que obtuvo La Nación, se observa principalmente a dos presos haciendo distintas coreografías, mientras uno de ellos está en constante vigilancia para evitar ser atrapado por algún policía penitenciario que haga ronda.
En otra de las grabaciones, un privado luce completamente relajado y hasta tiene de público a sus compañeros de celda, quienes ríen con sus movimientos.
Como si eso no bastara, uno de los reclusos tuvo el tiempo para interactuar con sus seguidores, quienes le pedían el favor de saludar a otras personas que están en el “pequeño mundo”, como se le conoce popularmente a la cárcel.
Otros de los seguidores le preguntaban dónde estaba preso, a lo cual él respondía que estaba en Puesto 10 de La Reforma, en Alajuela.
Ante esto, se le envió una consulta al Ministerio de Justicia y Paz, para conocer si saben de esta situación y qué procede.
La respuesta fue: “Existe una investigación de la Policía Penitenciaria para determinar el origen del video, pues días atrás se recibió la alerta.
“En apariencia habría sido tomado en uno de los centros penitenciarios del Complejo Occidente. Las autoridades procuran determinar cuándo fue filmado, e identificar a las personas que aparecen en él”.
Aseguró que este procedimiento es el que corresponde cada vez que aparecen estos videos.
Añadió que, una vez identificados, se indagaría para conocer si se usó el teléfono para la comisión de un delito. En caso de que lo haya utilizado para un fin meramente de diversión, “el privado de libertad puede ver afectada su progresión con miras a la inserción social desde el punto de vista de la atención técnica”.
Es decir, cuando ese reo quiera optar por un cambio a un régimen semiinstitucional, esta situación podría jugarle en contra.
¿Y el bloqueo?
Este tipo de situaciones traen a colación el bloqueo de la señal celular, que debió entrar en funcionamiento en abril pasado.
El jueves 23 de julio, antes de que se conocieran esos videos en Tik Tok, se le consultó a Justicia sobre qué pasa con este proyecto, a lo que se limitó a responder que “en los próximos días se harán anuncios sobre el tema”.
Este martes, a propósito de las grabaciones se insistió con el bloqueo y la respuesta fue la misma: “Oficialmente lo que podemos informar es que se está avanzando y que en los próximos días el Ministerio va a hacer anuncios”. Sin embargo, no precisan cuándo informarán sobre esos avances.
Cabe recordar que este proyecto fue aprobado en agosto del 2018 por votación unánime; sin embargo, el transitorio de la norma indicó que debía entrar a regir nueve meses después de publicado su reglamento.
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Después de mucha polémica alrededor, el reglamento fue publicado el 11 de julio del 2019, lo cual establecía que el 11 de abril pasado estuviera funcionando el bloqueo. Sin embargo, desde el minuto uno, las operadoras, quienes deben velar por la inhibición de la señal, se opusieron al considerar que era poco tiempo para ejecutarlo.
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Pese a eso, Justicia aseguró, en abril, que todo marchaba bien hasta que llegó la pandemia por el nuevo coronavirus al país.
Según justificó la cartera, el cierre de fronteras nacionales que se ejecutó el 16 de marzo, obstaculizó la llegada de los técnicos extranjeros que debían certificar el sistema de bloqueo. Sin eso, agregó, no se puede poner en uso y, en Costa Rica, no existe nadie certificado para dar la validación, añadió.
Aseguró, eso sí, que el proyecto tenía un 75% de avance, sin entrar en mayores detalles.
Debido a que el plan está atrasado, lo único que se hace actualmente es echar mano al buen olfato de los policías penitenciarios para detener el ingreso de celulares a las prisiones.
El ministerio indicó que, en los primeros seis meses del año, se decomisaron 1.201 aparatos en todo el sistema, mientras que en todo el 2019, fueron 3.145.
Por su parte, el diputado Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, aseguró que es muy desafortunado que, pese a que los legisladores aprobaron una ley para evitar uso del celular en las cárceles, aún no se haya podido concretar el proyecto.
“Uno entiende que, en medio de la pandemia, es difícil traer a los expertos que requieren para la certificación, pero esperamos que con la reapertura de fronteras, Justicia se ponga detrás de ello y se comience a ejecutar. Para nosotros (en la comisión legislativa) seguirle el pulso a esto es una prioridad”, apuntó.
