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Reos considerados no peligrosos podrán salir de la cárcel con el fin de que se disminuya el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense.
Así lo confirmó este jueves la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, quien explicó que el plan beneficiaría a condenados por delitos menores.
Ellos serían reubicados en cualquiera de los 12 Centros de Atención Semiinstitucionales (CASI), que están distribuidos por todo el país y también están sobrepoblados.
En esa modalidad, los sentenciados deben cumplir requisitos como tener un trabajo, estudiar o dormir de uno a cinco días en el CASI.
Pese a que la idea ya está en marcha pues los directores de cada cárcel buscan a los presos con los perfiles adecuados, Sánchez aseguró no tener una cifra estimada de cuántos reos sacarán. “Primero tenemos que hacer un estudio de calificación de perfil. No se tiene una proyección”, afirmó.
De hecho, expresó que será un proceso paulatino.
Lo que sí puntualizó es que, tal como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, Justicia buscará reducir la sobrepoblación, la cual hoy es de un 52% en todo el sistema penitenciario. Los centros tienen 13.907 reclusos y la capacidad real es de 9.130.
El objetivo es cerrar este año con un 36,4% de hacinamiento en cárceles; es decir, bajarlo un 15,6% (unos 1.400 reos).
Mientras tanto, la meta para el 2018 de ese Ministerio es tener un 20% de sobrepoblación. “Es una cifra que sigue siendo crítica, pero al menos no genera las vulneraciones actuales”, manifestó Sánchez.
La ministra aclaró que no solamente reubicarán a los presos, sino que buscarán medidas para evitar el encarcelamiento, sin detallar cuáles.
“Es un reto del Ministerio: romper el paradigma que aduce que la prisión resuelve los problemas de seguridad”, aseveró.
Perfil. Sánchez dijo que este miércoles le solicitó a los directores de las cárceles que hagan un estudio de posibles candidatos para recibir el beneficio.
¿Cuál es el perfil que debe tener el preso? “Lo que pedimos es que comiencen con los que están por cumplir su sentencia, con la gente que está en menor contención, que es más tranquila, que no son peligrosos”, respondió.
Además, los reos tienen que estar cumpliendo penas por delitos menores; no pueden ser reincidentes y no deben de tener causas pendientes.
Cuando el director del centro penal haga su selección, los datos pasarán a manos del Instituto Nacional de Criminología, que dará el aval final.
El Ministerio prevé que para finales de setiembre ya podrían tener un “número importante” de reos para reubicar.
Bien vista. La decisión es alabada por Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
“Costa Rica es uno de los cinco países de América Latina con tasas más altas de presos (...). Las tasas de encierro subieron aceleradamente: pasaron de 104 por cada 100.000 en 1992 a 341 por cada 100.000 el año pasado. Y ahora ya están más altas”, dijo.
Por ello, considera favorable esta decisión de reubicar a los reclusos. “De lo que se trata es que Costa Rica, que es un país que ha hecho historia por su respeto a los derechos fundamentales y que tiene un sistema de justicia aceptable, evite estar hacinando personas y evite que lo lleven a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, comentó.
También llenos. En este momento, los 12 Centros de Atención Semiinstitucionales existentes ya tienen sobrepoblación.
Según datos brindados por Justicia, la capacidad instalada para todos los centros es de 676, pero la población total que manejan es de 3.965.
Por ejemplo, el CASI de San José es para recibir a 190 reclusos; sin embargo, tiene 1.202.
La ministra aseguró que, al pretender enviar más presos a esos centros, deberán hacer mejoras en las estructuras ya existentes para estos fines, y reconoció estar preocupada por el recorte de ¢24.000 millones al presupuesto de la cartera para el 2016.
Pero Marco Feoli, viceministro designado de Justicia, aseguró: “Por más que tengamos que hacer ajustes de estructura (en los CASI), la situación nunca va a ser peor que la que pasa en regímenes institucionales (...). Siempre va a ser una ganancia con referencia al tema del hacinamiento carcelario”.
