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Para evitar la propagación del brote de paperas que se desató desde setiembre en todo el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia y de Salud decidieron el jueves limitar la visita a solo una persona por cada reo.
Dicha medida causó tal molestia en los internos de Mediana Cerrada del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, que 10 de ellos incitaron a casi un centenar a protestar a eso del mediodía de este sábado.
Como parte del motín, quemaron colchonetas, ropa y madera. También dañaron puertas y paredes, según confirmó la oficina de prensa de Justicia.
Debido a lo ocurrido, 42 privados de libertad fueron atendidos y al menos 14 trasladados al hospital.
Además, 10 policías penitenciarios resultaron golpeados.
La Policía Penitenciaria, tras controlar la situación, logró identificar a los 10 cabecillas, quienes fueron trasladados a otros módulos del complejo penal.
“Después de la visita comenzaron a provocar el fuego, tiraron jabones, destruyeron baños, camarotes, por lo que se interviene para reducirlos a la impotencia”, afirmó Pablo Bertozzi, director de Policía Penitenciaria.
Según el último corte de Justicia, se han detectado 496 casos de paperas, de los cuales 403 son privados de libertad y 93 funcionarios. La mayoría de enfermos están recluidos en la prisión Gerardo Rodríguez, en Alajuela, con 109.
Este es el segundo motín que ha trascendido durante este mes. El primero ocurrió el 7 de octubre en la cárcel Gerardo Rodríguez, cuando a eso de las 9 a. m., 15 reclusos tomaron uno de los pasillos de esa prisión, colocaron colchones y les prendieron fuego.
Conforme pasaban los minutos, más y más reos se sumaron al movimiento, al punto en el que más de 900 privados de libertad participaron; unos de forma activa y otros únicamente de forma pasiva (dando gritos de apoyo al movimiento), confirmó en aquel momento Bertozzi.
Esa situación alertó a las autoridades, puesto que se trató de la mayoría de la población penal y temían que se saliera de control. En la actualidad hay 1.148 personas recluidas allí, pese a que su capacidad real es de solo 794 campos, según datos brindados por ese ministerio.
