EscucharA pesar de que en el 2019 se impuso el bloqueo de señal celular en los centros penitenciarios de Costa Rica, aún se reportan miles de denuncias por estafas telefónicas. Según estimaciones judiciales, el 80% de estos delitos son cometidos desde las cárceles.
En los primeros cinco meses del 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró 8.357 casos. Si bien esto representa una disminución del 27,6% con respecto al mismo periodo en el 2022, las cifras siguen alarmando a las autoridades.
En entrevista con La Nación, el viceministro de Justicia y Paz, Exleine Sánchez, señaló que se han realizado estudios de campo en cárceles con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), entidad que constató que hay redes inalámbricas en los alrededores del complejo de La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a las que se pueden conectar los privados de libertad.
El viceministro aseguró que tienen conocimiento de que grupos criminales activan redes inalámbricas cerca de las cárceles para que, desde adentro, se puedan realizar las estafas. De igual forma, entre mayo del 2022 y mayo del 2023 se decomisaron 3.098 celulares en las prisiones del país.
Sánchez consideró que no hay forma de impedir el bloqueo de esas señales inalámbricas, pues la ley 9597, aprobada por el Congreso en el 2018 para evitar que sigan las estafas desde las cárceles, no contempló el bloqueo de señales de wifi.
“Legalmente no hay nada que hacer, porque eso de momento sería atípico. No habría delito que perseguir ahí”, recalcó.
La norma en cuestión, que reformó la Ley General de Telecomunicaciones, obliga a las empresas de telefonía que operan en el país (en la actualidad Kölbi, Claro y Liberty) a hacer lo necesario para “impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios”.
Para Sánchez, esa redacción permite que, por ejemplo, desde casas cercanas a una cárcel se coloque un dispositivo wifi al cual se conecten los reclusos para continuar con sus estafas. En el 2022, a pesar de los bloqueos existentes, este tipo de delitos le costaron más de ¢4.300 millones solo a víctimas en la provincia de San José.
“¿A qué apostamos nosotros? Precisamente a reformar ese tipo de situación, que es lo que estamos haciendo en este momento, pero no solo en el tema legal, porque usted también entiende que el tema legal en este país es muy lento, todo ese tipo de reformas son muy lentas”, subrayó Sánchez.
En los últimos meses, funcionarios de Justicia se han reunido con personeros de la empresa Polaris, que brinda la tecnología de bloqueo a las tres operadoras, las cuales tienen que pagar por ella.
Dicha compañía, que ofrece el servicio desde que se implementó este sistema, también se ha unido a los estudios de campo para conocer las debilidades del sistema actual.
De igual forma, han buscado maneras de evitar que el bloqueo afecte a los vecinos de las cárceles, problema que aún no se ha eliminado ya que tanto Justicia como las operadoras siguen recibiendo quejas.
“Nosotros estamos investigando algunas otras formas, de junio a la fecha, para tratar de contrarrestar esa situación. Aliados que hemos usado, el gobierno norteamericano por medio del INL (Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley) ha sido nuestro aliado en estudios de campo para ver qué otras formas existen para inhibir ese tipo de redes inalámbricas”, acotó el viceministro.
En cuanto a la reforma de ley, Sánchez no detalló en qué cambiaría la misma y aseveró que aún no ha conversado al respecto con diputados, pues aún lo están tratando de resolver a lo interno para hacer un planteamiento “formal y científico”.
En junio pasado, el recién ingresado ministro de Justicia, Gerald Campos, había afirmado a La Nación que el bloqueo de señal, hasta ese momento, no había servido, y que uno de sus objetivos era reformar la ley para “poder retomar nuevamente la vigilancia desde el sistema penitenciario de todas estas señales”.
