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Un sacerdote con restricciones para desempeñar las funciones clericales enfrentará, por segunda vez, un juicio por un delito de violación y tres abusos sexuales.
La realización del nuevo debate la ordenó el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, el pasado 28 de octubre, al anular el primer juicio, en el cual se dictó una absolutoria por certeza a favor del cura. Ese fallo lo había dictado el 18 de junio del 2018 el Tribunal de Juicio de Pavas.
“Se anula la sentencia impugnada, el debate que le precedió y se ordena el juicio de reenvío ante una nueva integración del órgano de instancia”, determinó la resolución de los jueces de apelación, Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez, Gustavo Gillen Bermúdez y Raúl Madrigal Lizano.
El imputado es un padre de apellidos Villalobos Chaves de 49 años, a quien el Ministerio Público le atribuye una presunta violación y dos abusos sexuales en perjuicio de un menor de edad (16 años al momento de los hechos) y un abuso sexual en perjuicio de mayor de edad.
Los hechos acusados se dieron, supuestamente, entre los años 2005 al 2013, cuando el clérigo se desempeñaba como cura en las parroquias de Los Guido de Desamparados, el centro de Alajuelita y la Y Griega, en San Francisco de Dos Ríos, San José.
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Discrepancia de jueces
Este asunto ha generado dos sentencias. En la primera los jueces Ana Emilia Fallas Santana, Karina Redondo Gómez y Maurice Ghesquiere Briceño, del Tribunal Penal de Juicio de Pavas, luego de escuchar a mas de 10 testigos y el relato de los dos afectados durante el debate de junio del 2018, determinaron que no se logró probar que los delitos acusados realmente ocurrieran.
Para ese tribunal, los relatos de los ofendidos no eran creíbles y por tal motivo absolvieron por certeza, (es decir se le declaró inocente a Villalobos.
Sin embargo, la fiscala Claudia Villafuerte Orellana no quedó conforme con la resolución e impugnó el fallo al considerar que hubo vicios en la valoración de la prueba, pues se le dio mayor credibilidad al relato de los testigos que al brindado por las víctimas.
Es así como el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, el pasado 28 de octubre, genera la segunda sentencia.
En la resolución 2019-1925, los jueces llegaron a la conclusión de que tenía razón la fiscala y que la sentencia del Tribunal de Pavas no cumplía con una debida fundamentación.
La orden de un nuevo juicio la hicieron porque : “(el tribunal de Pavas) omitió la valoración conjunta de todos los elementos prueba que tuvo a su disposición, lo que generó que su argumentación fuese insuficiente y contradictoria y cargada de motivaciones de índole subjetivo (...) que resultan contrarias a las reglas de la sana crítica.
"Se deja claro que no se emite un juicio de responsabilidad ni se afirma que los hechos se realizaron o no, sino que el fallo no ha cumplido con los estándares requeridos por la ley. Así las cosas, lo procedente es acoger los motivos y anular lo resuelto, ordenando su reenvío”.
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Caso en breve
La denuncia contra el sacerdote Villalobos, de 49 años, trascendió en agosto del 2014, cuando el imputado servía en la parroquia de Santa Marta, en la Y Griega, en San Francisco de Dos Ríos, San José. Ahí mismo colaboraba uno de los supuestos ofendidos.
En la denuncia que ese hombre presentó ante la Fiscalía Adjunta de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales en San José, detalló que desde julio del 2012 brindaba servicios en la parroquia como encargado de decoración y colocación de flores.
En su testimonio manifestó que siempre mantuvo una buena relación con el sacerdote Villalobos, hasta que durante el mes de octubre del 2013, el religioso lo invitó a que viera una película en un cuarto de la casa cural. En esa ocasión, según describió la víctima, fue cuando presuntamente se produjo el abuso sexual.
En agosto del 2014 también se presentó ante la Fiscalía un menor de 16 años, quien denunció dos supuestos abusos sexuales que habrían sucedido en el 2005 en la comunidad de Los Guido, en Desamparados.
En ese mismo mes, Villalobos fue separado de su cargo como cura párroco y se le asignaron otras funciones en la arquidiócesis de San José. Dichas medidas están vigentes, confirmó la curia metropolitana.
Pugna económica
En este proceso, la víctima que es mayor de edad había presentado una demanda de ¢15 millones por los daños causados a su integridad. La acción la planteó contra Villalobos.
Cuando el tema lo analizó el Tribunal de Juicio de Pavas se rechazó la solicitud y por el contrario los jueces condenaron a la víctima a pagar ¢3 millones por los gastos procesales.
Sin embargo, la abogada Cathering Aguilera González, de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público y representante del afectado, apeló esa decisión al argumentar que los jueces de Pavas “no desarrollaron ninguna justificación para rechazar la solicitud de pago de la compensación económica y condenarlo al pago de los gastos procesales”.
Sobre este aspecto el tribunal de apelación no se pronunció porque consideraron que ese tema tiene que ser visto en el nuevo debate.
