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La destitución del magistrado de la Sala Primera, Óscar González Camacho, quien está señalado por acoso sexual y laboral contra una jueza, quedó detenida luego de que la Sala IV acogiera una acción de inconstitucionalidad contra el procedimiento seguido.
El despido de González fue solicitado el 27 de mayo ante la Asamblea Legislativa por la Corte Plena, la cual lo halló responsable de cometer la falta. La Constitución Política establece que los diputados son los encargados de acordar la destitución.
Hasta la semana pasada, los legisladores desconocían cómo harían ese procedimiento y esperaban un informe de los asesores. No obstante, aunque ahora definan la forma como se llevará a cabo el proceso, los diputados no podrán tomar ninguna decisión antes de que haya un fallo de la Sala IV.
En el alegato presentado el 24 de julio, el accionante señala que “el nombramiento de un magistrado únicamente puede ser ‘revocado’ mediante el rechazo de su reelección”, informó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
“Estima que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 incisos 9) y 10) de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia ni siquiera puede solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión en su cargo de un magistrado, si no existe de previo autorización legislativa para procesarlo penalmente”, agregó el comunicado.
Ayer no fue posible confirmar quién interpuso la acción.
El proceso contra González se inició en octubre del 2012, cuando la jueza Priscila Quirós lo denunció administrativamente. Un mes después, ella llevó el caso ante el Ministerio Público.