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En tan solo tres días, los magistrados de la Sala IV han recibido nueve recursos de habeas corpus contra la Fiscalía y el Juzgado Penal de Hacienda, en el proceso que se sigue contra 28 personas que desde el lunes 14 de junio están privadas de libertad por supuestos delitos en contratación y ejecución de obras viales.
La acción policial surgió luego de investigaciones donde se detectaron presuntos sobornos y malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), lo cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y parte del 2020.
Los habeas corpus fueron presentados entre el 19 y el 21 de junio luego de que la jueza a cargo de la audiencia, Carolina Lizano, acudió el viernes 18 al recurso de prisión preventiva instrumental, con lo que extendió el periodo de audiencia.
Con esa decisión, también se prorrogó el tiempo que los detenidos han tenido que permanecer en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en Goicoechea, San José.
Originalmente, ese plazo era de 96 horas, mientras se les resolvía su situación jurídica, pero eso solo se cumplió para dos personas que, por inconvenientes de sus defensores, tuvieron audiencias por aparte, con otro juez.
Esas dos personas son el topógrafo del Ministerio de Ambiente y Energía, Luis Alberto Ureña, quien quedó libre y sin medidas, pero sujeto al proceso de investigación, así como de Carlos Abarca, gerente de la constructora Also Frutales.
Abarca quedó libre, pero con medidas cautelares. Debe abstenerse de realizar cualquier tipo de trámite ante el Conavi, entregar el pasaporte, no comunicarse con los coimputados y firmar cada semana ante el juzgado.
De momento, hay 28 detenidos, entre ellos siete mujeres, quienes siguen en celdas del OIJ a la espera de que ocurra la resolución de la jueza o la eventual respuesta favorable de la Sala Constitucional al habeas corpus.
Ese recurso protege las libertades personales y busca que se respeten los derechos de las personas arrestadas.
De los nueve recursos, este martes nueve estaban en trámite y dos en proceso de admisibilidad, informó Alonso Mata, periodista de la Sala Constitucional.
Una vez que el habeas está en curso, se emplaza a la autoridad recurrida para que, en un término de tres días, desde la notificación, responda los hechos que se le achacan.
Cuando la Sala tenga toda la información necesaria procede a resolver.
Los recurrentes alegan que se incumplen artículos como el 20 y 22 de la Constitución Política, referidos a que toda persona es libre y tiene derecho de trasladarse o permanecer en cualquier punto, siempre que se encuentre libre de responsabilidad.
De igual forma, invocan los artículos 37 y 38 de la Carta Magna, los cuales indican que nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y de que ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda.
También alegan violación al principio de proporcionalidad y razonabilidad por la detención y privación de libertad, así como contra el artículo 238 del Código Procesal Penal, referido a la prisión preventiva.
Los abogados defensores terminaron este martes sus exposiciones, que duraron cinco días, incluyendo sábado y domingo, por lo que a eso de las 4 p. m. de este martes, la jornada concluyó.
Según lo dispuesto por la jueza, este miércoles la Fiscalía debe referirse a la prueba de la defensa y después la jueza Carolina Lizano informará cuándo comunica la decisión para cada uno de los 28 sospechosos.
