Aunque este martes terminarán de exponer los abogados defensores de las 30 personas detenidas por el caso de supuestos delitos en contratos para obras viales, la salida de los 28 que quedan en celdas podría extenderse unos días más.

Lo anterior, porque al concluir todos los abogados, se le dará audiencia al Ministerio Público para referirse a la prueba de descargo planteada por la defensa y una vez que eso ocurra, la jueza Carolina Lizano afirmó a las partes que se retirará a deliberar y dictará la resolución de manera oral, en un plazo que es todavía incierto.

“El gran problema es que incluso las personas contra las que el Ministerio Público no pidió prisión preventiva siguen detenidas” dijo el abogado Erick Gatgens, defensor de Mélida Solís, dueña de la constructora H. Solís y de Sonia Solís, hermana de Mélida y secretaria de la constructora Also Frutales.

Explicó que durante esta audiencia se ha caído en varios absurdos.

“Llevan una semana detenidos sin ninguna razón de ser’', afirmó Gatgens.

Insistió en que el proceso ha estado permeado de vicios, como la ausencia de requisitos para que la Fiscalía pudiera aplicar la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Gatgens niega que H Solís haya tenido trámite preferencial con las facturas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), como lo apunta el Ministerio Público.

Sobre las presuntas dádivas, dice que la Fiscalía habla de eso pero no dice cuándo, ni en qué consistieron, ni a quién se le dieron, por lo que presentaron pruebas para demostrar que no hubo trámite expedito.

En relación con un supuesto pacto entre los empresarios Mélida Solís, de H Solís y Carlos Cerdas, de MECO, para favorecer con una licitación a un tercero, el abogado dice que eso es un absurdo, pues ambas empresas son competencia directa y no se puede concebir en un acuerdo así.

Siguen en celdas

Aunque desde un inicio la Fiscalía pidió medidas diferentes a la prisión preventiva contra 16 personas detenidas, una semana después, solo una está libre.

Lo anterior porque su proceso se tramitó aparte, debido a que su abogado no pudo presentarse en el momento que se indagó al resto.

El juez a cargo de esa audiencia ordenó su inmediata liberación el viernes. Se trata del funcionario del Ministerio de Ambiente y Energía, Luis Alberto Ureña.

Por lo anterior, los defensores le han solicitado a la jueza Lizano la salida de celdas de los otros 15 que están a la espera de medidas diferentes a la carćel, pero no se les ha aceptado eso.

Incluso algunos han presentado recursos de habeas corpus a las Sala Constitucional, según explicó a Noticias Repretel el abogado defensor Federico Gutiérrez, quien dijo que el alto tribunal aún no les ha resuelto.

“Estamos esperando que sea la Sala la que nos diga si el Juzgado Penal, por medio de la resolución dictada, tiene las facultades necesarias para limitar la libertad de los imputados”, dijo Gutiérrez a ese medio televisivo.

Otro que tuvo un proceso más ágil por la misma situación fue Juan Carlos Abarca, gerente de la empresa Also Frutales, contra quien originalmente se había pedido cárcel, pero el juez no lo estimó así y desde el domingo comenzó a firmar semanalmente en el Juzgado, además de entregar su pasaporte, como parte de las medidas que debe cumplir por un año.