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Los servidores judiciales despedidos por faltas comprobadas, como acoso u hostigamiento sexual, deberán esperar 10 años para reingresar al Poder Judicial.
Así lo establece un nuevo artículo que se pretende incluir en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y cuyo texto fue aprobado este lunes durante la sesión de la mañana de Corte Plena.
La decisión la tomaron los magistrados al analizar una serie de modificaciones con las cuales se pretende modernizar la legislación interna y establecer la carrera judicial.
Los cambios a la ley se comenzaron a discutir la semana anterior, cuando los magistrados aprobaron variar el artículo 12 de la LOPJ y así ampliar los requisitos para la selección de los futuros empleados judiciales.
Se trató sobre todo de requerimientos de idoneidad que deben tener los candidatos para desempeñar puestos de jueces, fiscales, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o cargos administrativos, entre otros.
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Aunque las reformas ya están aprobadas por Corte, por tratarse de variaciones a la LOPJ, éstas deberán ser enviadas a conocimiento de la Asamblea Legislativa, para que sean los diputados los que las ratifiquen.
Nuevo artículo
El nuevo artículo que se introdujo a la LOPJ es el número 13, el cual había sido derogado el 19 de agosto de 1994 por una resolución de la Sala Constitucional y que hacía referencia a la rehabilitación de funcionarios adictos al consumo de drogas.
La nueva norma establece que los funcionarios despedidos “por faltas comprobadas” no podrán ser nombrados de nuevo en el Poder Judicial hasta después de transcurridos 10 años, a partir del día en que se hizo efectivo el despido.
En el caso de que los separados sean jueces, estos perderán todos los escalafones logrados y tendrán que empezar de nuevo a cumplir todos los requisitos, para seguir ascendiendo en puestos.
Asimismo, se precisó que los despedidos por hostigamiento o acoso sexual, cuando intenten reingresar, deberán someterse a evaluaciones de especialistas para determinar la inexistencia de problemas permanentes de personalidad.
Todavía los magistrados tienen pendientes de revisar otros ocho puntos en la denominada reforma para establecer la carrera judicial, los cuales serán analizados en próximas sesiones.
El plan de modernización en el Poder Judicial se empezó a gestar desde el 2017, cuando trascendieron una serie de cuestionamientos a varios magistrados, así como al ex fiscal general de la República, Jorge Chavarría, los cual sumió al Poder Judicial en una fuerte crisis.
Los magistrados en ese momento crearon varias comisiones con la finalidad de implementar cambios en algunas leyes, para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. El primer trabajo que se aprobó fue la creación de la carrera fiscal en la cual se establece, entre otras cosas, que un funcionario público deberá renunciar y dar un plazo de 10 años para aspirar al cargo de fiscal general.
