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Los sindicatos del Poder Judicial presentaron un recurso de amparo contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, por “agravar enfrentamientos entre poderes”, luego del video publicado por Zamora, junto a directores policiales, criticando a los diputados que cuestionaron las políticas de seguridad del gobierno.
Los gremios expusieron en el amparo, enviado este martes a la Sala IV, que Chaves y Zamora violentaron tres artículos de la Constitución Política al publicar ese video el pasado viernes.
Para los sindicatos, las declaraciones violentaron el artículo 12 de la Constitución Política, que establece que las fuerzas de policía no pueden “deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”, además de que los cuerpos de policía deben estar siempre subordinados al poder civil.
Agregaron que también se infringió el artículo 9, que establece la división de los tres poderes de la República, y el artículo 11, que obliga a los funcionarios públicos “a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella”.
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Un día antes de la publicación del video, Zamora compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero, cuestionó la capacidad de los policías de usar radios y armas.
Luego, la Asamblea Legislativa aprobó una moción para que se investiguen los supuestos nexos del gobierno con el crimen organizado, tras conocerse que el Ministerio de Seguridad desmanteló la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) que estaba en Quepos, Puntarenas, donde operaba desde 2011, para trasladarla a La Rita de Pococí, en Limón, a más de 100 kilómetros del mar.
La investigación, que se hará en la Comisión de Seguridad, recibió el apoyo de 38 legisladores de diferentes bancadas; únicamente votó en contra la fracción oficialista, Progreso Social Democrático (PPSD).
En respuesta, el jerarca publicitó un video en el que aparece acompañado de varios jefes policiales, quienes dijeron al unísono: “Lo juramos y lo cumplimos; por eso, les pedimos: diputados, respeten nuestro uniforme”, e incluso el jefe de operaciones de la Policía Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, dirigió un mensaje a Barquero, solicitándole que los dejara trabajar y agregó que el cuerpo policial a su cargo sí sabía utilizar los radios y las armas.
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En el audiovisual aparecieron los jefes de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía Penitenciaria, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Migración, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Control de Drogas, la Policía de Tránsito, la Policía Turística y la Policía de Control Fiscal.
Los sindicalistas argumentaron que las palabras de Zamora son “sumamente peligrosas, pues atentan contra la seguridad común de todos los costarricenses, puesto que la policía no puede responder a disputas de tipo político de ninguna naturaleza”.
Señalaron además que se violentó la división de poderes por cuestionar lo dicho por Barquero, así como las decisiones de la Asamblea Legislativa. Citaron asimismo la Ley General de Policía, que en su artículo 3 indica que los oficiales “deberán abstenerse de deliberar o manifestar proclamas al margen de la autoridad civil de la cual dependen”.
Finalmente, solicitan que se le ordene a Chaves y Zamora “no incurrir en practicas de uso de las policías nacionales con fines de propaganda de cualquier naturaleza, en violación de la Constitución Política y de las normas que tutelan su actuar en la ley General de Policía”.
El recurso fue presentado por Jorge Cartín, representante del Sindicato de los trabajadores del Poder Judicial y Hugo Solís Álvarez, secretario general del Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu).
