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El Tribunal Penal de Puntarenas dictó 30 años de cárcel contra un joven de 21 años, identificado como Refsel Ramfreth Vega Mejía, al considerarlo responsable de asesinar a su madre, Yelba Vega Mejía, para cobrar la póliza en una funeraria, por un monto de ¢2 millones.
Aunque la Fiscalía había pedido una pena de 35 años, los jueces Rodrigo Salas Rojas, Héctor Álvarez Jiménez y Joaquín López Bolaños, estimaron un monto más bajo. A la vez, prorrogaron por seis meses la prisión preventiva contra el sujeto mientras el fallo queda en firme.
En el debate, la representante de la Fiscalía, Maricris Soto Herrera, dijo que el agresor nunca presentó signos de arrepentimiento por lo actuado, ni siquiera cuando se presentaron fotografías de la escena recopiladas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas, donde se observa a su madre ensangrentada.
“Yo no estoy hablando de una silla o de un objeto, estoy hablando de la vida de una persona y mas allá de eso, es la de su señora madre. Ya sea que fuese buena o mala la relación, era alguien con quien convivía todos los días, compartía muy cerca y en este caso, al igual que lo han indicado los testigos, ni una solo lágrima se ha derramado, ni un solo gesto de arrepentimiento”, expuso la representante de la Fiscalía.
La víctima, de 45 años, fue ultimada el 2 de octubre del 2020 luego de que recibió un golpe en la cabeza con un palo y un block y luego la asfixiaron con un cable alrededor de su cuello, mientras la mujer estaba de espaldas en la cocina y no tuvo oportunidad alguna de defenderse incuso de heridas punzocortantes que también le propinaron.
Poco después del asesinato, que primero se analizó como un asalto, debido a que así lo dijo el hijo de la fallecida el propio día de los hechos, la Policía Judicial encontró una serie de inconsistencias que llevaron a los allanamientos para detener a Vega Mejía como principal sospechoso y a dos menores de edad, vecinos de la zona, como coautores del hecho a cambio de una remuneración económica de ¢60.000 para cado uno.
Saña premeditada
Según los jueces, se estableció que hubo sicariato porque el hijo de la víctima contrató a los menores a sueldo para que asesinaran a su madre. Además, tomaron en cuenta el ensañamiento contra la mujer y el vínculo familiar que se presentó en este caso, donde incluso hermanos y tíos del agresor fueron la mayor parte de los testigos cuya declaración llevó a la fuerte sentencia.
Los hermanos dijeron que el día de los hechos Refsel los mandó a un comprarse un helado, de modo que quedó solo en su casa con su mamá. El sujeto le facilitó el ingreso a los menores contratados para ejecutar el crimen, según lo pudo establecer el Tribunal al revisar mensajes de texto enviados por el autor intelectual a ambos jóvenes, donde se les decía por cual sitio ingresar para no quedar grabados en cámaras de casas vecinas.
“Doña Yelba fue abordada en su casa, golpeada en su cabeza y algunas partes de su cuerpo y finalmente estrangulada con un cable. Es un escenario bastante violento”, dijo el juez Rodrigo Salas, al justificar el fallo.
Ese debate comenzó el pasado 17 de enero y entre los 14 testigos también estuvieron los encargados de las pericias forenses.
De igual forma, la Fiscalía Penal Juvenil de Puntarenas ya remitió la acusación contra los dos cómplices al Juzgado Penal Juvenil, despacho que se encuentra a la espera de recabar ciertas pericias que son indispensables para la resolución del caso en torno a ellos. Esa causa se investiga en el expediente 20-000136-1528-PJ.
A raíz del asesinato, dos hijos de la fallecida, menores de edad y hermanos del sospechoso, fueron amparados por el Patronato Nacional de la Infancia, que los dejó al cuidado de una hermana de la víctima, mientras sigue adelante un trámite judicial de tutela definitiva.
