Tener contactos en dos bancos, uno estatal y otro privado, contar con un enlace relacionado con patentes en la Municipalidad de Pérez Zeledón, así como poseer negocios en diversas áreas comerciales son algunos de los factores que, en apariencia, facilitaron a un hombre de apellidos Segura Angulo el lavado de dinero que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), era producto del narcotráfico.
Este sujeto de 47 años no es un desconocido para las autoridades, al contrario, ha estado en la mira policial por más de una década. En setiembre del 2012, por ejemplo, se le detuvo en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón, San José, como sospechoso de legitimación de capitales, ya que, al parecer, utilizaba como mampara la compra, venta y transporte de frutas y verduras para ingresar al sistema financiero nacional dinero obtenido ilegítimamente. No obstante, por estos hechos fue absuelto dos años después, en 2014, cuando los jueces determinaron que en la investigación se cometieron una serie de errores que no permitían acreditar la acusación.
Mientras se desarrollaba ese caso, el hombre se trasladó a Panamá, donde en julio del 2013 fue aprehendido porque en su contra existía una orden de captura por supuestos vínculos con el narcotráfico. En aquel momento se le identificó como la presunta mano derecha del capo mexicano Juan Manuel García Hernández, alias el Güero, quien aparentemente era cercano al líder del cártel del Golfo, Eduardo Castilla Sánchez. Se desconoce si el debate por esos cargos ya se realizó o si es el que está programado en su contra para este 2022.
Lo cierto es que ninguna de las dos circunstancias antes descritas detuvieron a Segura, cuya casa fue allanada este martes en Pérez Zeledón como parte de 35 allanamientos en medio de una investigación por presunto lavado de dinero. Él no estaba en el inmueble y hasta ahora su paradero es incierto; sin embargo, el OIJ trabaja en buscar pistas que permitan ubicarlo, detenerlo y ponerlo a las órdenes del Ministerio Público, ya que se le atribuye el liderazgo de una organización que obtuvo bienes e introdujo miles de millones de colones a la economía costarricense al margen de la ley.
Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, describió esta investigación como “compleja” y de “difícil abordaje”. “Se trata de una organización criminal que está asentada en Pérez Zeledón y que durante mucho tiempo, de acuerdo con la hipótesis de investigación, se ha dedicado a obtener dinero de fuente ilegítima para insertarlo a la economía nacional mediante la ejecución de actos, contratos y negocios que pretenden brindarle apariencia de legalidad a la posesión del dinero y a la posesión de los bienes”, afirmó.
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El jefe policial recalcó que “el dinero que detenta este grupo proviene de actividades de tráfico de drogas y se relaciona con una organización que operó en nuestro país hace algunos años, en la que estuvo involucrada la persona que ahora lidera la organización que estamos abordando de manera simultánea y masiva. Nos referimos a un sujeto de apellido Segura, vecino de la zona de Pérez Zeledón, quien es un reconocido empresario de la ganadería y de automóviles y repuestos”.
Precisamente, este hombre figura como presidente, gerente o secretario en 11 sociedades anónimas, creadas entre el 2004 y el 2017, y dedicadas a diversas actividades comerciales. Además, registra una propiedad en Pérez Zeledón de 8.639 metros cuadrados y otra en Dota de 62.086 metros cuadrados, así como dos vehículos, uno de 1989 y otro de 1995. Sin embargo, se cree que por medio de testaferros (personas que prestan su nombre para inscribir bienes muebles e inmuebles y conformar sociedades a cambio de algún beneficio, regularmente monetario) contaba con muchos bienes más. Incluso, Espinoza dijo que la mayoría de integrantes de la banda liderada por Segura cumplían con esa función.
“Hay una estructura base, que es la gerencial, donde está esa persona que nosotros estamos señalando y otro sujeto. Ellos son quienes toman las decisiones de orden económico, financiero y patrimonial, los demás, que son la mayoría, integran sociedades anónimas o juntas directivas, son personas que han prestado colaboraciones importantes a la estructura principal para que el dinero pueda fluir sin despertar sospechas”, explicó Espinoza.
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Pocos detenidos
Aunque el objetivo de la Policía Judicial era detener a 24 personas en las diligencias de este martes, solo ocho fueron aprehendidas. Entre ellos figura un funcionario bancario, apellidado Granados Ulloa (del Banco de Costa Rica), así como un funcionario municipal, de apellidos Godínez Miranda. En las instalaciones del Banco Promerica, donde se hizo una diligencia policial, no se detuvo a nadie.
También fueron capturadas dos mujeres, Chacón Vargas y Soto Rigioni, así como cinco sujetos más: Said El Halabi, Arias Campos, Rojas Robles y Calderón Ulloa.
Espinoza insistió en que el caso es sumamente complejo y que conllevó el abordaje de “19 sociedades anónimas, el levantamiento del secreto bancario, tributario y aduanero y, adicionalmente, la inmovilización de una gran cantidad de bienes. Pretendemos, mediante la ejecución de actividades del equipo de trabajo que tenemos en la zona, la incautación de aproximadamente 48 vehículos, la anotación registral de 19 propiedades y el decomiso inmediato de aproximadamente 1.500 cabezas de ganado que, de acuerdo con la investigación, aparentemente se vinculan con actividades de lavado de dinero”.
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, por su parte, indicó que la investigación de este caso se agrupa dentro del expediente 19–000082–1322–PE, “en el que se indaga a una organización que, aparentemente, aprovechó las ganancias obtenidas del narcotráfico, para adquirir bienes, ocultar su verdadera naturaleza, así como el origen y destino de estos. Según se investiga, el grupo ha utilizado diferentes locales comerciales y ha utilizado sociedades comerciales a fin de ocultar la ilicitud del dinero”.
Por ello, agregó la institución, se allanaron 35 lugares, entre ellos: nueve casas, dos verdulerías, un comercio, una bodega, una hacienda, un restaurante, una barbería, un lavado de autos, un predio, la Municipalidad y una institución financiera, todos en Pérez Zeledón. Una vivienda en Escazú y otra en Cartago, donde también se hizo un operativo en un lubricentro; una oficina y un local comercial en Alajuela, así como un inmueble y dos locales comerciales en Heredia.
Los ocho detenidos fueron indagados en Pérez Zeledón por el Ministerio Público, que valorará las medidas cautelares al presentar a los sospechosos ante el Juzgado Penal.
Horas después de las diligencias judiciales, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) anunció que el próximo jueves 24 de febrero tendrá una subasta ganadera en Pérez Zeledón de algunos de los animales que fueron decomisados este martes. Sergio Rodríguez Rodríguez, director de la entidad, dijo que en horas de la noche se mantenían trabajando en el inventario de los bienes que fueron incautados.
Nota del redactor: El OIJ indicó en su reporte de este martes que entre las personas capturadas había un funcionario del Banco Promerica; sin embargo, aunque la sede bancaria de esa entidad financiera en Pérez Zeledón sí fue allanada, no se aprehendió a nadie, según precisó este miércoles el propio banco, que también coordinó con las autoridades para la respectiva aclaración. Asimismo, la Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, indicó este 23 de febrero que al finalizar las diligencias policiales, el hombre apellidos Quesada Beita no quedó detenido, como se indicó en un inicio, pero que este sí forma parte de la investigación.