EscucharLos 22 detenidos en 40 allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 25 de mayo del 2021, sospechosos de integrar una banda dedicada al narcotráfico internacional y lavado de dólares, del caso Turesky, están libres, debido a una nueva resolución judicial.
Desde el 25 de junio pasado, el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada rechazó las prórrogas de las medidas cautelares solicitadas por la fiscala Stephanie Tenorio Barrios, al considerar que la petición era desproporcionada. La solicitud se planteó cuando varios de los imputados ya habían cumplido tres años en prisión preventiva y el Ministerio Público ni siquiera había presentado la pieza acusatoria del caso.
En aquel momento, el fiscal general, Carlo Díaz, calificó como una falta de lealtad que el Tribunal rechazara la prórroga de seis meses en las medidas cautelares que cumplían todos los implicados, pues alegó que la fiscala sí tenía la acusación a la vista. Sin embargo, los jueces Laura Cervantes, Rodrigo Obando y Edwin Salinas argumentaron que el documento no estaba incorporado de manera formal al expediente y eso sirvió para la liberación de todos los imputados.
Posteriormente, el 9 de setiembre, en una nueva resolución, se dictaron medidas contra 12 de los liberados en junio, entre los que no aparece el líder del grupo, de apellidos James Wilson. Se trata de los sospechosos de apellidos Alfaro, Cartín, Gutiérrez, Picado, Solís, Gutiérrez, Chacón, Guadamuz, Praslin, Alfaro, Soto y Aguilar. Esas personas portaban brazalete para el monitoreo electrónico y debían firmar periódicamente en el Juzgado, pero a mediados de octubre volvieron a quedar completamente libres.
Lo anterior debido a que los defensores de cinco de ellos alegaron falta de fundamentación por parte del juez que ordenó esas medidas y dicho criterio fue admitido por el Tribunal de apelación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).
“Esta nueva solicitud se conoce, luego de que el Tribunal Penal Especializado declaró la ineficacia de la resolución de las 11:19 a. m. del nueve de setiembre del 2024, la cual ordenaba medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”, respondió el Departamento de Prensa del Poder Judicial, ante consultas de La Nación.
Con base en el artículo 443 del Código Procesal Penal, las consecuencias que se derivan de dicha apelación y sus efectos se extienden a la totalidad de los imputados sobre los que regían las medidas cautelares, por lo que los 12 quedaron libres.
El Poder Judicial también confirmó este 24 de octubre que está pendiente de resolver una nueva solicitud de medidas cautelares presentada por la Fiscalía contra esas 12 personas.
Añaden que se está en las gestiones correspondientes con la parte defensora para coordinar agendas y valorar si es posible coincidir del 11 al 15 de noviembre próximos, fecha de la audiencia de medidas que tienen señalada las demás personas imputadas.
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada también está a la espera de la audiencia en la que solicitaría que el caso se eleve a juicio.
La millonaria banda del caso Turesky
La opulenta banda del caso Turesky se dedicaba, según las pesquisas judiciales, a traer cocaína de Colombia, almacenarla en nuestro país y luego exportarla a Francia, Italia, Bélgica y otros países de Europa. La droga iba oculta en productos agropecuarios que salían por el muelle de APM Terminals. En Europa tenían a un búlgaro de apellido Mitev, como principal enlace para esos millonarios envíos de estupefacientes.
Era liderada por James Wilson, en asocio con su mano derecha, de apellidos Cartín Ceba. El día de los allanamientos, además de estos dos hombres, se detuvo a la esposa del líder, de apellidos Zúñiga Araya y otras cinco mujeres más. En total fueron 23 detenidos, entre ellos tres abogados, pero uno de los sospechosos falleció por causas naturales durante la etapa de investigación.
La banda cayó luego de tres años de constante seguimiento policial. Durante ese periodo, aseguró el OIJ, habían invertido $20 millones en carros, ganado, línea blanca y fincas, estas últimas en Limón, Escazú, Santa Bárbara de Heredia y Alajuela. Para ello contaban con abogados que hacían los movimientos registrales y numerosos testaferros. También se valieron de los pasaportes robados a turistas, para que los bienes fueran inscritos inicialmente a su nombre y luego pasaban a sociedades anónimas del grupo.
Las inversiones en nuestro país iban desde la ganadería hasta opulentas mansiones como la lujosa vivienda del cabecilla en San Antonio de Escazú, carros de lujo y el hotel de paso Infinity que compraron en Alajuela en $8 millones, monto que fue pagado en efectivo en casi su totalidad.
Al momento de la desarticulación del grupo se le decomisaron $1.500 millones en efectivo, armas de fuego, municiones, computadoras, carros y valiosos artículos de línea blanca.
En Esparza de Puntarenas iban a hacer una gran bodega de arroz y para ello falsificaron un permiso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, con el fin de lograr el aval del municipio pese a que la obra estaba cerca de una naciente. En Limón iban a hacer un complejo hotelero de $12 millones por lo que hicieron gestiones para que la calle que llevaba al sitio fuera declarada de uso público a lo cual el Instituto Costarricense de Turismo se opuso debido a un traslape de planos.
En sus filas contaban con dos agentes del OIJ, de apellidos Praslin Guevara y Bejarano Benavides, y dos exoficiales de ese cuerpo policial, lo que les facilitaba la evasión de la acción investigativa en su contra.
Asimismo, en el expediente judicial se cita que dos hombres de apellido Cartín, integrantes del grupo (uno de ellos ya fallecido) tuvieron más de 30 reuniones con el entonces diputado Oscar Cascante, que llegó al Congreso por el Partido Unidad Social Cristiana, agrupación a la cual tuvo que renunciar al conocerse el escándalo.
Cuando el fiscal Carlo Díaz alzó la voz contra la primera liberación de los sospechosos, en junio, afirmó que existe un gran riesgo de fuga y advirtió sobre la posibilidad de tener que girar una orden de captura cuando tengan que presentarse a una audiencia preliminar o al eventual juicio.
