EscucharUna testigo afirmó ayer que la paciente del Hospital San Juan de Dios que murió luego de recibir una inyección le pidió a la mujer sospechosa de ponerle el líquido que saliera del salón.
El relato fue hecho por Celia Prado Piedra al iniciarse el juicio en los Tribunales de San José contra la auxiliar de enfermería pensionada Ángela Barrantes Moreno, por el presunto homicidio calificado de Lílliam Arias Prendas, quien padecía diabetes y tenía una insuficiencia renal en fase terminal.
Prado estaba internada en el salón Volio, del cuarto piso de Medicina del San Juan de Dios, por pancreatitis y fue testigo presencial de lo que ocurrió la mañana del 7 de agosto del 2012.
Sacó jeringa. La testigo dijo durante el debate: “Doña Lílliam le repetía una y otra vez: ‘¡váyase, váyase, váyase...’, pero ella (Ángela) le decía: ‘tranquila, aquí estoy’. Le sobaba las manos. Lílliam entonces decía: ‘¡Martín! ¿Dónde está Martín?’. ‘Ahorita viene’, le contestaba. Ángela se volvió y me dijo: ‘Martín es el esposo’. Yo le pregunté: ¿usted qué es de ella? Y me contestó: ‘ella es mi tía’. Poco después vi cuando ella sacó de su enagua una jeringa.
”Estaba de espaldas. Luego se fue para el baño. En ese trayecto la señora Lílliam pegó un quejido muy fuerte, muy doloroso. Entonces me fui a buscar al enfermero y le dije: ‘a esa señora algo le pasó , yo creo que algo le inyectó....”.
Celia Prado agregó que cuando Ángela Barrantes regresó al salón, el enfermero le informó que Lílliam Arias estaba muerta. “Ángela hizo una llamada y luego se fue. No la volví a ver más”, manifestó.
Aparte de Prado, ayer declararon Martín Vargas Gutiérrez, esposa de la paciente fallecida, así como el jefe de enfermería del salón, un médico y otra mujer que estaba internada en el salón Volio del San Juan de Dios.
Empero, la imputada Ángela Barrantes se abstuvo de declarar.
Demanda millonaria. Aparte del aspecto penal en que la Fiscalía acusa a Ángela Barrantes de inyectar cloruro de potasio a Lílliam Arias para provocarle la muerte, la familia de la fallecida demandó a la imputada y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el monto de ¢500 millones.
Precisamente, los otros testimonios de ayer hicieron referencia a aspectos con los que se pretendió demostrar una posible negligencia en los controles de seguridad y la afectación que el hecho produjo en la familia.
Martín Vargas relató que su esposa se dedicaba a realizar trabajos manuales con los cuales ganaba hasta ¢30.000 diarios. Sin embargo, dijo que desde el año 2011, “ella dejó de laborar en eso pues sus manos le fallaban, pero sí le estaba enseñando la técnica a una de mis hijas”.
Vargas agregó que la muerte de su esposa le generó “mucho dolor, no puedo dormir y que ahora padezca de diabetes... Yo tenía sueños, un proyecto, dándole calidad de vida a ella, todo se truncó”.
Defensa. Wílliam Rodríguez, abogado de la Caja, dijo que con los testimonios dados durante la tarde, cuando se constató que Ángela Barrantes entró con un permiso para visitar pacientes en horas no hábiles y con un carné emitido por el Colegio de Enfermeras, se exime a la Caja de responsabilidad. “Ella no es funcionaria pública”, afirmó.
Rodríguez también alegó ante los jueces que dirigen el juicio que la demanda civil fue presentada fuera del plazo que prevé la legislación, y, por lo tanto, debía ser rechazada.
La presidenta del Tribunal, Ana Patricia Araya, dijo que este reclamo será resuelto en sentencia.
Para este juicio está prevista la comparecencia de 30 testigos.
La defensa de la imputada siempre ha alegado que Ángela Barrantes es inimputable pues padece problemas psiquiátricos, aunque durante la audiencia de ayer no se hizo referencia a ese aspecto.
