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“Don Celso (Gamboa) me llamó a su oficina, estando acompañado por don Justo (Pastor López), y me pide cuentas de una información que se entregó a la periodista Mercedes (Agüero), de una causa contra don Johnny (Araya). Yo le indico que en realidad es una consulta que abarca mucho más que a don Johnny, que abarca a muchísimas personas, más de 600, y que se respondió con base en la información que entregaron las fiscalías para poder hacer la respuestas respectivas.
“Don Celso lo que me indica es que él ya revisó el expediente de ese caso de don Johnny y que no hay absolutamente nada contra él. En el acto él (Gamboa) le solicita a don Justo, quien lo acompañaba, que por favor llame a don Johnny para decirle que envíe un correo a doña Berenice Smith, de la Fiscalía Anticorrupción, solicitándole una certificación de que él no forma parte de esa causa penal (...).
“Don Justo (Pastor López) salió de la oficina de don Celso, esa oficina daba como hacia una zona de parqueos, una zona de jardín, don Justo salió ahí y yo me quedé adentro de la oficina con don Celso.
“A los minutos, don Justo entro otra vez a la oficina de don Celso indicando que ya había hablado con don Johnny (Araya) y que le estaba pidiendo que le hiciera, por decirlo así, un borrador de esa nota que debía enviar a la Fiscalía Anticorrupción (...).
“Don Celso entonces le dijo que, por favor, lo hiciera y que le enviara a don Johnny ese borrador”.
El extracto anterior forma parte del testimonio rendido este lunes por Tatiana Vargas Vindas, actual jefa de prensa del Ministerio Público, durante el juicio por presunto tráfico de influencias que se sigue contra la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla; el alcalde de San José, Johnny Araya Monge; y el exmagistrado y ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez.
Vargas fue la segunda en rendir testimonio durante este debate, el cual comenzó el pasado jueves.
Primero, ella respondió consultas de los representantes de la Fiscalía, José Pablo Miranda Hurtado, y de la Procuraduría, Paola Madriz Pérez.
Posteriormente, las consultas fueron hechas por Natalia Gamboa Sánchez, defensora de Celso Gamboa, y Juan Marco Rivero Sánchez, representante de Johnny Araya.
Entre varias preguntas, la periodista recalcó que su relación con el exmagistrado fue meramente laboral y descartó la existencia de una “amistad íntima”, como lo había dicho Gamboa en el primer día del contradictorio.
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Vulnerable
Vargas también reconoció que cuando se enteró que una declaración que ella brindó ante los magistrados, como parte de un proceso disciplinario contra Celso Gamboa, se filtró, se sintió vulnerable.
Mencionó que, aunque ella confirmó a la periodista Mercedes Agüero, quien para el momento de los hechos trabajaba para La Nación, que en efecto había dicho eso, luego se apartó, por lo que las consultas de la comunicadora y otros medios fueron abordadas por sus compañeros.
Asimismo, explicó que toda respuesta que se le da a los reporteros queda respaldada en correos electrónicos, aunque la duda sea evacuada telefónicamente.
Detalló que, regularmente, los periodistas solicitan los datos y ellos responden dando únicamente los dos apellidos de las personas investigadas.
Aclaró que los datos otorgados son corroborados con los fiscales, para determinar si se pueden dar al periodista que consulta sin incurrir en ninguna violación del artículo 295 del Código Procesal Penal.
Hacia el final de su interrogatorio, Vargas dijo, ante una respuesta del defensor Rivero, que no encuentra diferencia entre imputado y denunciado.
“Para nosotros es igual”, puntualizó.
El caso
A los tres implicados en este caso se les relaciona con hechos ocurridos antes de las elecciones municipales del 2016, cuando, según la Fiscalía, habrían “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
El político aparecía, junto con otras tres personas, en una causa por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, la cual, al final, fue desestimada en marzo del 2016.
Por estos hechos, se abrieron dos expedientes penales, uno contra Gamboa y otro contra Smith y Araya.
No obstante, como en abril del 2019 un total de 39 diputados votaron a favor de destituir a Celso Gamboa como magistrado penal, por interesarse “indebidamente” en asuntos judiciales del empresario cementero Juan Carlos Bolaños, la acusación se agrupa ahora en un mismo expediente para los tres.
Los hechos que originaron el primer expediente se remontan a diciembre del 2015, cuando La Nación pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
La presunta anomalía en el expediente en que figuraba Araya consta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor del actual jerarca municipal habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Según el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias es castigado con pena de prisión de dos a cinco años.
