Un costarricense, quien descuenta una condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína, supuestamente se alió con su esposa para lavar dinero en Costa Rica.
Por esos hechos, la mujer, apellidada González Blanco, de 39 años, fue detenida la mañana de este lunes luego de cinco allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Carlos (Alajuela), Heredia y Guadalupe de Goicoechea (San José).
Además de ella, también fueron capturados dos sujetos de apellidos Herrera Herrera, de 41 años, y Rodríguez Castillo, de 42, cuya relación con la pareja no trascendió.
El OIJ informó de que, al parecer, todo comenzó cuando un hombre, identificado como Allan Vargas Angulo, de 45 años, fue capturado en Panamá en el 2019 por traficar cocaína, proveniente de Colombia. Como era requerido por el Estado de Georgia, en Estados Unidos, fue llevado hacia allá en ese mismo año.
En una fecha no determinada, lo sentenciaron a diez años de cárcel.
Según dio a conocer la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes en un comunicado de prensa, una vez que él cae preso, los tres sospechosos, en acuerdo con Vargas, se apropiaron de las ganancias obtenidas de ese negocio narco para intentar volverlas legales.
Es por ello que, al parecer, por medio de la creación de sociedades de papel, adquirieron grandes cantidades de ganado, así como de bienes muebles e inmuebles.
De hecho, la Policía Judicial indicó que, en apariencia, este grupo logró tener cerca de 2.300 semovientes.
Se intentó conocer a cuánto asciende la cifra que se intentó lavar, pero el Ministerio Público señaló que no tienen ese dato.
En cuanto a las propiedades que supuestamente compraron, no se detalla cuántas son, ni dónde están, ni su valor estimado. Tampoco se habla de si las propiedades fueron puestas a nombre de otras personas, sobre todo porque la pareja no posee mayores bienes a su nombre.
Según la página web del Registro de la Propiedad, la única que tiene una propiedad es González Blanco. Se trata de una finca que está en Santo Domingo de Heredia, la cual compró en setiembre del año anterior.
La naturaleza de la finca, según ese mismo sitio web, es “para construir y se destinará a uso habitacional. Tendrá una altura máxima de dos pisos”. Su valor fiscal es de ¢106 millones.
En cuanto a carros, tanto González como el reo Vargas aparecen con uno cada uno. Ella tiene un Nissan X-trail, año 2018, valorado en ¢19 millones y adquirido en diciembre del 2017.
Sobre el vehículo del recluso se tiene que es dueño de un vehículo Land Rover, del año 1998.
No se puede asegurar que la finca o los dos vehículos sean producto de blanqueo de capital.
Durante los allanamientos, el OIJ decomisó al menos 14 caballos, municiones y pistolas. También se incautaron de dos carros; uno de ellos tenía un doble compartimento en la cajuela, lo cual se presume era usado para trasladar droga.
Una vez que los operativos finalicen, se le tomará la declaración indagatoria a los tres detenidos para luego determinar cuál será su situación jurídica de ahora en adelante.
El caso se tramita bajo el expediente 19-26173-42-PE.
Envuelto en procesos penales
Según un recuento hecho por este medio al revisar la página del Poder Judicial, Allan Vargas Angulo enfrentó en el pasado al menos dos procesos penales.
El más reciente fue un juicio realizado en el 2014. Allí se juzgaba el traslado de 500 kilos de cocaína en un camión que pasaba por Siquirres (Limón) en diciembre del 2012.
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En ese debate se indicó que un vehículo le hacía custodia y este pertenecía a la Sociedad internacional Tropical Fruits INC S. A. y cuyo apoderado era Vargas Angulo. Se trataba de un Nissan Navara, de placas CL 236857.
Durante ese debate, en el que se condenó a tres sujetos a ocho años de cárcel por el delito de transporte de drogas, el Tribunal de Pococí ordenó el comiso de dicho auto, por lo que Vargas apeló.
En agosto de ese mismo año, el Tribunal de Apelación de Goicoechea declaró con lugar el recurso de Vargas, al indicar que los jueces de Pococí no fundamentaron su decisión ni se dejó claro la participación de este vehículo en la narcoactividad.
“Se ordena el reenvío para que se proceda con una nueva sustanciación conforme a derecho corresponde”, se lee en la resolución Nº 01470 - 2014.
Se intentó conocer qué ocurrió después, pero no fue posible localizar ningún documento al respecto.
En cuanto al otro proceso que enfrentó Vargas, data de agosto de 1996, cuando fue juzgado por un delito de portación ilícita de arma permitida en perjuicio de la seguridad pública. No se tienen detalles sobre la causa.
El resultado de dicha diligencia judicial fue un sobreseimiento total a favor del sujeto, a lo cual la Fiscalía presentó un recurso de casación al no estar de acuerdo con la decisión, según el sitio web del Poder Judicial.
El Tribunal de Casación Penal de San José, en su resolución Nº 00863 - 1996, anuló la sentencia impugnada y “ordenó remitir el expediente a la Alcaldía de Faltas y Contravenciones que por turno corresponda, para lo que se tenga a bien resolver”.
Se desconoce, también, el final de este proceso.