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La cadena de tiendas SYR donde dos empleadas fueron golpeadas con palos por presuntamente robarse dinero de la caja registradora, incumple con el pago de salarios mínimos, horas extras y mantiene a menores de edad trabajando en los locales.
La aseveración surgió luego de una conferencia de prensa dada este jueves por el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Walter Villalobos Fernández. Según el jerarca, hasta este 17 de noviembre funcionarios de Inspección de Trabajo han visitado al menos 12 tiendas, seis de ellas en San José, dos en Cartago y una en Heredia, Pérez Zeledón, Guápiles y Puntarenas.
“En todas se han encontrado irregularidades en el marco laboral como no pagos de salarios mínimos, contratación de menores de edad y no otorgamiento de descansos mínimos obligatorios que la ley contempla (...) Todos los centros de trabajo estarán siendo prevenidos entre hoy (jueves) y mañana (viernes)”, explicó.
Además, Villalobos se refirió a un video que circuló en las últimas horas pero tiene fecha del 2020, donde se observa a un hombre aparentemente asiático discutiendo con otro sujeto que usa mascarilla. En determinado momento el oriental comienza a golpear al otro hombre, le lanza patadas similares a las artes marciales, lo tira al suelo y luego lo golpea reiteradas veces con un bate.
“Si el primero era inimaginable, esa clase de artes marciales que se ve en el video de ayer es repudiable. Quien practica la agresión lo hace con alguna facilidad en temas de golpes, que podría uno pensar que tiene algún expertise”, añadió.
Otro de los hallazgos que determinaron es que la compañía realiza reclutamiento de extranjeros, sin embargo, el viceministro insistió en que no se ha logrado determinar cuál es la nacionalidad de los trabajadores y si están en condición migratoria irregular o con los permisos necesarios.
El número total de tiendas aún no es preciso, pues solo en San José al parecer son más de diez de acuerdo con Villalobos. Por otro lado, en materia de salud ocupacional se encontraron inconsistencias en pasillos y extintores donde se está realizando una valoración para determinar si la empresa cumple con la normativa de riesgos de trabajo.
“Hemos tenido limitante con las personas trabajadoras que brindan poca información, es con los que han brindado alguna información revelante que hemos podido detectar las infracciones que estamos señalando (...) En dos de las tiendas que se han visitado hemos tenido problema en no encontrar a los representantes de la empresa y eso nos limita nuestra acción”, mencionó.
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En caso de que un juez de la República determine que existió el quebranto en aspectos laborales, los representantes de cada una de las tiendas se exponen a una multa de hasta 23 salarios, cada uno con un monto aproximado a los ¢462.000 lo que puede equivaler a una multa de hasta ¢10 millones
Sobre el vídeo donde los administradores de la tienda reconocen en una entrevista en Multimedios que golpearon a las empleadas, el viceministro explicó que es un asunto sumamente delicado y que desde esa cartera tendrán el cuidado ‘de no interferir en un tema que podría constituirse que no es laboral y puede ir más allá en el ámbito penal’.
En redes sociales trascendió que algunos de los comercios estaban quitando los rótulos de las tiendas como el ubicado frente a las Ruinas de Cartago.
