El Tribunal de la Inspección Judicial discutirá la eventual responsabilidad de tres médicos forenses denunciados por la supuesta alteración de un dictamen sobre la salud de una jueza, documento que sirvió de base para decidir su jubilación.
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Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta realizada por este medio.
La audiencia se realizará de forma oral y privada el 19 de julio. Esta permitirá escuchar a las partes para determinar si la actuación de los profesionales amerita o no recibir una sanción administrativa.
La denunciante es la juzgadora María Victoria Salas Ruiz, de 33 años, quien asegura que esos tres doctores le “inventaron” una enfermedad para jubilarla.
Se trata de los médicos, de apellidos Vargas, Paguaga y Rodríguez, quienes pertenecen al Consejo Médico Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En un dictamen, de fecha 25 de abril del 2017, esos tres médicos indicaron que Salas Ruiz padecía de una enfermedad llamada fibrosis pulmonar intersticial y, por eso, recomendaron jubilarla.
El Consejo Superior del Poder Judicial acogió el criterio y la pensionó el 6 de junio del 2017, decisión que fue revocada, de forma provisional, por el Tribunal Contencioso Administrativo en febrero pasado.
En ese sentido, Salas Ruiz admite que padece el síndrome de Sjögren, el cual es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza, principalmente, por la sequedad de mucosas, sobre todo ocular y oral. Por ello, debe usar saliva, lubricante y lágrimas artificiales durante todo el día. Pero esto no le impide laborar.
No obstante, rechaza que sufra fibrosis pulmonar, afirmación que respalda con un documento emitido por la jefatura de consulta externa del Hospital México, fechado el 25 de setiembre del 2017.
Según la abogada, esa enfermedad se la “inventaron” los doctores para “hacer creer que sí tenía un alto porcentaje de incapacidad y darle peso a su recomendación”.
Los médicos afirmaron que Salas perdió el 67% de su capacidad orgánica por ese padecimiento, que causa inflamación o cicatrización de los pulmones.
En vía penal
Además de este proceso administrativo, la exjueza denunció a los tres médicos ante la Fiscalía General el 8 de noviembre pasado.
El Ministerio Público confirmó que el caso se tramita bajo el expediente 17-34-033-PE, por el presunto delito de falsedad ideológica, pero fue trasladado a la Fiscalía de San Joaquín de Flores, en Heredia, porque ahí se localizan las instalaciones de la Medicatura Forense.
En este momento, el caso se encuentra en etapa preparatoria de investigación, la cual es privada para personas ajenas al proceso penal, confirmó la Fiscalía.
El Código Penal castiga con penas de prisión de uno a seis años “al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.