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El Tribunal Penal de Hacienda impuso una pena total de 37 años de cárcel a tres exdiputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) por varios delitos de influencia contra la Hacienda Pública, referidos a nombramientos fantasmas en la Asamblea Legislativa en el periodo 2010-2014.
Contra el expresidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, se dictó la pena más alta que es de 19 años de prisión, mientras que para Martín Monestel fueron 11 años y para Rita Chaves Casanova un total de siete años.
La lectura del Por Tanto tuvo lugar en los Tribunales de Goicoechea la tarde de este miércoles y ahí mismo se les dictaron las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y mantener actualizado el domicilio, lo anterior mientras el fallo adquiere firmeza. A partir de este jueves los tres deben entregar los pasaportes ante el Juzgado.
A Víctor Emilio Granados, de 57 años, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) lo acusó de cuatro delitos de influencia contra la Hacienda Pública por nombrar a familiares y amigos como asesores de confianza en la Asamblea Legislativa. Esas personas nunca se presentaron a trabajar, sin embargo, recibían salario.
“Vamos a apelar. Creemos que la parte dispositiva de la sentencia de hoy no refleja en nada la prueba que fue evacuada en todo el proceso que durante más de cuatro meses se realizó en el Tribunal de Juicio, así que vamos a recurrir porque nos parece que se ha faltado a las reglas de la experiencia y de la sana crítica en la valoración de la prueba”, dijo Granados, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa de 1.° de mayo del 2012 al 1.° de mayo del 2013
El pasado 8 de agosto la Fiscalía había solicitado 24 años contra el expresidente legislativo.
Ninguno de los exdiputados podrá aspirar a cargos de elección popular o desempeñarse en puestos públicos en los próximos siete años, según lo dispuso el Tribunal de juicio en la sentencia que fue de carácter unánime. La lectura integral de la misma se conocerá hasta octubre.
Como los delitos que se les atribuyen a los exdiputados fueron cometidos con otras personas, a estas últimas también se les condenó con penas de cárcel, pero se les otorgó el beneficio de ejecución condicional a seis de ellas y el uso de dispositivo de monitoreo electrónico a otra. El Tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía para absolver a una imputada de apellidos Arias Jiménez.
A quienes se les brindó el beneficio de ejecución condicional, se les advirtió que en tres años no pueden cometer ningún delito que se castigue con seis meses de cárcel o más, porque se les denegaría el beneficio. Se trata de Rodríguez Rodríguez, Zamora Álvarez, Madrigal Morera, Esquivel Mondragón y dos hermanas Brenes Villalta.
Además de los delitos cometidos en el cuatrienio 2010-2014, el Tribunal condenó a las partidarias del PASE Madrigal Morera y Casanova Aragón por delitos similares ocurridos entre el 2006 y 2010.
Al fundador del partido, Oscar López, el Tribunal informó de que se le va a seguir un proceso aparte, pues desde el 30 de mayo fue excluido ya que no se le brindó el acceso al expediente en un formato para personas con discapacidad visual.
La exesposa de Oscar López, Rita Chaves, escribió en su cuenta de Twitter: La persecución política existe.... Inicia un capítulo negro en la historia democrática de Costa Rica.
Otra causa
Existe otra causa que sigue la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en contra de los exlegisladores Oscar López y Rita Chaves en la que incluye a otras dos personas apellidadas Montoya Calderón y Ruin Céspedes.
Se les acusa de que habrían estafado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante supuestos cobros indebidos en la deuda política correspondiente a los comicios del 2010. El monto de lo defraudado sería de ¢113 millones, por lo que se les atribuye en delito de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso. Ese caso se ventilará en los Tribunales el año próximo.
