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Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, dueños de las constructoras MECO y H Solís, deberán ir a prisión preventiva por al menos cuatro meses, luego de que el Tribunal Penal de Hacienda señalara la ineficacia de las fianzas que se les impuso el 27 de junio anterior.
Según una comunicación emitida este lunes por el Poder Judicial, dicho tribunal, con sede en Goicoechea, determinó que “no son adecuadas” las medidas alternativas fijadas a los dos empresarios investigados por el Caso Cochinilla.
Debido a lo anterior, el Juzgado Penal de Hacienda giró una orden inmediata de captura contra Cerdas y Solís para su posterior traslado a un centro penal.
Efectivamente, poco después de que se diera a conocer la resolución 249– 2021 del Tribunal, los imputados fueron detenidos por la Policía Judicial.
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La Fiscalía había planteado recursos de apelación en contra de las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva que fueran ordenadas por el Juzgado Penal, el 26 de junio del 2021, que consistían en una caución real y restricciones de tránsito.
El fallo del Tribunal indica que el objeto central del recurso presentado por la Fiscalía se circunscribe al análisis de la idoneidad de la caución real y otras medidas, como paliativos de los peligros de fuga, continuidad delictivo y obstaculización.
El Tribunal analizó “si las garantías económicas, la entrega del pasaporte y la obligación de mantener un domicilio fijo, eran suficientes, aptas y convenientes para evitar que las personas acusadas, no huyan del proceso (peligro de fuga), no destruyan alteren u oculten pruebas (peligro de obstaculización) y no se propicie la continuación de actividades, presuntamente delictivas, como las que se investigan en el presente caso (peligro de reiteración delictiva)”.
Con ese fin, se consideraron varias situaciones como las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas, así como las posibles penas en caso de que los delitos señalados por el Ministerio Público queden demostrados.
El Poder Judicial señaló que el tribunal consideró que las medidas establecidas contra los sospechosos no eran adecuadas, es decir, que no reunián los criterios de idoneidad requeridos.
“Así fue como dicha Autoridad declaró con lugar el recurso del Ministerio Público y, en consecuencia, se decreta la ineficacia de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva que fuera ordenada en su oportunidad por el Juzgado Penal”, precisa el comunicado.
Agrega que la apelación presentada contra las medidas fijadas al resto de los investigados se rechazó.
Fiscalía: ‘Estamos satisfechos’
El fiscal subrogante para el Caso Cochinilla, Miguel Ramírez, aseguró este lunes, en conferencia de prensa, que se encuentran “satisfechos” por esta resolución del Tribunal Penal de Hacienda.
“La resolución que nos ocupa deja ver que se dio un análisis más serio, digámoslo así, del elemento probatorio que tiene hasta la fecha el Ministerio Público”, indicó Ramírez.
Para ahondar al respecto, Glenn Calvo, fiscal adjunto anticorrupción, aseguró que este fallo es importante porque se valora la hipótesis del Ministerio Público y se valora, además, la investigación que se ha hecho hasta el momento.
“Se cimentan las pruebas dentro del caso y, además se hace valoración de todos y cada uno de los argumentos del Ministerio Público, de forma objetiva y determinante, lo cual da al traste con la resolución pasada (del Juzgado Penal de Hacienda)”.
A partir de este momento, el ente acusador continuará con la investigación y el análisis de la prueba recabada en los allanamientos. “Esperamos poder conseguir los elementos de prueba necesarios para llegar a la conclusión”, indicó Calvo.
