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El Tribunal Penal de Alajuela dictó, por unanimidad, un total de 515 años de prisión contra nueve sujetos de la banda de El Gringo, acusados de dos asesinatos descubiertos por la Policía en diciembre del 2017.
La acción delictiva se descubrió cuando varios sujetos iban a desaparecer dos cuerpos y los llevaban en un microbús interceptado cerca de la Sabana.
Las víctimas fueron identificadas como Edwin Santiago Bedoya Llanos y Frank Alfaro Murillo, ambos rivales de la banda de Erwin Guido Toruño, conocido como El Gringo, quien también fue brutalmente asesinado por sus adversarios dos días después de estos crímenes cometidos por su grupo.
Los sentenciados por los dos homicidios son Christian Díaz Noreña, Bryan Alvarado Arroyo, Alexánder Pérez Obando, Jorge Alberto Díaz Donis, Donifan Andrey Campos Mora, Brandon Ávalos Vega y Michael José Rodríguez Amador, quienes recibieron una condena de 65 años cada uno. Empero, en la práctica descontarán 50 años, que es lo máximo que dispone nuestra legislación.
Por la muerte de Bedoya a cada uno le dictaron 35 años y por la de Alfaro, 30.
La diferencia entre ambas penas radica en el grado de violencia y tortura usado para acabar con la vida de cada uno de ellos.
En el caso del colombiano Edwin Bedoya Llanos, el juez Mario Rodríguez dijo a los sentenciados que no hay palabras en el idioma español para describir la barbarie que usaron. “La decapitación en vida fue un acto de barbarie, de humillación y el Tribunal tiene que recalcar eso, la pena de 35 años no es antojadiza”, dijo
A Edgar Leonardo Salazar Espinoza y Hemerson Steven Martínez Villalta, otros dos de los sentenciados, que inicialmente fueron acusados por los dos asesinatos, solo se les atribuyó el homicidio de Frank Alfaro y por eso su condena quedó en 30 años para cada uno.
A Alfaro también lo torturaron antes de ultimarlo. Le dieron patadas en el abdomen, la espalda y otras partes que incluso marcaron la huella de zapatos en su cuerpo, pero no de la forma en que lo hicieron sus cómplices con Bedoya, describió el juez Rodríguez.
Otros dos imputados de apellidos Quirós y Valencia, salieron absueltos y se ordenó su libertad inmediata. A ellos la Fiscalía los relacionaba con la muerte de Frank Alfaro Murillo, pero no se pudo demostrar y, por dudas (in dubio pro reo) los jueces los dejaron libres.
Según la acusación de la Fiscalía, el 12 de diciembre del 2017, varios de los sentenciados abordaron a Edwin Santiago Bedoya, cuando viajaba en una moto en Rohrmoser, a la que golpearon con el microbús.
Ese día lo introdujeron a la fuerza en la buseta, lo torturaron con cortes en el cuerpo e incluso lo decapitaron antes de propinarle la puñalada mortal.
"Además de los golpes que recibió cuando fue embestido con el carro usado para llevarlo a la casa de San Antonio de Belén, las laceraciones que le provocaron en la cabeza, que iban de un lado a otro en la cara y el dolor provocado es indescriptible”, dijo al leer la justificación de sentencia el presidente del Tribunal.
Al día siguiente de esa muerte, una mujer integrante de la banda, apellidada Jiménez Cordero, sedujo a Frank Alfaro Murillo y, engañado, lo hizo llegar a una casa en San Antonio de Belén, donde otros miembros de la banda lo mataron a puñaladas, con el fin de que nadie escuchara disparos.
La mujer se sometió a un procedimiento especial abreviado el 28 de junio y se le dictaron 20 años de prisión.
Tras la captura de Jiménez, conocida como la Techno Queen, en julio del 2018, el director del OIJ, Wálter Espinoza, dijo que el homicidio de Alfaro se dio como producto de una deuda que tenía con Steven Martínez Villalta, alias Petón, relacionada con el robo de una droga, es decir un tumbonazo.
Al parecer, Petón pidió la ayuda de la mujer para vengarse y ella lo llevó hasta la residencia que esa banda usaba para ejecutar víctimas y planear sus estrategias del ilegal negocio.
Operaban en varias partes del país
De esta forma, quedan tras las rejas nueve hombres y una mujer, miembros de una de las bandas más sanguinarias de las últimas décadas en la lucha por territorios para la venta de drogas.
En la sentencia queda claro que tenía tentáculos en Orotina, Palmares, San Ramón, el bajo Los Ledezma, Alajuelita, Finca San Juan de Pavas y otras regiones.
Debido a las medidas sanitarias por la covid-19, el fallo se transmitió por videoconferencia al centro penal La Reforma, en Alajuela; así como las cárceles de Pococí y Puntarenas, con lo cual no fue necesario el traslado de los imputados hasta la sala 1 de los Tribunales de Alajuela, donde se dictó el fallo.
Sin embargo, la lectura de la sentencia, que estaba programada la 1 p. m., tuvo un retraso de más de 40 minutos por problemas de conexión.
El juicio, que primero empezó en Goicoechea y luego se tuvo que suspender e iniciar otro nuevo debido a la pandemia de la covid-19, fue presidido por el Juez Mario Rodríguez y le acompañaron Beatriz Paniagua y Lucrecia Rivas.
La sala 1 en Alajuela estuvo acondicionada con espacios y divisiones para evitar el contagio de covid-19 y no se tuvo la presencia de los fiscales, de los imputados ni de los custodios que el traslado de estos últimos requiere.
La Fiscalía informó en un comunicado de prensa que analizará la sentencia integral para determinar si presenta una apelación por la absolutoria contra los dos imputados que quedaron libres.
De igual manera, analizan apelar el hecho de que a dos de los acusados se les condenó solo por uno de los asesinatos, aunque esa entidad sostiene que participaron en ambos hechos de sangre.
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