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La entrega de 72 hectáreas de tierras propiedad del Estado, que hizo el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) a funcionarios de esa entidad, a los padres de ellos, hermanos, cuñados, y esposas durante los años 1994 a 1998, quedó cerrado sin sanción penal, el pasado 21 de noviembre.
Eso sucedió luego de 13 años de estar el asunto en despachos judiciales.
El punto final lo dictó el Tribunal Penal de Juicio de Hacienda al emitir sentencia absolutoria a favor de los 29 acusados, 15 funcionarios de la entidad, hoy conocida como Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y 14 particulares.
A todos los implicados el Ministerio Público les había atribuido en el debate presunta responsabilidad en los delitos de peculado (sustracción de bienes del Estado) y estafa.
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Aunque todavía al Ministerio Público le queda la posibilidad de impugnar la sentencia, este viernes 8 de febrero todavía se analizaba la resolución del Tribunal para tomar una decisión final, comunicó la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, las posibilidades de apelar y lograr un nuevo debate son muy remotas, pues los fiscales de juicio Grethel Mejía Murillo y Carlos Rodríguez Ovares, en la fase de conclusiones, admitieron que la acusación es “poco precisa, contradictoria y ambigua” y en este momento procesal, dicha pieza judicial no se puede cambiar.
Asimismo, la Fiscalía pidió absolver a muchos de los implicados “amparada en el principio de objetividad, dada la divergencia entre lo que se acusó y la prueba que se reprodujo en el juicio”, informó el Ministerio Público.
Este caso, de supuesta corrupción, fue dado a conocer por La Nación en noviembre del 2005 y generó que la Fiscalía abriera una investigación, realizara allanamientos, detuviera a los sospechosos y que se impusieran medidas cautelares a los imputados.
Historia del caso
Los hechos que en su momento acusó la Fiscalía ocurrieron entre los años 1994 y 1998 y se desarrollaron en la oficina regional del IDA, en Orotina de Alajuela.
Para la Fiscalía los implicados “instauraron un plan para manipular el proceso de selección de beneficiarios de tierra y para ello insertaron datos falsos en las encuestas de selección, en los oficios de recomendación y en las fichas de titulación y de esa forma indujeron a error a los miembros de la Junta Directiva del IDA para que adjudicara los lotes a personas que no se dedicaban a labores agrícolas ni cumplían con los requisitos establecidos para obtener un terreno del Estado”.
En total fueron 45 predios, con una extensión total de 727,120 metros cuadrados (72 hectáreas), cuya adjudicación se consideró como ilícita, pues los beneficiarios tenían algún grado de parentesco familiar con los funcionarios del IDA.
Los terrenos estaban ubicados en los proyectos conocidos como Coyolar, Mollejones, Cebadilla, El Vivero, Santa Rita, Cerro Bajo, Los Mangos, El Barro y La Península. Todos localizados en los alrededores de la carretera Costanera, que une a Orotina con Jacó.
Posteriormente, varios de los terrenos fueron vendidos a terceras personas que construyeron gasolineras, sodas y otros negocios.
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Yerros en pesquisa
El juicio por este caso se realizó en los Tribunales de Goicoechea. Inició el 2 de mayo y concluyó el 21 de noviembre del 2018. Estuvo a cargo de los jueces Franz Paniagua Mejía, Rosaura García Aguilar y Alfredo Arias Calderón.
El Tribunal, en la sentencia 713-2018 que consta de 781 folios, señala múltiples deficiencias en el proceso. Estas surgieron desde la misma investigación, luego repercutieron en un mal planteamiento de una acusación fiscal pues se carecía de elementos probatorios.
Al ahondar en las falencias, los jueces precisaron que muchos de las situaciones no configuraban delitos, debido a que no se presentaron pruebas que acreditaran los hechos imputados. Asimismo, detectaron serios problemas de correlación entre los asuntos acusados y lo que se atribuyó en conclusiones.
Solo para citar un ejemplo, explicaron que el delito de peculado, que castiga con prisión, de tres a doce años, al funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo, no podría atribuírsele a los acusados, pues ellos no eran los tomaban la determinación final sobre la asignación de las tierras.
En este caso los imputados recomendaban a una persona para ser adjudicataria de una parcela pero la determinación final del terreno “competía al personal de Selección de Beneficiarios” y luego “el poder de decisión y disposición final recaía en la Junta Directiva del IDA”. Ninguna persona de estos últimos órganos estuvo entre los acusados.
“La Junta Directiva, lejos de ser integrante de un equipo de trabajo (...) era el máximo órgano de dirección y decisión, así como de vigilancia y supervisión, no podría alegarse que su confianza derivada del equipo de trabajo (...) fue ‘traicionada’ puesto que (...) era el deber de sus integrantes velar porque las oficinas que participaban en los procedimientos de asignación de tierras cumplieran adecuadamente sus labores, no podían los directores de dicho órgano colegiado flexibilizar sus controles”, advirtieron los jueces.
Finalmente, durante el juicio, el representante legal del Inder, Carlos Luis Redondo Gutiérrez, hizo ver que la mayoría de terrenos fueron recuperados por la entidad en la vía administrativa. Informó que solo faltaban tres propiedades denominadas como las parcelas 37 y 57 de Cebadilla y la parcela 12 de el Barro.
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