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El Tribunal de Apelación anuló la sentencia que condenaba al Partido Acción Ciudadana por presuntamente estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el cobro de deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
Ahora, una nueva conformación de jueces penales resolverá si el PAC deberá o no cancelar más de ¢159 millones referidos a 84 contratos por servicios especiales que al parecer son falsos y que fueron presentados como pagos reales realizados durante la campaña electoral de hace 12 años.
El 15 de julio del año pasado se dictó la sentencia condenatoria, pero fue recurrida por el abogado defensor del PAC, Erick Gatgens. Esa apelación fue acogida y se ordenó un nuevo debate que probablemente se realizará el año entrante en los Tribunales de Goicoechea.
Según Gatgens, el 27 de julio pasado, por voto de mayoría, se acogió el reclamo planteado por la agrupación política, donde alegaba que se violentaron una serie de derechos procesales que tenía el partido.
“Nosotros en un primer momento habíamos planteado problemas de fondo y de forma, justamente acogieron uno de forma y dispusieron la nulidad de la sentencia. Exigíamos que se citara a los testigos y se recabara la prueba, pues se trataba de un juicio independiente, pero los jueces copiaron lo que había dicho el Tribunal en relación con el debate anterior, lo cual desembocó en la anulación de este segundo juicio “, dijo Gatgens.
Añadió que como desde el primer juicio (donde se les juzgó por otros 179 contratos falsos) se había absuelto a las personas que estaban imputadas en relación con esos 84 contratos, ahora “habría una imposibilidad legal de condenar al PAC civilmente por los mismos, por haberse absuelto penalmente a los imputados de estos hechos”.
El 5 de diciembre del 2016 los Tribunales condenaron al PAC a pagar ¢352 millones, más los intereses y las costas procesales por otros 179 contratos ficticios que cobró ese partido en su liquidación de gastos al Tribunal Supremo de Elecciones.
En ese primer juicio también se condenó a seis años de prisión al extesorero del PAC, Maynor Sterling Araya, así como a tres años de cárcel al excolaborador Manuel Antonio Bolaños Murillo, por los delitos de estafa mayor.
Esa vez a Bolaños le concedieron la ejecución condicional de la pena por un lapso de cinco años, mientras que a Sterling se le benefició con casa por cárcel, mediante el uso de tobillera electrónica. Esa sentencia quedó firme en el 2017.
El PAC fue el segundo partido condenado a devolver dineros al estado luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encontrará inconsistencias en la liquidación de gastos. En octubre del 2015 el Movimiento Libertario fue condenado al pago de ¢401 millones por capacitaciones que nunca existieron.
