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El Tribunal Penal de San José pospuso este lunes el juicio contra un fotógrafo acusado de producir y difundir pornografía infantil, violación y asociación ilícita, entre otros delitos.
Lo anterior luego de que el acusado, de apellidos Núñez Romero, alegara una prueba procesal defectuosa y renunciara a la defensa del abogado que su familia contrató para que lo representara.
Por este mismo caso el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había detenido el 8 de junio del 2017 a otro hombre identificado como Elías Solano Corrales, de 44 años, quien anteriormente se acogió a un proceso abreviado y fue condenado a 39 años de prisión.
Este lunes, a las 9:12 a. m. comenzó el debate y el imputado pidió suspender la audiencia por actividad procesal defectuosa, al alegar que no pudo ver varias pruebas.
Núñez, de origen peruano, también pidió que se le cambiará su defensor privado Edgar Etchegaray Castellanos, al alegar que tiene muy mala comunicación con él.
El fiscal Luis Quesada negó que hubiera actividad procesal defectuosa y más bien señaló que el propio abogado Etchegaray, también peruano, así lo dejó ver poco antes de pedirle al tribunal ser relevado del caso por pérdida de confianza de su cliente.
Etchegaray dijo que siempre mantuvo bien informado a Núñez e incluso le fotocopió y llevó a la cárcel los legajos.
A las 9:45 a. m. el Tribunal, integrado por Irena Barrantes, Viviana Obando y Roberto Díaz, salió a deliberar y una hora después retornó a la sala y acordó suspender por cinco días el inicio del debate.
Ese es el plazo establecido judicialmente para que se le asigne un nuevo defensor.
Este lunes, y mientras concluye el proceso, los jueces extendieron la prisión preventiva de Núñez hasta el próximo 3 de abril. Lo anterior porque los delitos que se le atribuyen, tales como trata de personas con fines de explotación sexual, son castigados con privación de libertad.
Un cambio constante de abogados
La jueza presidenta advirtió al fotógrafo acusado que con el abogado que se le asigne ya serán cinco.
"Ya que una persona en un proceso no se haya llevado con cuatro o cinco de sus abogados, y aquí hablamos de defensa pública y particular, es algo que se sale de lo que a nosotros la experiencia nos ha dicho que es normal”, indicó.
Añadió que la Defensa Pública tiene personas acreditadas, que han pasado exámenes y han tenido la capacitación suficiente para aceptar cualquier caso en material penal.
La jueza Barrantes le dejó al imputado la posibilidad de que durante toda esta semana pueda ser trasladado del Centro de Atención Institucional San Sebastián hasta alguna sala de los Tribunales de San José y luego ser devuelto, para que pueda ver las pruebas de las que alegó no haber tenido acceso y así evitar lo que llamó posibles prácticas dilatorias de Núñez.
Las pruebas no se le llevan al centro penitenciario, porque no existen los facilidades técnicas para que pueda verlas allá.
De esta forma, toda esta semana el imputado tendrá que ser custodiado todos los días, tendrá los tiempos de alimentación en los tribunales y la asistente del juicio estará con él y los custodios a puerta cerrada, para garantizarle que pueda tomar los apuntes que requiera.
Con lo anterior, se busca garantizar su acceso a los documentos y a la defensa técnica.
En cuanto se le designe la persona que lo va a defender, esa persona también tendrá acceso a la sala donde se le muestra el expediente. El abogado Etchegaray sigue con la defensa hasta que se nombre su relevo.
Uno de los informes que está solo en forma digital se le va a imprimir a Núñez, quien se lo podrá llevar a las celdas para que lo pueda analizar desde la cárcel.
Amenazaban a víctimas
La banda, donde supuestamente participaba Núñez, reclutaba a muchachas menores de edad con la mampara de convertirlas en modelos, pero más bien abusaban de ellas y producían pornografía que era vendida en Internet para ser difundida en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y varios países de América del sur.
La organización, con tentáculos en el extranjero, tenía como sede una agencia de modelos llamada VDM Models, que funcionaba junto al salón de baile Meylin, en los alrededores de Plaza González Víquez, en San José.
Las menores llegaban con sus madres y cuando alguna llamaba la atención de los fotógrafos, las citaban a una sesión, las llevaban a una sala aparte y dejaban a las mamás esperando en otra.
A solas con las aspirantes a modelo les pedían que se desnudaran, las grababan y abusaban de ellas. Si se negaban, les decían que iban a matar a sus madres, detalló el 8 de junio del 2017, día de la captura de los sospechosos, el jerarca del OIJ, Wálter Espinoza.
La red operaba desde el 2009; sin embargo, la investigación empezó en el 2015 cuando una madre de familia los denunció. El OIJ identificó al menos 26 víctimas con edades entre los 11 y 17 años.
Los fotógrafos pegaban afiches con la leyenda “Buscamos Talentos” en comunidades humildes para reclutar a las menores.
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La Fiscalía confirmó que, el año anterior, Elías Solano Corrales aceptó los cargos acusados por el Ministerio Público y admitió ser responsable del delito de producción de pornografía infantil.
Ante ello, se eliminó la etapa de juicio, pero se le condenó de manera inmediata a 797 años de prisión. Por las reglas del concurso material, la pena impuesta fue readecuada por el Juzgado Penal a 39 años de prisión.
