EscucharLas autoridades investigaron 2.044 alertas de operaciones sospechosas de lavado de dinero o legitimación de capitales entre el 2010 y el 2016, pero solo 94 resultaron en condenas en los tribunales de justicia.
La mayor cantidad de sentencias condenatorias en un año fue de 23, en el 2016.
Sin embargo, en ese mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 326 reportes, de las cuales 56 fueron trasladados al Ministerio Público y únicamente ocho desembocaron en la apertura de un expediente por el delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes que no lo son.
Ese dinero podría provenir, por ejemplo, de juegos ilegales en línea, narcotráfico, fraudes con tarjetas de crédito, piratería informática o pornografía infantil.
Esos fondos son utilizados por las redes criminales para compra de vehículos de lujo, joyas, oro, así como inversiones en agroindustria, comercio e, incluso, préstamos informales, explicó Osvaldo Hernández, jefe de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
También, añade el investigador, se aprovechan actividades bancarias o financieras legalmente establecidas para encubrir capitales transados de modo ilegal.
Pese a que en el 2009 hubo una reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, N.° 8204, para que, además del tráfico de drogas, se ampliara la gama de delitos a perseguir por lavado de activos, el 98% de las condenas son por narcotráfico y solo un 2% tienen que ver con legitimación de capitales.
Esos resultados, dice Hernández, se deben a las complicaciones de las pesquisas que implican la canalización de una serie de datos provenientes de entidades bancarias, ministerios, empresas y personas probas que alertan sobre flujos de capital que podrían provenir de acciones sospechosas.
Lucha por blindaje
Todos estos esfuerzos se dan ante el reconocimiento de los “nefastos” efectos del delito ya que vulnera la ética, genera corrupción y atenta contra las buenas costumbres y la buena fe de la ciudadanía, recordó Osvaldo Hernández.
“Las personas, en su necesidad de hacer circular ese capital cuestionado, tratan de usar a otras personas, a la economía, al sistema legal de registro de bienes, a los bancos y al sistema financiero, para hacer creer que todo está bien”, dijo.
Asimismo, los lavadores aprovechan de organizaciones criminales radicadas en sectores vulnerables o de bajo estatus económico, para crear una economía ficticia.
Incluso, dan origen a trabajos sin sustento real, donaciones para escuelas, iglesias, plazas y otras construcciones donde crean estructuras paralelas al Estado.
“Surgen los señoríos mágicos, haciendo creer que ellos sí ayudan al pueblo, en aras de ganar voluntades”, sentenció.
En el ámbito de investigación judicial, estos grupos complican su seguimiento con redes de testaferros y actividades profesionales de distinta naturaleza, con el fin de perder el rastro del origen criminal que generó los recursos. Lo anterior para evitar que les quiten los bienes obtenidos ilegalmente.
Por ejemplo, entre el 2010 y el 2016, hubo 158 sentencias, pero en 64 de ellas los imputados quedaron absueltos. Las restantes 94 fueron condenas.
Cuando un país robustece la legislación para enfrentarla, la criminalidad de este tipo migra y traslada sus operaciones a otros países políticamente vulnerables.
En el caso de Costa Rica, pese a los esfuerzos realizados, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado el 2 de marzo del 2016, señaló que el país era incapaz de contener la creciente penetración del lavado de dinero.
Según ese documento, las organizaciones criminales internacionales veían cada vez más favorable este territorio para realizar la actividad por su ubicación geográfica y por la “acción limitada” para combatirlo.
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Esa calificación, generó reacciones internas que lograron sacar al país de la lista gris del Grupo de Apoyo Financiero Internacional (GAFI), en noviembre de 2017.
Para lograrlo, se aprobó y reglamentó la Ley de mejoramiento de la lucha contra el fraude fiscal y la ley de regulación de actividades como los casinos, la venta de joyas y a los abogados que manejan recursos de terceros.
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En el 2016 también se adoptó una medida para que la banca cierre todas las cuentas sospechosas de lavar dinero y financiamiento al terrorismo.
Para ello los bancos quedaron obligados a informar a los usuarios antes de bloquear las cuentas.
Asimismo, pueden negarse a abrir operaciones a nuevos clientes que no justifiquen el origen de sus recursos.
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El mayor lavador del mundo es tico
En el 2008 llegó a nuestro país Arthur Budovsky, un ucraniano que actualmente tiene 44 años y que, para obtener la nacionalidad costarricense, se casó con una vendedora de empanadas.
Desde el 20 de enero del 2010 ese europeo es costarricense por naturalización, tras casarse con Yesenia de los Ángeles Valerio Vargas, vecina de Alajuelita, divorciada y madre de cuatro hijos.
Actualmente ella tiene 43 años.
Budovsky vivió en Pozos de Santa Ana y fue el fundador de la plataforma financiera digital Liberty Reserve.
El europeo con nacionalidad tica fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos en mayo del 2016 por haber blanqueado cientos de millones de dólares para criminales del mundo entero entre 2005 y 2013.
El fiscal de Manhattan, Preet Bharara, dijo al anunciar el fallo que el “imperio” montado por Budovsky, quien supervisaba las operaciones y definía la estrategia, había sido “expresamente creado para facilitar el blanqueo de dinero a gran escala para los criminales del mundo entero”.
Cuando fue cerrada, en mayo de 2013, Liberty Reserve contaba con más de 5,5 millones de cuentas de usuarios de todo el planeta, más de 600.000 de ellas en Estados Unidos, y había registrado más de 78 millones de transacciones financieras de un valor total superior a los 8.000 millones, señaló la fuente.
Budovsky, quien renunció a la ciudadanía estadounidense en 2011 y adoptó la costarricense de su esposa para evitar ser perseguido en ese país, fue detenido en España en mayo de 2013 y extraditado hacia Estados Unidos en octubre de 2014.
La jueza federal, Denise Cote, subrayó que Budovsky no había mostrado “verdadero remordimiento” y que los delitos que cometió causaron un número “incalculable de víctimas a lo largo y ancho del mundo”.
El sentenciado admitió haber blanqueado entre 250 y 550 millones de dólares en relación con las cuentas de Liberty Reserve en Estados Unidos.
Liberty Reserve fue creada en Costa Rica en 2006 y operaba por Internet, mediante la moneda virtual llamada bitcoin. El sistema le permitía procesar pagos y hacer transferencias de dineros sin ningún tipo de control ni registro.
En nuestro país, el ICD tiene en custodia bienes valorados en millones de dólares.
Después de la condena a Budovsky en Estados Unidos, el abogado Carlos Luis Ibarra García, designado por él para representarlo en el caso, detalló que su cliente no tiene interés en anular el matrimonio con la tica, ni tampoco su esposa tiene interés.
Mientras tanto, los bienes que las autoridades le decomisaron en nuestro país, todavía están en manos del ICD, según confirmó este 3 de enero Guillermo Araya, director de esa entidad.
Araya dijo que aunque existe una sentencia de la Fiscalía de Nueva York, no hay una disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre esos bienes.
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Añadió que los vehículos, en su gran mayoría, están registrados bajo una marca de lujo, pero las partes mecánicas de algunos de ellos son de otras marcas no originales, y eso constituye una limitante para una eventual subasta.
“Mejor esperamos la orden para devolverlos o disponer de ellos una vez que sean designados oficialmente al país”.
También se está a la espera de ver qué pasará con los $20 millones que se le decomisaron a Liberty Reserve en mayo del 2013, cuando las autoridades allanaron las oficinas de esa empresa y detuvieron en el exterior a cinco implicados en el caso, en un operativo simultáneo que abarcó a nuestro país así como a Estados Unidos, España y los Países Bajos.
Los intereses de esos $20 millones sí están siendo aprovechados por el ICD, dijo el director de esa entidad.
Entretanto, el dinero y cinco de los siete lujosos vehículos están en custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), a la espera de que los Tribunales de Justicia decidan a quién pertenecen.
Se trata de dos Jaguares y tres Rolls Royce, de los que solo dos son completamente originales. El Jaguar modelo 2005 está valorado en unos $100.000 (unos ¢56 millones) y el otro Jaguar, modelo 2011 vale unos $105.000 , mientras que el Mercedes Benz GL fue vendido en el 2017 en ¢34 millones (unos $60.000) y también se vendió el Porsche Caymán, en ¢16 millones.
Condenas tocan a mecánico, chancero, joven guatemalteca y hotelero
El mecánico Hugo Miguel Jiménez, fue condenado en Heredia a 13 años de prisión en el 2014. Esa causa comenzó el 30 de octubre de ese año cuando el hombre se encontraba en su casa, en San Lorenzo de Flores, Heredia, y dos individuos llegaron al lugar y lo hirieron en el abdomen con un arma de fuego.
Cuando la Policía ingresó al sitio, determinó que el mecánico escondía $3 millones (¢1.632 millones), otros ¢2, 5 millones y tres kilos de cocaína en su vivienda.
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Empresario turrialbeño descuenta prisión
En marzo del 2016, el empresario hotelero, Luis Enrique Barrantes Benavides, recibió la condena de 10 años de cárcel en el Tribunal de Juicio de Cartago por legitimación de capitales.
La investigación de este caso arrancó en agosto del 2008, cuando la Policía de Control de Drogas (PCD) recibió informes confidenciales de que un hotel en Turrialba estaba siendo utilizado para el trasiego de drogas.
El 1.° de mayo del 2009 las autoridades lograron determinar que se trataba de una célula del cartel de Sinaola, la cual estaba incursionando en nuestro país. A esa conclusión se llegó cuando un helicóptero con 396 kilos de cocaína se estrelló en el Cerro de la Muerte.
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Extranjera trasegaba dólares dentro de su cuerpo
Uno de los casos más insólitos, ocurrió en el 2014, cuando una mujer guatemalteca de 19 años fue condenada a cinco años y cuatro meses de cárcel por lavado de dólares.
Lo anterior, luego de que $12.800 que transportaba dentro de unos óvulos en el estómago le generaron un malestar al llegar al país. Por sus propios medios llegó a un hospital donde confesó su delito para que la atendieran de urgencia.
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Chancero quedó libre, pero perdió $600.000
En el 2013 los Tribunal de San José emitieron la primera sentencia sobre capitales emergentes al quitar poco más de $600.000 a un hombre de apellido Soto que tenía el dinero en dos cuentas bancarias y no pudo demostrar que el origen de los fondos fuera lícito.
El caso se originó en 2011 cuando la fiscalía denunció a Soto por legitimación de capitales, pero en el campo penal no se logró comprobar el delito.
Se le aplicó la Ley contra la Delincuencia Organizada, N.° 8754, aprobada en julio del 2009.
Esta ley permite perseguir patrimonios que no tienen justificación, aún cuando no se logre demostrar con certeza que hubo algún delito de por medio como narcotráfico o fraude.
De esta forma, se le logró quitar esa fortuna al chancero, quien tenía el dinero en dos cuentas bancarias. Un Juzgado había ordenado la inmovilización de ese dinero, depositado en un banco estatal.
