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El grupo narco tenía sus propias claves. En lugar de hablar de dosis de droga, sus integrantes recibían encargos de “hamburguesas”.
Lo que no tenían previsto es que oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), apoyados por las facilidades tecnológicas, vigilaron y siguieron a la organización, afincada en Pococí, desde el momento en que recibía un pedido de droga, enviaba al mensajero con el estupefaciente y lo entregaba al consumidor.
El mecanismo de trasiego lo conocieron los policías gracias a la orientación de un juez penal, que desde el centro de intervenciones telefónicas escuchaba las conversaciones de los líderes de la banda, y les retransmitía la información a los agentes.
Simultáneamente, policías en el campo verificaban cuando un hombre recogía la droga en un punto de distribución y luego la llevaba a los clientes. Poco después, los oficiales hacían operativos para decomisar la mercancía y aportarla como prueba en la pesquisa.
Este novedoso método de investigación sirvió para identificar a los participantes de la venta de droga y fue la prueba esencial para que el Tribunal Penal de Juicio de Pococí, Limón, condenara el pasado 5 de agosto a ocho personas por narcotráfico, según consta en la sentencia 539-2019.
Se trata de los miembros de una banda llamada el Realengo, que tenía como centro de operaciones la comunidad de La Emilia de Guápiles, en el cantón de Pococí.
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Los sentenciados son Vivian Jiménez Cordero, conocida como la Negra y líder del grupo, así como su compañero sentimental y mano derecha, Juan Carlos Martínez Campos, conocido como Cali. Ambos descontarán 10 años de prisión.
En tanto, Ashley Daniela Martínez Jiménez, Guillermo Martínez Campos, Marco Gabriel Castro Castillo, María Eugenia Cordero Quirós, Mauricio Alberto Bustos Mora y Marvin Elías Salas Sánchez, que eran colaboradores, recibieron 8 años de carcel.
Otros tres imputados de apellidos Montero, Valverde y Cano fueron absueltos por duda.
Así vigilaron los jueces el servicio express
Con escuchas telefónicas, un juez seguía, en tiempo real, los encargos de droga del grupo Realengo.
FUENTE: SENTENCIA 539-2019 DEL TRIBUNAL PENAL DE POCOCÍ.. || c. f. / LA NACIÓN.
La Policía no podía con todo
Durante el debate, un agente del OIJ reveló un detalle interesante pues la idea del seguimiento en vivo era monitorear todas las transacciones, pero el testigo aceptó que en ocasiones no podían controlarlas todas.
“Cuando entraba la llamada del pedido (el juez) nos informaba y nosotros nos desplazamos al sitio de hecho. Había varias entregas que nosotros no podíamos abordar porque eran tantas y tan seguidas que no daba. No teníamos tanta presencia operativa para cubrir todos los puntos, entonces había compras y entregas que nosotros no podíamos cubrir” reconoció el oficial.
Las entregas eran de diversas cantidades de droga.
En un caso se decomisó una bolsa con “un envoltorio plástico anudado conteniendo en su interior dos envoltorios plásticos con fragmentos de crack, con un papel con la leyenda 2 de ¢25.000. Una bolsa plástica anudada, conteniendo en su interior envoltorios de plástico, con droga tipo crack, con un papel con la leyenda 5 de ¢4.000. Una bolsa plástica anudada, conteniendo 2 envoltorios de plásticos con fragmentos de crack, con un papel con la leyenda 3 de ¢12.500”.
Para los jueces, Jannette Mena Rodríguez, Kristofher Durán Solano y Juan José Bonilla Monge, las pruebas resultaron irrefutables.
“Los aquí acusados, como miembros de la organización criminal que conformaron, actuaron de común acuerdo, con pleno dominio de los hechos, siguiendo un plan previamente establecido y mediante una clara distribución de funciones, para lo cual cada uno de ellos ejecutó una función determinante que les permitió el funcionamiento del grupo delictivo, dentro de distribución, almacenamiento, transporte y venta de drogas”, señalaron los juzgadores.
Luchas por mercado
La investigación del grupo, Realengo que estuvo a cargo del OIJ, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, se inició el 26 de abril del 2016 y se cerró el 12 de diciembre del 2017, aunque la organización operaba desde el 2013.
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A esta banda se la acusó de abastecer cocaína, crack y marihuana, no solo a consumidores de los cantones de Pococí y Guácimo, sino que también de introducir droga a centros penales, como el Carlos Luis Fallas, en La Leticia de Pococí, y el Jorge Arturo Montero, del Complejo Penitenciario La Reforma, en Alajuela.
La pesquisa determinó que Realengo adquirió gran poder y se estima que diariamente vendía más de ¢1 millón en drogas. Las ventas la hacían en casas o mediante suministros a domicilio.
Precisamente, el seguimiento en vivo de las entregas sirvió para individualizar a los sospechosos y luego decomisar la droga. Los jueces en el debate conocieron el detalle de cómo operaba el grupo y esto fue una prueba irrevocable.
Asesinato impune
La sentencia sobre este caso, además de precisar las transacciones de droga, devela que en el cantón de Pococí hay al menos otras siete organizaciones que se dedican a la misma actividad y que debido a las luchas por controlar territorios para la venta de estupefacientes, se generan enfrentamientos a balazos, que dejaban personas heridas o asesinadas.
Por ejemplo, en el debate se reseñó uno de esos hechos violentos, ocurrido el 18 de junio del 2015, cuando asesinaron a balazos a Gustavo Adolfo Fallas Carvajal. Éste era miembro de la banda el Realengo y tenía un puesto de venta de frutas en la ruta 32 en Guápiles.
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Asimismo, en otra ocasión un sujeto que solo identificaron como Pipo y miembro de la banda de Toro Amarillo, intentó dar muerte a Juan Carlos Martínez Campos, alias Cali, pero solo logró herirlo de bala.
Como reacción a este último ataque, según describió la Fiscalía, fue que los líderes de la banda el Realengo idearon matar a Pipo.
Empero, cuando perpetraron el hecho se equivocaron de objetivo y el 20 de marzo del 2017 asesinaron a Jocxin Aarón Vidaurre, de 22 años, que al parecer resultó ser una víctima inocente.
En juicio se alegó que la equivocación se debió a que el fallecido tenía un gran parecido físico con Pipo.
En este caso los implicados eran Vivian Jiménez Cordero, Juan Carlos y Guillermo Martínez Campos, Esteban Montero Rodríguez y Brandon Valverde Campos.
Sin embargo, el tribunal los absolvió porque la prueba que se evacuó en el contradictorio "no resultó suficiente para poder acreditar, fuera de toda duda, los hechos acusados”.
Además, agregaron que durante el debate se citaron varios posibles móviles pero las mismas eran “versiones contrapuestas. No tenemos elementos para darle credibilidad a una sobre la otra”, indicaron los miembros del tribunal.
Sobre este caso, el Ministerio Público informó que apelará esa absolutoria con la finalidad de que el crimen no quede impune.
Colaboró con esta información: el corresponsal Reiner Montero.
