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La mamá de una bebé de un año y dos meses que fue asesinada en diciembre del 2018, en Turrialba, buscará la absolutoria en un nuevo juicio en su contra que comenzará este lunes 21 de febrero, en el Tribunal Penal de esa localidad.
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La mujer, de apellidos López Leiva, había sido condenada a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado, en febrero del 2020.
No obstante, Luis Diego Miranda, su defensor público, apeló la sentencia al considerarla sin fundamento. Él alegó, primero, que se comprobó que quien cometió el crimen fue el padrastro de la menor, un hombre identificado como Jefyn Quirós Torres, por lo cual fue sentenciado a 30 años de cárcel, en febrero del 2020.
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El otro motivo para apelar el fallo fue que López también fue víctima de violencia doméstica por parte de Quirós, lo cual la ponía en una situación de vulnerabilidad.
Por ello, en el recurso presentado, Miranda pedía al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago absolver a su representada, o bien, ordenar un juicio de reenvío.
En la resolución 2020-511, del 28 de agosto del año anterior, los jueces le dieron la razón a la defensa. Se inclinaron por la segunda opción y es por ello que López Leiva volverá al banquillo este lunes por el crimen de su bebé, cuya causa de muerte fue el síndrome del niño sacudido.
Además, la menor presentaba fuertes golpes en la cabeza y rostro, así como fracturas en las costillas, brazos y piernas. También tenía cicatrices de mordiscos.
Defensa: No hubo análisis de nuestra teoría principal
Como primer punto de la apelación que plantea el defensor, indica que no hay una correlación entre la acusación y la sentencia. Según explicó, el escenario se limitó a conocer quién dio muerte a la víctima y si hubo o no omisión por parte de López Leiva en el ataque que mató a la menor.
“Es un hecho no controvertido que el coacusado (Quirós Torres) fue claro y enfático en que fue él quien provocó las lesiones en la víctima, que no fueron acusadas, así como la muerte de esta al tomarla de las costillas y lanzarla al suelo”, escribió el defensor al explicar que, entonces, su representada no cometió el homicidio.
Sobre la omisión de la mamá aseguró que no existe, ya que apenas ocurrió la agresión fatal, ella la llevó al hospital.
“Los expertos (que testificaron en el juicio) fueron categóricos y contundentes en afirmar que la lesión que provocó la muerte de la víctima se realizó minutos antes a su presentación al centro médico. Se explicó que no era posible que una persona sobreviviera uno o dos días con una lesión tan aguda y severa como la que presentaba la ofendida”, continuó en el alegato.
Además, se tuvo por acreditado durante el primer debate que, López “se arrodilló y suplicó a su pareja para que la dejara llevar a su hija a un centro médico”; sin embargo, reprochó el defensor, “nada de eso fue considerado por el tribunal sentenciador”.
Miranda también señaló que los jueces no valoraron la situación de vulnerabilidad en la que vivía López Leiva, así como su historial de vida, lo cual, añadió, fue comprobado por peritos de trabajo social y psicología.
Aseguró que el Tribunal “discriminó de forma arbitraria e ilegal sus declaraciones, de las que escogió segmentos, para concluir de forma contraria a esos expertos”.
El defensor expresó, en su escrito, que la acusada vivió dos ciclos de violencia doméstica desde temprana edad y que tiene un trastorno de dependencia emocional, lo cual, a su criterio, explica el comportamiento de ella ante las agresiones mortales del acusado hacia su hijastra.
En su recurso de apelación, él replicó lo dicho por una psicóloga durante el debate: “La imputada tiene limitadas sus capacidades volitivas y cognitivas por su funcionamiento, que no le permiten buscar ayuda o externar sentimientos como otras personas”.
No obstante, insistió, el tribunal se apartó de los criterios y “sostuvo que la acusada sí tenía la oportunidad de actuar diferente y al mismo tiempo que, de forma contradictoria, presenta sus capacidades limitadas”.
Para Miranda, si los jueces hubiesen valorado “correctamente” las pruebas, se hubiese determinado la existencia de una causa de exculpación o bien de inimputabilidad disminuida.
Apelación: Fallo se deriva de pensamiento especulativo de Tribunal
El 28 de agosto, los jueces de Apelación Ivette Carranza, Cristian Fernández y David Fallas dieron la razón a la defensa y ampliaron al decir que el fallo del Tribunal Penal de Turrialba “no se deriva de la prueba recibida, sino que constituye el pensamiento especulativo e incompleto” de los jueces.
Para empezar, señaló que los razonamientos usados son “contradictorios, imprecisos e incompletos”.
Uno de los vicios encontrados por el tribunal de alzada es que primero se consignó que López Leiva actuó de forma activa, pero luego se dice que de forma omisiva. “Ciertamente, se trata de un yerro insalvable en la medida en que no permite comprender cuál de las dos hipótesis constituyó la base del juicio de reproche emitido contra la encartada”.
Además, los juzgadores de Apelación reprocharon que el Tribunal se tomara la libertad de no solo realizar sus propias valoraciones técnicas, sino que además “otorgó un contenido del que carece” a las declaraciones de una trabajadora social y una psicóloga forense para rechazar la tesis defensiva que hablaba de la vulnerabilidad de la acusada.
Refutó que tampoco se tomara en consideración el testimonio de una trabajadora social en donde contaba sobre la violencia doméstica que vivió la imputada con su pareja.
Por esos yerros es que el Tribunal de Apelación ordenó un nuevo juicio en contra de López Leiva.
Cruel muerte para bebé
En diciembre del 2018, la pareja llevó a la pequeña al servicio de Emergencias del Hospital William Allen Taylor, en Turrialba, Cartago, porque la menor estaba mal. Ellos alegaron en aquel momento que fue por una aparente caída.
La menor llegó convulsionando al centro médico, donde los médicos, después de las atenciones iniciales, acordaron enviarla de emergencia al Hospital Nacional de Niños donde, pese a los esfuerzos del personal, fue imposible reanimarla y la niña perdió la vida el 11 de diciembre del 2018.
Durante su atención, el equipo de médicos alertó de un posible caso de agresión, ya que la niña presentaba fuertes golpes en la cabeza y rostro, así como fracturas en las costillas, brazos y piernas, indicó el Ministerio Público en aquel momento.
Además, en su cuerpo, los médicos forenses encontraron también cicatrices de mordiscos que anteriormente había sufrido la pequeña.
