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Un psicólogo, acusado de provocarle la muerte a un chofer con un bastón metálico, podría pasar los próximos 18 años en prisión si el Tribunal de Juicio de Heredia acoge la petición de la Fiscalía.
Ayer, luego de que ambas partes emitieran sus conclusiones, la fiscala Marianela Salas solicitó la pena máxima contra el imputado, de apellido Zumbado (36 años), por el delito de homicidio simple.
La abogada argumentó que los relatos de testigos y la prueba documental demostraron que el acusado tuvo un altercado en la carretera con Gustavo Loaiza Bolandi, el 6 de octubre del 2008.
Según la acusación, Zumbado se molestó cuando Loaiza, quien era técnico de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), no le brindó espacio en un congestionamiento vial, frente al residencial Los Arcos en Belén de Heredia.
“El ofendido (Loaiza) le hizo una seña, que es común hacerla cuando no hay campo, como de que pase por encima porque es lo que queda. Eso molestó al imputado quien en forma dolosa llegó con el arma”, aseguró la fiscala.
Agregó que “el ofendido nunca descendió de su vehículo”.
Según sostuvo, Zumbado golpeó a Loaiza en la cara en dos ocasiones. “Su intención no era lesionarlo sino matarlo”, apuntó.
Tras el altercado, el técnico del ICE convaleció 51 días en el hospital con una grave lesión en un ojo, y luego murió a causa de un derrame cerebral.
La sentencia será dictada hoy a las 11 a. m. por los jueces Óscar Vargas (presidente), Geovanny Mena y Alfredo Arias.
Reproche y defensa. La representante del Ministerio Público reprochó al acusado haber cometido la agresión pese a haber sido capacitado por el Ministerio de Educación Pública, donde labora, para prevención de la violencia.
Ese reclamo surgió luego de que la defensa de Zumbado presentara pruebas de cursos que él llevó sobre ese tema dos años antes de que ocurriera el altercado.
Salas también desestimó el arrepentimiento que expresó el acusado el miércoles. “Eso no es arrepentimiento, es miedo a que se le imponga la pena máxima”.
Bernardo Soto, abogado defensor del acusado, pidió a los jueces recalificar el delito a agresión con arma o lesiones graves, en este caso, el bastón con candado que se usa para inmovilizar el carro contra robos. El jurista manifestó que, pese a que su representado admitió ser el responsable de la agresión, su intención nunca fue matar a Loaiza.
Soto sostuvo, además, que la víctima falleció a causa de una bacteria que adquirió luego de que fue intervenido en el centro médico.
“Y eso es algo que hay que achacarle al Seguro Social”, alegó.
Compensación. Danilo Loaiza, abogado querellante y hermano del fallecido, indicó que solicitaron ¢100 millones como acción civil resarcitoria.
Loaiza señaló que la familia de la víctima sufrió un daño moral y económico. “Ellos pasaron de vivir con el salario de él, de alrededor de ¢1 millón, a vivir con una pensión de ¢120.000 por mes”, recalcó el abogado.
