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La venta y consumo de drogas, el abuso del licor y una ciudadanía que no denuncia ni se involucra en los temas de seguridad, fueron problemáticas frecuentes en un diagnóstico realizado en 15 ayuntamientos.
Esta “radiografía” surgió luego de un trabajo de cuatro meses del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con apoyo de la Policía Nacional de Colombia y de las autoridades de los 15 concejos.
En total fueron consultadas unas 20.000 personas, y se hallaron 28 elementos comunes que disparan la criminalidad.
En el estudio participaron los cantones josefinos de Santa Ana, Mora, Escazú, Alajuelita, Tibás, Moravia y Goicoechea, así como también el cantón central de San José, Montes de Oca, Curridabat y Desamparados.
Belén, en Heredia; el cantón central de Alajuela, La Unión de Cartago y Quepos de Puntarenas, completan la lista.
Los resultados serán usados en el llamado “plan escudo” que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) impulsa para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.
La importancia de esto radica en que del narcotráfico derivan otros delitos, como asaltos, robos y homicidios, que disparan la inseguridad.
En el análisis se encontró que, aspectos de fácil solución, como la falta de alumbrado público en paradas de buses o parques, muchas veces no son abordados por el choque de competencias entre municipios y otras instituciones.
“Si tenemos un parque sin alumbrado público, es propenso que asalten a las personas que pasan en la noche”, resaltó el ministro de Seguridad, Gustavo Mata.
Dilemas. No obstante, el diagnóstico halló, además, problemáticas cuya solución sobrepasa a los gobiernos locales.
Por ejemplo, la venta de drogas y las adicciones surgen, a su vez, de violencia intrafamiliar, de género, de abusos sexuales y otros males que afectan a las familias y mueven a muchos jóvenes a dejar los estudios o a irse de sus casas, y quedan en vulnerabilidad.
A eso se suman las dificultades de hacinamiento. “Hay muchas familias viviendo en espacios muy pequeños”, comentó María Fulmen, viceministra de Seguridad Pública.
Por otro lado, en muchas regiones el exceso de patentes de licor hace que pululen bares alrededor de plazas y parques, donde muchas veces se ofrecen drogas y son germen para la delincuencia, según el estudio.
Tras conocer los resultados, los 15 alcaldes que fueron parte, mostraron disposición para tomar medidas y coordinar con otras entidades a fin de evitar el embate de las drogas.
La idea es que los 81 ayuntamientos cuenten con este diagnóstico y que cada uno tenga la posibilidad de trabajar la crisis de inseguridad a partir de su propia experiencia.
Centro de monitoreo. Como primer paso, el MSP planea implementar con los concejos, el denominado plan de Monitoreo, Control y Mando.
Así, se crearía un gran centro de control, cuyo costo rondaría los $40 millones, detalló el ministro Mata.
Lo que se haría es aprovechar unas 2.000 cámaras que ya tienen instaladas distintos municipios, en tanto, el centro de control operaría en San José. El inmueble debe tener las características adecuadas para instalar radares, radios, cámaras y otros equipos tecnológicos.
La meta es brindar un mejor tiempo de respuesta ante las emergencias de los ciudadanos.
“Nos va a dar la posibilidad también de ver en tiempo real la ubicación de las radiopatrullas para administrar de la mejor manera su uso”, acotó Mata.
La iniciativa está a la espera del beneplácito de todas las partes integrantes. El ministro señaló que eso podría suceder en este próximo mes de setiembre.
La ventaja es que algunas municipalidades ya tienen vigilancia con cámaras.
El centro de Monitoreo, Control y Mando es la apuesta del MSP para enfrenar las crecientes oleadas de trasiego de cocaína, heroína y drogas sintéticas que irán llegando en los próximos años a nuestro país.
Lo anterior debido al aumento en la producción de cocaína y también, a que parte del pago que se hace a los contactos locales, se hace con drogas.
Mientras tanto, las labores de patrullaje en las calles serán reforzadas con policías recién graduados. Según Mata, la cifra de 18.000 oficiales, que estándares internacionales definen como la mejor para una población como la de Costa Rica, se alcanzará pronto.
No acentuar el daño. Para el fiscal general, Jorge Chavarría, una de las claves para luchar contra el microtráfico se vincula con la penalización vigente.
“Hay que analizar cuál pena resulta más humanitaria y racional para que no nos venga a acrecentar el problema”, dijo.
Chavarría llamó a meditar sobre la posible aplicación de penas alternativas a prisión. “No se trata de que el hecho quede impune, sino de que se apliquen mecanismos que no desarticulen más a la sociedad”.
Como ejemplo citó que, cuando un muchacho es encontrado con marihuana en la escuela o colegio, no debería ser expulsado, pues eso empeora el caso.
Lo ideal, añadió, es que haya un abordaje que le permita al joven recuperarse y seguir dentro del sistema de enseñanza.
No obstante, cuando se trata de organizaciones criminales, sí pide a los tribunales una respuesta firme y mano dura.
