EscucharLa avioneta siniestrada este miércoles por la noche en San José de Upala, en la zona norte del país, iba cargada con más de 300 kilos de cocaína, según confirmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, a La Nación. La premisa de las autoridades es que la droga estaba almacenada en Costa Rica e iba a ser reexportada, probablemente hacia Norteamérica.
Al parecer el mal estado de la pista clandestina y una sobrecarga de la aeronave impidieron que la misma pudiera despegar. La avioneta monomotor fue descubierta poco antes de las 7 p. m. por agentes de la Fuerza Pública que realizaban labores de inteligencia en la zona y recibieron una llamada de alerta de vecinos que vieron a hombres cargando paquetes.
En ese momento, la aeronave era custodiada por varios individuos que, al percatarse de la cercanía de los policías, escaparon del lugar, informó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública. Desde entonces se desconoce su paradero; sin embargo, el ministro Zamora aseguró este jueves que hay un operativo en la zona para tratar de capturarlos. Se presume que se adentraron en una zona montañosa, así que existe riesgo de que pudiesen cruzar la frontera hacia Nicaragua.
Durante la noche, con apoyo de un perro adiestrado en la detección de estupefacientes, se confirmó que en la aeronave había 11 bultos con clorhidrato de cocaína. Inicialmente las autoridades habían presumido que podía ser marihuana, pero la revisión posterior aclaró el tipo de droga transportada.
Cerca del sitio, en los alrededores de la Escuela de La Victoria, también fue descubierto un vehículo pick-up Nissan Navara, CL 271630 con una lona en el cajón y más bultos.
Al final, precisó el Ministerio de Seguridad Pública, en la avioneta había 308 kilos de cocaína en la avioneta y otros 112 kilos en el automotor. También se decomisó el pick-up, un radio de comunicación, $8.000 y 10 pichingas con 15 galones cada una de AV-Gas, la gasolina para avión. Todo viajó este mismo jueves hacia la capital, bajo custodia de la Policía de Control de Drogas.
En la tarde, en el sitio solo permanecía personal del Servicio de Vigilancia Aérea, a cargo de la aeronave. La misma quedó en un potrero, con eras muy bruscas y maleza, lo que evidencia las dificultades que pudieron tener los sospechosos para intentar despegar en esas condiciones. Se presume que la avioneta venía de otro país y ahora las autoridades están revisando si la matrícula N5863S es original o falsificada.
“Costa Rica tiene, desde hace muchísimos años, un problema desde el punto de vista aéreo. Sabíamos de la entrada de helicópteros por la zona de Talamanca, ubicación de aeronaves en esa zona, tenemos 19 pistas clandestinas por destruir (en Guanacaste y la zona norte de Alajuela), por supuesto que vamos a seguir trabajando en esa dirección”, declaró el ministro.
De esas 19 pistas, el Gobierno solo ha podido destruir tres.
El transporte de drogas en avionetas es una de las estrategias regulares utilizadas por los grupos de narcotraficantes en el país. Por lo general utilizan aeronaves que puedan viajar a baja altitud para tratar de esquivar a los radares. Además, utilizan matrículas falsas y jamás reportan los vuelos a las autoridades locales.
El 23 de agosto del año pasado, también en Upala, una avioneta se estrelló y se incendió y sus dos ocupantes fallecieron en el sitio. En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que no hallaron droga ni dinero en la aeronave. De igual forma, al quemarse se perdió información sobre la posible ruta, así como indicios para saber la nacionalidad e identidad de los ocupantes.
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El proceso para destruir pistas
La Ley 9902 para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas instruye al Servicio de Vigilancia Aérea para notificar al propietario, poseedor o arrendatario del terreno sobre la existencia de una pista clandestina en el lugar. Luego esa persona cuenta con diez días hábiles para probar, en primera instancia y de forma escrita, la condición en que se encuentre dicha pista.
En caso de que la notificación sea infructuosa, las autoridades dejan constancia en el expediente sobre las gestiones realizadas y mediante un edicto, que se publica en La Gaceta, se establece un plazo para que los dueños detallen la situación, una vez cumplido ese tiempo, sin respuesta efectiva, la Policía procede con la inhabilitación de las pistas.
Para su destrucción se hacen zanjas profundas con maquinaria pesada en todos los espacios y movimientos de tierra hasta dejar la pista inoperable; empero, la ley faculta otros métodos como el uso de dinamita, dependiendo de la zona.
Colaboró en esta información Edgar Chinchilla.
