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Al menos dos de las 10 bodegas que fueron demolidas el 21 de febrero en Moín de Limón funcionaban a la libre, pese que habían sido allanadas anteriormente por delitos relacionados al tráfico de drogas, confirmó el Ministerio Público.
La Fiscalía indicó que aunque el caso se tramitó desde el inicio por delitos ambientales y la orden de demolición tenía como fundamento la restitución del ambiente, dos de las estructuras ya tenían antecedentes por narcotráfico, aunque no brindó mayores detalles.
En el sitio había no solo bodegas, sino casas, una de ellas con piscinas. En la parte trasera de los terrenos pasa un canal que conecta directamente al mar, justo en la zona de Portete.
Actualmente a los dueños se les investiga por los delitos de usurpación de bienes de dominio público e invasión al área de protección, pero nada relacionado a drogas. Además, el Ministerio Público señaló que por el momento “no se ha podido encontrar vínculos entre los imputados”.
Pese a los allanamientos, la Municipalidad de Limón evadió responder a La Nación si tenía conocimiento de que en estas estructuras se ocultaba droga. De hecho, ni siquiera permitió conversar con el alcalde Néstor Mattis, quien en declaraciones a otros medios de comunicación ha esquivado toda responsabilidad por el tema.
El Ministerio Público confirmó que valorará la apertura de una causa penal una vez que concluyan las demoliciones de las estructuras, ya que el operativo llegó un año y tres meses tarde. Explicó que las órdenes de desalojo fueron emitidas por el Juzgado Penal de Limón desde octubre de 2021, pero pasaron 15 meses para que el gobierno local limonense pusiera su sello para las demoliciones.
De acuerdo con la dirección exacta del lugar, suministrada por la Fuerza Pública, los sitios se ubican a 600 metros de la Escuela de Moín, en una franja de terrenos que está a menos de 500 metros del muelle donde salen las embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas de Limón y a un kilómetro de APM Terminals.
El Ministerio de Seguridad confirmó que una de las lanchas que estaba en las casas demolidas fue fabricada por el conocido empresario limonense Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, quien figuró como implicado en un sonado caso por usurpación de bienes de dominio público que se abrió en 2015.
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