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Tras la detención de cabecillas de cuatro grupos criminales que operan en Puntarenas, las autoridades de Fuerza Pública y del Ministerio Público afirman que la estrategia pretende bajar los homicidios en esa zona costera, que se encuentra entre las más conflictivas del país.
En lo que llevamos del 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra en la provincia un total de 115 homicidios, es decir, 30 muertes violentas más que el año anterior, para este mismo periodo.
Once personas fueron detenidas el martes pasado y entre ellas destacan líderes de al menos cuatro grupos que durante el último año se han disputado el control territorial para dominar los puntos de ventas de drogas en Puntarenas.
“Esto está relacionado con cuatro casos diferentes por homicidio. Los casos no necesariamente están relacionados entre sí”, mencionó Randall Zúñiga, director de la Policía Judicial, al momento del arresto de estos sujetos.
Estos sospechosos pertenecerían a los grupos conocidos como Gordo Ramos, Gordo Daniel, Los Picachús y los Chamorros. Estas son, según las autoridades policiales, cuatro de las 10 organizaciones más importantes que registra el cantón central de Puntarenas.
Varias de estas personas son reconocidas por las autoridades policiales y judiciales, ya que en diferentes momentos del año han sido detenidas, pero han quedado en libertad.
Según el Ministerio Público, los sujetos detenidos en este operativo fueron dos hermanos de apellidos Chamorro Cordero y una mujer, Gutiérrez Torrentes, dos hombres de apellidos Ramos Quirós y otros cuatro apellidados Villafuerte Guido, Carvajal Gómez, Lara Montero y Gutiérrez Álvarez a todos ellos les dieron prisión preventiva.
Dentro de la causa, el despacho investiga a un policía de apellidos Fallas Angulo, quien al parecer se encargaba de mantener informada a una organización. A este hombre lo suspendieron de su cargo por un periodo de 6 meses, así como firmar una vez al mes e impedimento de salida del país.
El último detenido es un menor de edad, pero las autoridades no informaron si quedó con algún tipo de medida cautelar.
La Nación conversó con Mauricio Boraschi, fiscal adjunto, quien estuvo presente el día de las detenciones, quien confirmó el objetivo de las intervenciones en el cantón central.
“La estrategia era afectar a varios grupos al mismo tiempo. Siendo los cuatro que están involucrados en estas causas del martes, igualmente violentos. El perfil de ellos es que el líder es mayor de edad, pero se hacen rodear en niveles ejecutivos y sobre todo violencia de sicariato de menores de edad”, señaló el fiscal.
Aseguró que existe una labor constante con la Fuerza Pública para la contención de la violencia en esa provincia y para lo cual han analizado desde inicios de año.
“Fortalecimos el análisis de los grupos criminales que estaban operando en las diferentes zonas, sobre todo en las más violentas. A partir de ahí empezamos a hacer un estudio y priorización de los grupos criminales a través de tecnología, también, para poder ir fijando nuestros objetivos inmediatos y mediados”, recalcó Boraschi.
Perfil de estas bandas
El fiscal adjunto también comentó que estas bandas están perfiladas y que, gracias a los trabajos de la Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada, así como la Fiscalía de Puntarenas, se apoyaron de la Policía Judicial y la policía administrativa para entender el funcionamiento operativo de estas bandas.
“Son grupos que no solo han tenido relación con temas derivados del narcotráfico marítimo, que afecta la provincia, sino también del otro lado se desdoblan en ventas locales, es decir en el microtráfico para generar fuentes de dinero más rápidas, para financiar sus diferentes acciones”, describió Boraschi.
Aunado a eso, el fiscal confirmó lo que este medio ha reportado en relación a que gran parte de estas bandas aprovechan las necesidades y las condiciones socioeconómicas de las comunidades porteñas, para reclutar jóvenes y enlistarlos en sus organizaciones.
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“Algunos de ellos tienen lanchas, tienen actividades en altamar entre comillas relacionadas con la pesca y también aprovechan para ir relacionando sus actividades con la cocaína y la marihuana, fundamentalmente”, especificó.
No a nuevos cabecillas
Allan Obando, jefe regional de la Fuerza pública y Mauricio Boraschi coinciden en que, además de sacar de las calles a algunos delincuentes, también procuran que no nazcan nuevos cabecillas, lo cual es una práctica común, cuando las autoridades desarticulan este tipo de bandas.
“Ese es el norte que nosotros tenemos, se invierten horas de seguimiento que hacen los compañeros de la Policía Control de Drogas y los compañeros del OIJ. Vamos a seguir haciendo controles en la calle. Por lo menos garantizamos trabajos en zonas calientes a pesar de que las bandas estén desarticuladas, para prevenir que otro grupo quiera sacar cabeza, si es así, pasamos el informe a la fiscalía y al OIJ”, destacó Obando.
Boraschi resaltó la importancia del trabajo de los efectivos de Fuerza Pública en esa contención, pues conocen esa dinámica donde los miembros de un clan, al verse sin un líder criminal, “se arrancan al jefe y empiezan los ciclos de violencia”.
Finalmente, el fiscal agregó que existen otras causas abiertas en más grupos criminales, para seguir con desarticulaciones de otras organizaciones.
