EscucharCon menos de un año de haber sido creada, una empresa empezó a ganar contratos de obras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) hasta sumar ¢1.000 millones en cuestión de 13 meses.
Fue creada el 1.° de octubre del 2019 y obtuvo su primer contrato el 1.° de setiembre del 2020. Desde entonces, la compañía ganó 20 obras del AyA a un ritmo impresionante: más de una por mes, hasta octubre pasado. Y se trataba de contrataciones directas, lo que significa que no hubo concursos ni competencia de otros oferentes.
La sociedad se llama Flu Vial Construcciones e Inversiones SRL y, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esta fue la mampara utilizada por la supuesta banda narcotraficante del denominado Caso Azteca para lavar dinero del tráfico de drogas, mediante obras públicas.
Flu Vial ganó contratos para construir acueductos en San Mateo, Esparza, Caldera y Quepos, en el Pacífico central. Además, el AyA le adjudicó licitaciones para la colocación de tuberías y obras para la protección de fuentes de abastecimiento.
Cuando ganó su primer contrato, la firma solo tenía nueve meses de haberse inscrito como proveedora en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde el Instituto y otras instituciones del Estado realizan sus compras de bienes y servicios.
El representante legal de Flu Vial, de apellidos López Cobo y de nacionalidad colombiana, es uno de los 27 detenidos por la Policía Judicial durante el desmantelamiento de la banda del Caso Azteca, operación que conllevó 37 allanamientos este martes.
De los 20 contratos, esta sociedad obtuvo 11 en solitario y nueve mediante un consorcio con otras empresas como Construcciones del Valle S. A. Esta última, según el OIJ, también fue usada por la presunta agrupación delictiva para obtener contratos de obras públicas.
Construcciones del Valle figura como contratista del AyA desde junio del 2020 y ha obtenido cuatro contratos por un total de ¢55,2 millones.
El AyA alegó que las contrataciones directas obedecieron a que eran de escasa cuantía, o bien, para atender situaciones imprevisibles como daños causados por la tormenta tropical Eta.
Flu Vial no figura como proveedora de otra institución pública; su vínculo se limita al AyA, donde 14 funcionarios de las oficinas del Pacífico Central son sospechosos de ayudar a la banda narco a ganar millonarias licitaciones y legitimar el dinero obtenido por la aparente venta de droga a nivel nacional e internacional.
Así lo detectó La Nación luego de analizar la participación de esa empresa en el Sicop y en la plataforma de compras públicas de la Contraloría General de la República (CGR).
En este enlace podrá ver más detalles de las 20 contrataciones.
La agrupación del denominado Caso Azteca, al parecer, era liderada por tres colombianos de apellidos Camelo, López y Montaño, así como un mexicano apellidado García.
Según el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, miembros de dos firmas constructoras que no identificó, establecieron contacto con personas del AyA y los reclutaron para que les ayudaran a cambio de dádivas.
A los aprehendidos se les atribuyen los presuntos delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción.
Pocos bienes
Flu Vial Construcciones e inversiones SRL reporta pocos bienes en el Registro Nacional y los que tiene fueron adquiridos en los últimos dos años.
En agosto del 2020, adquirió un automóvil marca Suzuki, modelo 2004, valorado en $17.500 (¢11,3 millones al tipo de cambio actual). Posteriormente, en febrero y marzo de este año, compró dos fincas en Puntarenas y una en Alajuela.
Esas fincas, en conjunto, tienen un valor fiscal de ¢192 millones y suman 93.492 metros cuadrados. Solo una de ellas, la más cara y ubicada en Puntarenas, tiene una hipoteca por ¢144 millones con el Banco Nacional.
Por último, en julio anterior, inscribió un pick-up, marca Mitsubishi, modelo 2014, valorado en ¢22 millones.
Contrataciones cantonales a revisión
Al trascender los allanamientos de este martes, se conoció que el grupo delincuencial se habría aprovechado de una figura del AyA que se conoce como “fondos de trabajo”, que se utilizan para obras de mantenimiento o atención de emergencias. Ante ello, la entidad anunció que, “de inmediato” se revisarán los procesos de contratación en oficinas cantonales, para “blindarlos”.
“Esos fondos de trabajo son instancias administrativas de contratación que tienen las oficinas regionales para contrataciones de escasa cuantía —por debajo de los ¢150 millones—, lo que permite que puedan operativizar el servicio, especialmente, cuando se enfrentan emergencias y la reacción debe ser inmediata”, explicó Natalie Montiel, subgerente de Sistemas Periféricos de AyA.
En este caso particular, los hechos investigados se concentran en oficinas de Puntarenas, Esparza, San Mateo y Quepos, donde se habrían dado contratos con dos firmas investigadas.
Tomás Martínez, presidente ejecutivo del Instituto, agregó que los hechos denunciados no se relacionan con más de 300 proyectos que ejecuta la entidad y que se financian con préstamos internacionales.
Agregó que le darán seguimiento a las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial; mientras que la gerente, Vanessa Castro, hizo un llamado a su personal para que mantenga el principio de “probidad” que debe imperar en la función pública.
Colaboró con esta información la periodista Eillyn Jiménez.
