EscucharTrece de los sospechosos de integrar a una banda narco que al parecer lavaba dinero a través de la obtención de licitaciones para obras públicas en la sede del Pacífico central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) podrían descontar prisión preventiva, si prosperan las peticiones planteadas por la Fiscalía en la audiencia de medidas cautelares que se desarrolla en el Juzgado Penal de San José desde este miércoles.
Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, se trata de tres funcionarios del AyA, quienes responden a los apellidos Arias Cordero, Acuña Rojas (mujer) y Araya Araya, así como el empleado del Banco Nacional apellidado Villalobos Zúñiga. Los particulares son los líderes del grupo dedicado al tráfico internacional de drogas, Camelo Méndez y García Jr., así como otros miembros que cumplían diversas funciones en la organización, de apellidos Montaño Mosquera, Segura Aguilar, López Cobo, Ávila Cortés, Guillén Sánchez, Fernández Vargas y Espinoza Carazo, las cuatro últimas mujeres.
Contra otros 12 detenidos el pasado martes, asociados con la investigación conocida como Caso Azteca, se solicitaron medidas cautelares distintas al encarcelamiento, luego de valorar los peligros y arraigos procesales de cada persona, así como los delitos que se les atribuyen. Un último capturado, de 83 años, apellidado Guillén Ulloa, quedó libre desde el martes, luego de su identificación, aunque continúa bajo investigación.
Además, dada la saturación en celdas del Poder Judicial, los 12 para los que se pidieron medidas alternas están libres desde ese mismo día, pero con un citatorio para que acudan a la audiencia que empezó desde el miércoles en el Primer Circuito Judicial de San José.
Entre los delitos que se investigan están tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
Los hechos
El Caso Azteca, que se sigue dentro del expediente 19–000129–0622–PE, investiga las operaciones de un grupo dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas que estaba asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país. “Presuntamente, la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.
“Para ello, se cree que funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AyA) facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal. En algunos casos, propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos y, a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago”, explicó el ente acusador del Estado.
Además, se presume que el grupo había reclutado al empleado bancario a fin de que los asesorara para insertar las ganancias ilícitas en el sistema financiero nacional sin levantar sospechas de blanqueo de capitales.
Desde el 2019 la organización habría ganado al menos 16 contrataciones para obras en el AyA que le permitieron legitimar ¢678 millones. Las detenciones de los 26 sospechosos se hicieron después de 37 allanamientos dirigidos por Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Investigación en el AyA
Paralelo a la audiencia de medidas cautelares, el AyA aseguró este jueves que revisa las contrataciones que realizó la institución con las dos compañías señaladas en el Caso Azteca: Construcciones del Valle y Flu Vial.
De las 20 contrataciones tramitadas en la Regional Pacífico del AyA y vinculadas a las empresas relacionadas en el proceso de investigación judicial, “solo dos de ellas se mantienen vigentes”, así lo confirmó un estudio efectuado por ese Instituto. El monto total de dichas contrataciones, realizadas entre 2019 y 2020, es de ¢953 millones.
Sobre el particular, tanto la Dirección Jurídica como la Proveeduría Institucional valoran las acciones a seguir con respecto a esas contrataciones. “El sistema de contrataciones es funcional, pero no es inmune a que, en apariencia y de forma premeditada, las personas generen acuerdos y suministren información sensible, según lo han dado a conocer las autoridades judiciales. Esto es una cuestión de ética, valores y deber de probidad de cada persona”, dijo la subgerente de Sistemas Periféricos, Natalie Montiel, en un comunicado.
Colaboró Vanessa Loaiza.
